La Guardia Civil, en el marco de la Operación de Alto Impacto CERES 2.0. (denominada específicamente "New Moon-Ceres"), ha desarticulado una organización criminal altamente especializada en el robo de mercancías en el interior de vehículos pesados. Un total de diez hombres han sido detenidos como presuntos autores de once robos con fuerza cometidos entre los meses de febrero y mayo en las provincias de Cáceres, Cuenca, Huesca, Toledo y Murcia. El valor total de los efectos sustraídos por la red asciende a 481.000 euros, destacando un asalto en la AP-36 a la altura de Quintanar de la Orden (Toledo) donde se hicieron con tabaco valorado en 400.000 euros.

Los arrestados, que cuentan con un amplio historial delictivo por delitos contra el patrimonio y las personas, adoptaban severas medidas de seguridad para eludir la acción de la justicia. Sus integrantes no permanecían más de dos semanas en el mismo país, recorriendo varios estados de la Unión Europea como Francia, Reino Unido, Italia y Alemania, donde contaban con una infraestructura estable. Además, empleaban identidades y documentación falsa para alojarse en viviendas de alquiler.

Cómo funciona el método del surfero en los robos de mercancías en carretera

La sofisticación del grupo se basaba en la ejecución del conocido como "método del surfero", para el cual utilizaban vehículos específicamente modificados. En primer lugar, la banda empleaba dos turismos de gran cilindrada para realizar labores de vigilancia y ralentizar la circulación, aislando por completo al camión objetivo.

Posteriormente, aprovechando un cambio de rasante en el que el vehículo pesado disminuía su velocidad, aproximaban un camión modificado cuya caja había sido cortada en la parte delantera. Esto permitía a un asaltante salir al capó, aproximarse a la parte trasera del objetivo y, mediante una sierra radial o herramienta similar, forzar las cerraduras de seguridad en pleno movimiento. Una vez dentro de la carga, el delincuente seleccionaba las mercancías y las lanzaba al vehículo modificado, logrando que los conductores no se percataran de la sustracción hasta llegar a su destino.

Detención de la banda criminal en Cox y recuperación de efectos robados

La fase final de la investigación se desencadenó el pasado 13 de junio, cuando la Guardia Civil detectó la entrada de varios miembros de la red en España, estableciendo su base operativa en una vivienda de alquiler en la localidad de Cox (Alicante). Durante la madrugada del 17 de junio, la organización ejecutó su último golpe en la autovía A-7 en dirección Madrid, sustrayendo 16 televisores de plasma valorados en 12.800 euros.

Al día siguiente, el 18 de junio, las fuerzas de seguridad registraron el inmueble de Cox, procediendo a la detención de los diez implicados, uno de los cuales sumaba una Orden Europea de Detención emitida por las autoridades de Rumanía y Austria. En el registro se intervinieron una furgoneta y un camión modificados para los asaltos, sistemas de comunicación por radio, herramientas especializadas, matrículas de diversos países y la totalidad de los televisores robados. El Tribunal de 1ª Instancia número 2 de Orihuela ha decretado el ingreso en prisión de los detenidos.

La operación ha contado con la colaboración del Ministerio del Interior de Rumanía, Europol, el Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) nº 3 de Valencia y la Unidad Técnica de Policía Judicial de la Guardia Civil.

Una operación conjunta entre agentes de la Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra ha permitido desarticular una organización delictiva presuntamente implicada en dos robos violentos con armas de fuego y cinco asaltos en domicilios de Cataluña. Los integrantes del grupo criminal, la mayoría asentados en la provincia de Barcelona, utilizaban una alta violencia y llegaron a maniatar a sus víctimas con bridas para consumar los robos.

Robos con violencia en Castellón y Osor con el uso de armas de fuego

La investigación policial se inició a raíz de un robo con violencia e intimidación cometido en una empresa de recaudación de máquinas recreativas en Castellón de la Plana. Los autores realizaron un butrón de madrugada y permanecieron ocultos hasta la mañana, cuando amenazaron a una empleada con un arma de fuego y la amordazaron para sustraer la recaudación.

Posteriormente, los agentes comprobaron la implicación del entramado en otro asalto especialmente violento perpetrado el 29 de septiembre de 2025 en una vivienda de Osor (Girona). En este caso, cuatro individuos encapuchados entraron al inmueble mientras los moradores dormían, atándolos y amenazándolos con armas y un cuchillo para desvalijar la caja fuerte.

