Deudas empresariales con graves consecuencias

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El escenario económico nacional e internacional se encuentra actualmente signado por altas y bajas constantes en los mercados financieros. Esta crisis económica mundial repercute inevitablemente en empresas que carecen de suficiente solidez y músculo financiero y, como consecuencia enfrentan procedimientos judiciales de concurso. En los últimos años, se ha producido un fuerte aumento de los concursos empresariales, pero actualmente esta tendencia está sufriendo un leve revés dado los efectos de una incipiente recuperación económica en el país.

Dada esta situación, la Ley Concursal se ha visto sometida a modificaciones en diversas ocasiones, con la intención de adaptarla a esta irregular realidad económica para evitar la liquidación de empresas que representan todo el patrimonio de muchas familias y, además, pueden seguir contribuyendo con el crecimiento económico del país, a no ser que sea muy grave su situación.

Procedimiento legal en caso de insolvencia por parte de empresas

El procedimiento judicial regulado por el derecho concursal tiene lugar cuando una persona natural o jurídica se conoce como concurso de acreedores y deviene en una situación de insolvencia en la cual  puede hacer frente a la totalidad de los pagos que adeuda.  Este concurso abarca, tanto las situaciones de quiebra como las de suspensión de pagos.

Cuando el fallido o deudor se encuentra declarado judicialmente en concurso, se realiza un procedimiento concursal que consiste en examinar si el deudor puede atender parte de la deuda pendiente con su patrimonio. Mediante el sistema de concurso de acreedores, el ordenamiento jurídico establece un sistema mediante el cual se procede a realizar el reparto de bienes del deudor entre todos sus acreedores.

Dentro de las condiciones necesarias que impone la ley para que se proceda a la declaración de apertura del concurso,  se apela al presupuesto objetivo de la insolvencia. Es decir, se declara un estado en que el deudor no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles, esta incapacidad de cumplimiento puede deberse tanto a una insuficiencia de patrimonio como a un estado de liquidez.

Opción legal para evitar llegar al concurso

La ley concursal cuenta con un figura previa al concurso de acreedores  que se conoce como preconcurso acreedores, la cual se desarrolla en tres etapas:

  1. El deudor tiene 3 meses para negociar y 1 mes para pedir el concurso.
  2. La actividad normal de la empresa continúa y los órganos de administración siguen intactos.
  3. El deudor puede pedir el carácter reservado de la negociación y no se publicará.

Una empresa en insolvencia puede poner en conocimiento del juzgado que ha iniciado negociaciones con sus acreedores para alcanzar un acuerdo de refinanciación. Esta comunica al juzgado de la situación de insolvencia y negociación de posibilidades con la compañía de lograr un convenio, en última instancia, puede evitar el concurso.

En otros casos se pide el preconcurso para lograr una propuesta anticipada de convenio y así agilizar el procedimiento concursal en caso de producirse.

La ley no contempla que un acreedor pueda pedir el concurso durante el periodo de negociaciones pero, si se indica que desde la presentación de la comunicación  no podrán iniciarse ejecuciones extrajudiciales de bienes o derechos que resulten necesarios para la continuidad de la actividad profesional.

Como acto de comprensión hacia el deudor, según la Ley concursal,  la información que durante ese periodo se publique será recogida que el Secretario Judicial, el cual ordenará la publicación en el Registro Público concursal del extracto de la resolución por la que deje constancia de la comunicación presentada.

El concurso de acreedores es una práctica jurídica indeseable para cualquier empresa, dado que además que se afectan propiedad y patrimonio familiar, los trabajadores también salen afectados dado las medidas judiciales que se llegan a tomar ya que se pone en riesgo su puesto de trabajo.  Por lo tanto, un empresario cuya empresa se encuentra en un estado de inminente insolvencia necesita estar muy bien asesorado jurídicamente a la hora de iniciar el correspondiente procedimiento concursal, el cual puede conllevar graves consecuencias, no sólo para la propia empresa, sino también para el propio empresario-administrador.

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