La Rioja cumple con los objetivos de déficit, deuda y regla de gasto en 2016

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El Gobierno implanta en su gestión aquellas recomendaciones que comparte con el Tribunal de Cuentas en su informe de 2016

El Gobierno de La Rioja ha implantado ya en su gestión aquellas recomendaciones que comparte con el Tribunal de Cuentas en su Informe Anual de Fiscalización de la Comunidad Autónoma correspondiente al ejercicio 2016.

Este informe es una actuación de carácter ordinario y permanente en el tiempo, que refuerza la transparencia y la propia rendición de cuentas al conjunto de la sociedad, al tiempo que contribuye a mejorar la gestión aportando una evaluación crítica de la misma.

Para el ejercicio 2016, el Tribunal de Cuentas realiza un total de 20 recomendaciones, de las cuales el Gobierno de La Rioja ha cumplido ya o está implementando la mayoría de ellas, principalmente aquellas dirigidas a mejorar la planificación, la ejecución presupuestaria y la transparencia.

Así, el propio informe reconoce los avances en materia de planificación presupuestaria mediante la mejora de los mecanismos de coordinación entre los órganos de control y presupuestación, así como de los procedimientos de tesorería.

Además, el Tribunal de Cuentas pone de manifiesto el desarrollo de la herramienta informática GESCOT, que ha permitido mejorar la eficacia en la gestión sanitaria y facilita el cálculo de costes y reconoce los avances producidos con la puesta en marcha, por parte de la consejería de Salud, del Visor de lista de espera, que ofrece información a los usuarios sobre los tiempos de espera en asistencia sanitaria.

Por otro lado, el Gobierno de La Rioja ha asumido la recomendación relacionada con la mejora en la gestión de los ingresos de la CAR, mediante la digitalización de los programas informáticos en la Dirección General de Tributos para mejorar la recaudación ejecutiva y de los saldos de dudoso cobro.

Asimismo, el informe hace referencia a la aprobación de la Ley de Cuentas Abiertas, que ha supuesto una mejora de la información suministrada sobre tesorería y el estado de los ingresos y gastos y pone de relieve la puesta en marcha de un nuevo sistema informático para la gestión del inventario de la CAR.

No obstante, de la misma manera que el Ejecutivo regional tiene en cuenta las recomendaciones que se apuntan en el informe, no siempre se comparte la opinión de los auditores del Tribunal de Cuentas, por lo que las alegaciones que el Gobierno de La Rioja ha presentado también suponen una parte esencial del informe.

De esta forma, el Gobierno de La Rioja no comparte algunas de las recomendaciones como la que hace referencia a la composición del sector público riojano, puesto que tiene la dimensión adecuada y ajustada a sus necesidades; además, considera que no existe ninguna contradicción entre la configuración de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja como entidad pública y la actividad administrativa que desarrollo. Por otro lado, el Ejecutivo regional cumple con los plazos de presentación de sus cuentas al Tribunal de Cuentas, por lo que no ve necesario adelantar el plazo a 30 junio.

Estabilidad presupuestaria

El Tribunal de Cuentas destaca en su informe que La Rioja cumplió con los objetivos de déficit, deuda y regla de gasto, lo que refleja el compromiso de La Rioja con los objetivos de estabilidad presupuestaria, ya que para el Gobierno regional es el camino para conseguir el crecimiento económico, la generación de empleo, y con ello, la sostenibilidad de los servicios públicos.

En este sentido, el informe valora de forma positiva la situación de la lista de espera quirúrgica en La Rioja, que es “significativamente mejor que la media nacional”, ya que en La Rioja la media de días de espera era de 51 días mientras que en España era de 92 días”.

Además, el informe resalta el incremento producido en el gasto total en educación en los ejercicio 2015 y 2016, que fue del 5% y 4%, respectivamente; y destaca que el gasto por alumno en los centros públicos de educación no universitaria fue de 5.863 euros (dato de 2015) frente a los 5.436 euros de media en España.

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