Operación policial contra el crimen organizado y registros en Cataluña

El avance de las pesquisas permitió vincular a los sospechosos con otros cinco robos con fuerza cometidos en casas habitadas de las localidades barcelonesas de Sant Sadurní d’Anoia, Olesa de Montserrat, Caldes de Montbui, Sant Fruitós de Bages y Monistrol de Montserrat, esta última el pasado mes de enero. La red presentaba una estructura organizada con reparto de tareas de vigilancia, logística y asalto en zonas de alto poder adquisitivo.

La fase de explotación del caso conllevó la realización de siete registros en Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat y Girona. En los inmuebles se intervinieron dos armas de fuego simuladas, 16 relojes de alta gama, joyas, sustancia estupefaciente (cocaína y marihuana) y simbología vinculada a la banda de los Trinitarios en el domicilio del considerado líder. Los siete detenidos pasaron a disposición judicial por los delitos de pertenencia a grupo criminal, robos con violencia, robos con fuerza y tráfico de drogas, decretándose el ingreso en prisión para dos de ellos.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres integrantes de un grupo criminal especializado en robos con fuerza en establecimientos, principalmente joyerías, presuntamente implicados en el asalto a un local de Huelva donde fueron sustraídas piezas valoradas en casi 6.000.000 de euros. Los arrestados, asentados en la Comunidad de Madrid, han ingresado en prisión por orden judicial.

Los hechos delictivos investigados tuvieron lugar el pasado 22 de febrero en la capital onubense. El grupo, compuesto por varias personas, cometió el robo con fuerza mediante el método del alunizaje. Para acceder al interior del establecimiento, los asaltantes forzaron los accesos utilizando una herramienta tipo pinza de separación hidráulica industrial. Una vez dentro, fracturaron los expositores con picos y mazas para apoderarse de numerosas piezas de gran valor. En el golpe emplearon dos vehículos de alta gama sustraídos, que sirvieron tanto para perpetrar el asalto como para facilitar la huida.

Investigación de robos con fuerza en joyerías de Madrid y Huelva

El desarrollo de la investigación y la coordinación policial permitieron descubrir que uno de los vehículos empleados en Huelva fue utilizado posteriormente en dos robos cometidos sobre un mismo almacén de joyería al por mayor ubicado en la ciudad de Madrid. En estos nuevos asaltos, los autores emplearon nuevamente la misma pinza de separación hidráulica, un instrumental de elevado coste económico y cuya adquisición está restringida en los canales convencionales de venta.

Los investigadores consideran que el uso de este tipo de herramientas industriales, sumado a su capacidad para neutralizar sistemas de alarma avanzados y la utilización de coches robados con las placas de matrícula modificadas (dobladas o robadas), evidencia el elevado grado de profesionalización y especialización de la banda.

Operación policial contra bandas de aluniceros y delincuencia especializada

Las pesquisas policiales concluyeron con la identificación y detención de tres varones. A los arrestados se les imputan tres robos con fuerza, dos hurtos y robo de uso de vehículo, un hurto y dos delitos de falsedad documental.

La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión de los tres detenidos. Por su parte, la Policía Nacional mantiene la investigación abierta con el objetivo de determinar la posible participación de otros miembros del grupo criminal, así como su implicación en hechos delictivos de características similares cometidos en distintos puntos del territorio nacional.

El calor sofocante no da respiro en el arranque del verano. Apenas una semana después de que finalizara el primer episodio extremo de la temporada, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido este viernes un aviso especial ante la llegada inminente de la segunda ola de calor del año en España. Según las previsiones oficiales, esta situación de riesgo se extenderá, como mínimo, desde el domingo 3 hasta el martes 7 de julio.

El fenómeno está provocado por una masa seca y muy cálida que ya se encuentra afectando al sur peninsular. En los próximos días, esta masa de aire irá ascendiendo de latitud y extendiendo el calor a todo el oeste de Europa, consolidando un escenario de temperaturas inusualmente elevadas para la época.

Previsiones en los valles del Ebro y Guadalquivir con noches tropicales

Las estimaciones meteorológicas indican que se volverán a superar los 40 °C en los principales valles de la geografía española, afectando directamente a las cuencas del Guadalquivir, Guadiana, Tajo, Miño o Ebro. El incremento de los termómetros se dejará sentir de forma muy acusada en diversas capitales españolas. Por ejemplo, Zaragoza pasará de los 31 °C registrados el jueves a rebasar los 40 °C a inicios de la próxima semana.

