La CNMC multa con 143.000 euros a la Real Sociedad Canina de España por abuso de posición y esta asegura cumplir la ley

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado a la Real Sociedad Canina de España (RSCE) con 142.996 euros al considerar que ha obstaculizado la actividad de otras asociaciones caninas y por discriminar a jueces en competiciones, un supuesto que la entidad sancionada niega y ha anunciado a Europa Press su intención de recurrir la decisión.

Para la CNMC, la citada asociación ha abusado de su posición de dominio para dificultar la entrada de otras organizaciones, habilitadas por la legislación, para participar en varios mercados. Así, afirma que la RSCE ha impuesto restricciones a los titulares de perros de otras asociaciones para acceder al mercado internacional como en las restricciones impuestas a sus jueces para participar en exposiciones de otras organizaciones.

Tales hechos supondrían un abuso de posición de dominio de acuerdo con el artículo 2 de la Ley de Defensa de la Competencia y el artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, por lo que la CNMC ha impuesto una multa de 142.996 euros.

La investigación de la entidad reguladora comenzó en octubre de 2020 después de una denuncia por posibles prácticas anticompetivas interpuesta por el Real Club Español de Perro Pastor Alemán, a la que se unieron el Kennel Club España, la Asociación Nacional de Criadores Caninos y Multiformación, y la Real Federación Española de Caza.

La CNMC expone en un comunicado que en España para que un perro sea considerado de pura raza es necesario que disponga de un certificado de pedigrí. Este certificado lo puede emitir cualquier asociación canina reconocida oficialmente, previa inscripción del animal en su registro genealógico, dado que el mercado de certificación de perros de raza se liberalizó en España en 2001 por el Real Decreto 558/2001.

Pero en realidad, sólo la RSCE está habilitada para emitir certificados de exportación reconocidos internacionalmente que es imprescindible para exportar un perro y que este pueda ser inscrito como perro de caza en el país de destino. En la actualidad, la RSCE es la única asociación cuyos certificados están reconocidos internacionalmente por la Fédération Cynologique Internationale (FCI).

En cuanto a la acusación a la entidad canina por limitar el ejercicio de los jueces, la CNMC argumenta que tanto los miembros de la FCI como la RSCE habilitan jueces para participar en concursos y exposiciones que permiten a los perros acceder a categorías que les confieren mayor valor.

Los resultados de estas actividades pueden incrementar el valor de los perros cuando consiguen premios que inscriben en su palmarés. Esto, a su vez, se refleja en los precios de compraventa de perros de raza en España y en el extranjero. A ese respecto, para la CNMC las limitaciones a sus jueces para participar en exposiciones de asociaciones competidoras impactan de forma potencial en la entrada de estas al mercado que se ha considerado parte del abuso.

En concreto, la CNMC asegura que ha acreditado que la RSCE ha infringido la normativa por imponer a los titulares de perros de raza inscritos en otras asociaciones, para poder disponer de un certificado de exportación de la RSCE, su baja de los registros de otras asociaciones competidoras y la inscripción en el registro de la RSCE, con el pago de las tasas correspondientes.

Por otro lado, afirma que existe discriminación tarifaria y borrado del historial y palmarés de los perros en su registro procedentes de otras asociaciones, frente a aquellos frente a aquellos perros inscritos originariamente en el registro de la RSCE. A los perros que son cambiados de registro, se les eliminan los datos de sus ancestros en el libro de la RSCE, lo que genera un relevante impacto en su valoración y además, afirma que se cobran precios distintos por el registro de perros en función de si se inscriben por primera vez o si provienen de registros de otras asociaciones caninas competidoras, sin que exista justificación para ello.

La CNMC asegura que la RSCE ha perseguido, prohibido y sancionado a jueces caninos formados y habilitados por la RSCE (y a otros jueces formados y habilitados por otras asociaciones caninas extranjeras miembros de la FCI) cuando han pretendido arbitrar o han arbitrado en eventos organizados por otras organizaciones caninas competidoras nacionales.

A su juicio, estas conductas han ralentizado la expansión de las organizaciones caninas nacionales con libros de perros de raza propios y han mermado sus ingresos, al reducir la demanda de los certificados de raza pura solicitados a las asociaciones competidoras e incrementar los ingresos de la RSCE.

Asimismo, acusa a la RSCE de obstaculizar el desarrollo de las exhibiciones, competiciones y eventos caninos organizados por las asociaciones caninas competidoras y ha reducido el número de jueces caninos disponibles en el mercado.

RSCE RECURRIRÁ HECHOS «TERGIVERSADOS»

Sin embargo, el presidente de la RSCE, José Miguel Doval, ha señalado a Europa Press que la entidad está dando los pasos y cumpliendo los trámites para recurrir la multa y defenderse de los términos de una resolución con la que no están de acuerdo con los hechos «tergiversados y tendenciosos» que recoge. «Intentaremos, con el recurso, dar respuesta a lo que dice la CNMC», ha garantizado.

Se trata, según explica, de un asunto que arranca con la anterior equipo directivo pero que Doval tiene intención de defender los intereses de la asociación centenaria y tratar «con transparencia» hacia los socios unos hechos denunciados relativos al periodo 2011-2020.

Respecto a los hechos sancionados, afirma que el Real Decreto 558/2021 regula el funcionamiento de las asociaciones de perros de raza y establece el sistema de registro único, de modo que la RSCE «ha cumplido la ley que dice que un perro no puede estar inscrito en dos registros caninos distintos», es decir, que un mismo can no puede figurar en dos libros genealógicos al mismo tiempo. «No nos lo inventamos, lo recoge la ley», defiende.

Igualmente, niega que la RSCE tenga la ‘exclusiva’ de emitir certificados de pedigrí a nivel internacional y expone que, si bien la RSCE está inscrita en una asociación internacional (la mayoritaria) que reconoce los certificados de los perros de la propia asociación, existen otras entidades internacionales con la misma capacidad de hacerlo.

Finalmente, en cuanto a la «obstaculización» del trabajo de los jueces, Doval argumenta que los jueces caninos están formados por la RSCE y, en ese sentido no actúan de manera independiente sino en exposiciones y actividades organizadas por la propia asociación. No obstante, añade que en la actualidad, estos pueden ejercer como árbitros en otras competiciones ajenas a la RSCE pero «no en el nombre» de esta de modo que cuando algún juez ha actuado de forma contraria al reglamento, este ha sido aplicado.

Sé el primero en comentar

Deja un comentario

Tu dirección de correo no será publicada.


*


Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.