ONG de discapacidad rechazan el trato del vicepresidente de Castilla y León de Vox hacia una procuradora de las Cortes

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El movimiento social de la discapacidad ha lamentado y rechazado el trato que el vicepresidente de Castilla y León, el representante de Vox Juan García-Gallardo, ha tenido hacia una procuradora socialista con discapacidad, Noelia Frutos, y ha tachado sus declaraciones de «infames».

Desde el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha emplazado al ‘número dos’ de Alfonso Fernández Mañueco a «rectificar de inmediato» sus declaraciones que, a su juicio, «suponen una afrenta lacerante a todas las personas con discapacidad».

En concreto, García-Gallardo respondió a la procuradora, usuaria de silla de ruedas, asegurando que no la iba a «tratar con ninguna condescendencia» y que le iba a responder «como si fuera una persona como todas las demás».

«La cultura política de una región y de un país no pueden edificarse sobre la ofensa y la desconsideración grosera de una parte de la ciudadanía, como son las personas con discapacidad, de las que parece dudarse de su estatuto como seres humanos dignos y valiosos, situándolas en zonas de sombra en las que solo existe el desprecio y el rechazo» ha subrayado el CERMI.

En este sentido, señalan que lo que la sociedad espera de los poderes públicos y de sus responsables es «conciencia, compromiso y acción decidida para realizar efectivamente los derechos humanos de las personas con discapacidad» y «no palabras y conductas despreciativas que las vilipendian y pretenden negarles su valor y dignidad inherentes».

«TRATO VEJATORIO»

De forma similar se ha expresado la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), que ve «intolerables» y una «falta de respeto» las declaraciones de García-Gallardo. El presidente de la entidad, Anxo Queiruga, ha tachado también el comportamiento del vicepresidente regional de «trato vejatorio» y de «discriminación a un representante público» del colectivo de la discapacidad.

A su juicio, «esta respuesta demuestra el profundo desconocimiento de un representante público sobre la discapacidad y el largo camino que queda por recorrer en términos de inclusión y trato adecuado hacia las personas con discapacidad».

«Reclamamos un trato en igualdad de condiciones, sobre todo viniendo de personas que tienen un cargo público de responsabilidad como es la vicepresidencia de una comunidad autónoma de quien se espera tener la suficiente formación y educación como para que estas situaciones, de ninguna manera, vuelvan a producirse», ha apuntado Queiruga.

Y, al respecto, la entidad anima a toda la ciudadanía, y especialmente a los representantes políticos, a consultar el Manual de Lenguaje Inclusivo de COCEMFE para saber «cómo utilizar un lenguaje correcto, respetuoso y consensuado para referirse a las personas con discapacidad física y orgánica, así como sus publicaciones sobre mujer e igualdad, que permiten profundizar en la realidad de las mujeres con discapacidad».

MUJER Y DISCAPACIDAD

Precisamente a la situación de las mujeres de este colectivo se ha referido la Confederación Estatal de Mujeres con Discapacidad (CEMUDIS), que han denunciado otra de las declaraciones del vicepresidente de Castilla y León –y detonante de la cuestión planteada por la procuradora Noelia Frutos– en las que aseguró que «las mujeres no necesitan que se les trate como discapacitadas».

Para esta entidad, los comentarios de García-Gallardo pone de «manifiesto la realidad de su pensamiento» y «de un sector de la sociedad» que se fija «solo en la discapacidad», en este caso de la procuradora, «dejando bien claro que no la considera una persona» y «pareciendo que le hiciera un favor por tratarla con el mínimo respeto que merece cualquiera».

Del mismo modo, advierten que estas palabras tramiten que «a las mujeres con discapacidad» se les ha de tratar «de forma diferente», como si su «infantilización debiera ser la norma, o mereciera un premio por no tratarla con condescendencia».

Al igual que el resto de entidades, para esta organización oir unas palabras así en espacios públicos es «grave» y a ellas, a su juicio, hay que sumar el «perjuicio que suponen para una población que vive violencias múltiples e interseccionales diariamente».

«Las denuncias por delitos de odio hacia personas con discapacidad aumentaron un 69,2% en 2020», ha advertido CEMUDIS, quien ha advertido de que, si se permite que «esta serie de comentarios queden impunes desde espacios democráticos» se estará «faltando a un principio básico de toda democracia que se precie» y que es «la garantía de los derechos fundamentales y de la no discriminación de cualquier persona».

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