Las noches también serán especialmente complicadas para el descanso de la población, ya que se esperan mínimas que no bajarán de 25 °C, lo que generará un ambiente nocturno extremadamente cálido en amplias zonas del país.

Subida térmica en el norte peninsular y registros prolongados en Andalucía

Los expertos piden tener muy en cuenta la brusca subida térmica que se espera de forma inmediata en las comunidades de Galicia y País Vasco. Un claro ejemplo de esta evolución se vivirá en la ciudad de Ourense, donde el ascenso térmico irá desde los 35 °C del pasado jueves hasta alcanzar una máxima de 42 °C el domingo.

Paralelamente, la persistencia del calor extremo será el factor más destacado en el sur peninsular. Localidades andaluzas como Sevilla y Córdoba pueden superar los 40 °C durante más de 10 días consecutivos, prolongando una situación de estrés térmico severo durante toda la primera semana de julio.

Vito Quiles, comunicador y agitador ultra convertido en símbolo de confrontación contra el Gobierno de Pedro Sánchez, ha anunciado que no piensa entregarse a la Justicia pese a la orden de búsqueda y captura dictada por un juez español. En declaraciones al diario El Mundo, Quiles sostiene que “no voy a entregarme ni a exponerme a ser detenido, como quiere el Gobierno, hasta nuevo aviso”, insistiendo en que el Ejecutivo de Sánchez le quiere “preso” y denunciando lo que califica como una “cacería judicial” contra su persona.

Según relata al citado periódico, Quiles afirma haber recibido “el apoyo expreso” del presidente de Argentina, Javier Milei, que le habría ofrecido protección diplomática si su situación se agrava. “He recibido el respaldo de Milei y su ofrecimiento para resguardarme en la embajada argentina en España si viera que la situación se agrava”, declara al diario, utilizando ese apoyo internacional como parte de su relato de víctima de persecución política. La mención a la embajada argentina le sirve para elevar el conflicto al plano exterior y presentarse como comunicador perseguido al que un líder extranjero tiende la mano frente a un Gobierno que, según su discurso, estaría actuando contra la libertad de expresión.

No me voy a entregar al gobierno de Sánchez. Fin. pic.twitter.com/Jzmkw8Godp

— Vito Quiles ?? (@vitoquiles) July 1, 2026

Detrás de esa narrativa, sin embargo, se encuentra una situación judicial compleja: Quiles acumula varias causas abiertas en España por delitos como injurias, calumnias, revelación de datos personales y presunto acoso a cargos públicos, responsables políticos y otras figuras mediáticas. Las resoluciones y citaciones que ha venido recibiendo se enmarcan en procedimientos penales iniciados por denuncias concretas, en los que jueces y denunciantes sostienen que sus actuaciones han vulnerado derechos fundamentales de terceros. La orden de búsqueda y captura responde precisamente a la reiterada incomparecencia de Quiles ante los llamamientos judiciales, después de que haya desatendido varias citaciones para declarar.

Pese a ello, el comunicador insiste en presentar su caso como un ejemplo de persecución impulsada por el Gobierno, y no como la consecuencia de procesos legales motivados por sus propias acciones. 

Un equipo de investigadores de la Universidad de Navarra ha identificado por primera vez la presencia de un microsporidio del género Glugea infectando a la sardina común, una de las especies pesqueras de mayor relevancia comercial y alimentaria del Atlántico. El estudio, publicado en la revista científica Life, describe esta nueva asociación entre huésped y parásito a partir de ejemplares procedentes de una pesquería atlántica.

Aunque no existen evidencias de que las especies de Glugea provoquen enfermedad en humanos, el investigador del Instituto BIOMA de la Universidad de Navarra Enrique Baquero subraya que los resultados obligan a vigilar este tipo de infecciones desde una mirada que tenga en cuenta tanto la salud de los ecosistemas marinos como la calidad de los alimentos.

