El presidente del Gobierno regional, José Ignacio Ceniceros, ha afirmado hoy que La Rioja defenderá un nuevo sistema de financiación “basado en la equidad y la solidaridad para permitir que todos los ciudadanos en nuestro país, vivan donde vivan, puedan recibir los servicios públicos fundamentales con la misma calidad”.

Ceniceros ha realizado estas declaraciones tras el encuentro que ha mantenido esta mañana con Juan José Rubio, experto designado por La Rioja para representarla en el Comité de Expertos que ha elaborado el Informe para la reforma de la financiación autonómica encargado por el Gobierno de España.

Como ha explicado el presidente del Ejecutivo riojano, para La Rioja se trata de un asunto de “máxima prioridad”, tal y como lo hizo constar en la Conferencia de Presidentes celebrada en enero de este año y en el Parlamento de La Rioja, donde pidió a todos los grupos “colaboración y apoyo para la defensa conjunta de los intereses de nuestra Comunidad”.

José Ignacio Ceniceros ha insistido en que la reforma del sistema de financiación autonómica es “vital” para todas las comunidades autónomas, “ya que 8 de cada 10 euros que recibimos en el Gobierno de La Rioja nos llegan del sistema de financiación”. Además, ha señalado que se trata de “una cuestión compleja, que debe articularse con políticas económicas que generen estabilidad, actividad y empleo, que es lo que verdaderamente sostiene nuestro Estado de Bienestar”.

En este sentido, ha indicado que “La Rioja ha mantenido una postura basada en el diálogo y la disposición al acuerdo, pero teniendo siempre muy clara la defensa de nuestros intereses”. En concreto, ha detallado que el Ejecutivo regional defiende un sistema “más transparente y justo, con más recursos que el actual y que compense los desequilibrios que repercuten en nuestra comunidad, como el déficit en infraestructuras o el efecto frontera y que tenga en cuenta los costes de la prestación de los servicios básicos”.

Además, ha recalcado que las medidas que puedan aprobarse en el proceso de negociación del nuevo sistema no deben repercutir “negativamente” en los intereses de La Rioja que, según ha subrayado, debería ser compensada “debidamente ante una eventual quita de duda regional”, dado que está realizando un importante esfuerzo de consolidación fiscal y cumpliendo los requisitos de déficit, deuda y regla de gasto.

Asimismo, en relación a la necesidad de armonizar los impuestos que indica el informe de los expertos, José Ignacio Ceniceros ha recordado que La Rioja es una de las comunidades donde menos impuestos se pagan “gracias a políticas económicas que están teniendo efectos positivos en nuestra tierra” y ha afirmado: “No aceptaremos medidas que supongan la subida de impuestos a los riojanos”.

En definitiva, según ha indicado, La Rioja reclama “un sistema basado en la solidaridad, que sea eficaz y sostenible para que aporte la suficiencia financiera que requiere nuestra estructura de servicios públicos, ahora y en el futuro”.

Finalmente, el presidente del Gobierno de La Rioja apela “a dejar a un lado el partidismo y a trabajar con altura de miras para lograr un consenso necesario y urgente” y ha agradecido a Juan José Rubio su trabajo para sintetizar las reivindicaciones riojanas, algunas de las cuales aparecen recogidas en el Informe final, como el cálculo de los costes fijos de los servicios.

Principales conclusiones del Informe del Comité de Expertos

El Comité de Expertos defiende que la financiación total de las competencias de las Comunidades Autónomas se determine en función de sus necesidades reales de gasto y su capacidad fiscal. Esta financiación se canalizaría a través de un sistema de fondos más sencillo y transparente, a partir de tres mecanismos: el Fondo Básico de Financiación, el Fondo de Nivelación Vertical y un Fondo Complementario.

Para determinar las necesidades de gasto, el Comité propone mantener la actual fórmula de necesidades de gasto/población, pero incluyendo variables como la extensión del territorio, la dispersión de la población y los costes fijos en la prestación de los servicios, como defiende el Gobierno de La Rioja.

Una de las cuestiones que más discrepancias ha generado entre los expertos ha sido la eliminación del status quo, principio según el cual ninguna comunidad puede perder recursos frente al anterior sistema. En este sentido, el Gobierno de La Rioja ha mostrado su oposición frontal a su eliminación, para lo que ha emitido un voto particular junto con otras cuatro comunidades (Extremadura, Cantabria, Aragón y Castilla y León) y uno de los expertos del Estado en defensa del mantenimiento de esta cláusula. A ellos se ha unido fuera del informe Asturias.

El informe de los expertos propone, por otro lado, ampliar la corresponsabilidad fiscal de las comunidades respecto al Estado, para lo que plantea la creación de un tramo autonómico del IVA y los Impuestos Especiales (IIEE) sobre el que las comunidades tendrían capacidad normativa de forma colegiada. Además, han incluido una serie de propuestas encaminadas a establecer una mayor armonización fiscal de los Impuestos de Sucesiones y Donaciones y de Patrimonio.

Por otro lado, proponen una revisión del cálculo del cupo de los regímenes forales, así como la participación del País Vasco y Navarra en los mecanismos de solidaridad.

Finalmente, sobre la posibilidad de aprobar una quita a la deuda autonómica, el Comité ha defendido que cualquier medida de condonación de la deuda de las comunidades autónomas debe fijarse con criterios objetivos y proporcionales, que no beneficien más a una regiones que a otras, y que tenga en cuenta el esfuerzo de aquellas Comunidades que como La Rioja están cumpliendo con los objetivos de consolidación fiscal, de modo que no se vean perjudicadas.