La Rioja interpone un recurso contra la Ley de protección de los animales ante el Tribunal Constitucional

Ceniceros advierte de que» estamos cumpliendo nuestra obligación, porque la Ley tiene serios problemas de inconstitucionalidad»

El presidente del Gobierno de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, ha presentado hoy el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de protección de los animales en la Comunidad Autónoma de La Rioja que el Ejecutivo regional ha interpuesto ante el Tribunal Constitucional en Madrid.

La decisión ya fue anunciada por el jefe del Gobierno de La Rioja durante la última sesión parlamentaria, celebrada el 14 de febrero, y al día siguiente, el Consejo de Gobierno acordó la interposición del citado recurso y encomendó la representación y defensa del Gobierno regional a la Dirección General de los Servicios Jurídicos.

José Ignacio Ceniceros ha recordado que el recurso está justificado porque “esta Ley tiene unos problemas muy serios de inconstitucionalidad y el Gobierno de La Rioja tiene encomendada la defensa de la legalidad”. En este sentido, ha reiterado que el Ejecutivo regional “está cumpliendo con su obligación, porque si no recurriéramos estaríamos poniendo a la Administración pública riojana en la tesitura de cumplir unas órdenes que son inconstitucionales”.

El recurso de inconstitucionalidad se refiere expresamente a los artículos 6, 7, 10, 12, 30, 35, 39, 42, 43, 44, 45, 47, 54, y 55, que tienen relación con el sacrificio de los animales, actuaciones de inspección y registro, así como la venta, donación y cesión de animales. Además, se suman discrepancias en materia del régimen de infracciones.

José Ignacio Ceniceros ha argumentado que la Ley de protección de los animales es un “despropósito que invade competencias estatales y contraviene diversas normas básicas dictadas por el Estado”. Del mismo modo, ha explicado que de tenerse que aplicar causaría muchos problemas y perjuicios a colectivos como los veterinarios, los ganaderos, los agricultores o los criadores de animales.

Por este motivo, ha reclamado al Gobierno de España, que también ha cuestionado la constitucionalidad de algunos artículos de la norma, que se sume a esta petición porque es la única forma de paralizar la aplicación de esta ley hasta el pronunciamiento del Tribunal Constitucional.

El jefe del Ejecutivo regional ha abogado por una “reforma legal que suponga un marco normativo que respete a los animales, pero sin imponer una obligaciones desmesuradas para ayuntamientos, veterinarios y ciudadanos”.

En este sentido, ha recordado que esta Ley se aprobó en el Parlamento de La Rioja con el apoyo de los Grupos Parlamentarios Socialista, Podemos, Cs y el voto en contra del Grupo Popular. Y ha precisado que, aunque el Gobierno de La Rioja “respeta en sus objetivos” la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de protección de los animales que permitió aprobar dicha ley, “no ha compartido los medios para sacarla adelante”. 

Por ello, ha resaltado que “para cambiar las cosas no solo se requiere voluntad política, también se precisa responsabilidad y sentido común” y ha considerado que la Ley de protección de los animales “carece” de sentido común

Aspectos cuestionables

El Gobierno regional considera que con la nueva regulación “se imponen sanciones administrativas para infracciones como el maltrato animal que ya son delitos según el Código Penal”.

Asimismo, las obligaciones establecidas para llevar a cabo el sacrificio de animalesdeterminando qué profesional es el habilitado para hacerlo y cuáles son los espacios en los que tiene que llevarse a cabo, “son contrarias a la normativa estatal que prescinde de la autorización de la administración competente”. Del mismo modo, la obligatoriedad de inscribir todos los animales en un libro de registro oficial “impone obligaciones adicionales que no son necesarias y que vulneran la garantía de la unidad de mercado”, tal y como interpreta el Gobierno regional.

Por otro lado, en relación con la compra y venta de animales, el Gobierno de La Rioja considera que la Ley autonómica “se excede en obligaciones para los titulares de los animales no exigidas por la normativa estatal y que son contrarias a las propias normas de La Rioja, y asimismo impone gravámenes contrarios a la Ley de Unidad de Mercado y a la Directiva de Servicios”.

El Ejecutivo riojano también entiende que no prever la necesidad de autorización judicial durante el ejercicio de las labores de inspección para la entrada en el domicilio de las personas, “vulnera el artículo 18 de la Constitución que garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen”.

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