Quistes de hasta 20 milímetros repletos de esporas

Los científicos localizaron en la cavidad visceral de los peces unos quistes blanquecinos de entre 5 y 20 milímetros que albergaban millones de esporas de este microorganismo, perteneciente al grupo de los microsporidios, parásitos intracelulares capaces de infectar a una amplia variedad de animales. Para caracterizarlo, el equipo combinó microscopía óptica, histología, microscopía electrónica y análisis moleculares, una metodología que permitió confirmar que, pese a compartir rasgos con otras especies del género Glugea, este parásito presenta características morfológicas y ultraestructurales propias que lo diferencian del resto. Según Baquero, el trabajo amplía así el conocimiento sobre los parásitos que afectan a una especie de gran peso ecológico y comercial.

Una mirada 'One Health' sobre el hallazgo

La investigación se enmarca también en el enfoque One Health, que entiende la salud humana, animal y ambiental como realidades interconectadas. Los autores recuerdan que distintas especies de Glugea se han relacionado históricamente con problemas sanitarios en otras poblaciones de peces e incluso con el deterioro de determinadas pesquerías comerciales, y advierten de que su aparición en especies capturadas en mar abierto exige una vigilancia especial, al resultar su control mucho más complejo que en los sistemas de acuicultura.

Gabriel Reina, de la Clínica Universidad de Navarra, incide en que las conclusiones del estudio evidencian la necesidad de seguir investigando estos microorganismos, atendiendo tanto a la salud de las personas como a la protección de las poblaciones más vulnerables.

El descubrimiento abre ahora nuevas líneas de trabajo centradas en conocer la distribución geográfica del parásito, su prevalencia en las poblaciones de sardina y su posible impacto real. Los autores apuntan además que fenómenos como el calentamiento de los océanos y el aumento de enfermedades en organismos acuáticos hacen cada vez más necesario reforzar la vigilancia de este tipo de parásitos en el futuro.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha dado un salto inédito en la crisis del ‘caso Leire’ al imputar a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y al director adjunto operativo (DAO), el teniente general Manuel Llamas, por presunta prevaricación y obstrucción a la justicia.

Según fuentes jurídicas, González se convierte así en la primera directora general de la Guardia Civil encausada penalmente por conspirar presuntamente contra sus propios agentes, un hito que agrava la fractura interna en el Instituto Armado.La decisión de Pedraz llega apenas horas después de que Anticorrupción reclamara su imputación, evidenciando la sintonía entre el criterio de la Fiscalía y el del instructor en esta fase de la causa.

La relación Mercedes González–Leire Díez

El núcleo de la imputación pasa por la secuencia de reuniones entre Mercedes González y Leire Díez, a quien la investigación sitúa al frente de una trama de espionaje, coacciones y sobornos diseñada para blindar al entorno del Gobierno frente a investigaciones por corrupción. Informes de la UCO incorporados al sumario apuntan a varios encuentros en los que Díez habría pedido a la directora que iniciara actuaciones internas contra los agentes que investigaban casos que afectaban al PSOE y al círculo de Pedro Sánchez, incluida la UCO.

Los investigadores dan credibilidad a las 'bravuconadas' de Díez cuando presume ante terceros de su “influencia” sobre la máxima responsable de la Guardia Civil, y vinculan esa relación con la apertura de expedientes internos por supuestas filtraciones en causas como las de Koldo García, Begoña Gómez o el hermano del presidente. La Fiscalía entiende que, si se confirma que esas actuaciones se tomaron para contentar a la red de Díez y no por criterios objetivos, podrían encajar en un delito de prevaricación administrativa y constituir una forma de obstrucción a la labor de la UCO.

El papel del DAO y la ofensiva contra la UCO

La imputación del DAO, Manuel Llamas, sitúa el foco en el corazón operativo de la Benemérita, donde se decide qué se investiga, cómo y con qué medios. Los indicios lo relacionan con las maniobras para abrir investigaciones internas contra la UCO por presuntas filtraciones, en paralelo a las presiones que describen mandos de la unidad para “ponerse de perfil” en las pesquisas sobre el hermano del presidente.

Para la acusación popular, el DAO forma parte de una cadena de mando que habría permitido, cuando menos, que la red de Díez utilizara los resortes disciplinarios de la Guardia Civil como herramienta de desgaste sobre los investigadores más incómodos. Si Pedraz confirma ese patrón, el caso podría evolucionar desde el terreno de la prevaricación aislada hacia el de una estructura estable de corte parapolicial al servicio de intereses políticos, con la cúpula de la Benemérita como eslabón clave.

El choque político: del Senado a Génova

Este nuevo terremoto judicial llega después de semanas de tensión política, con la directora de la Guardia Civil compareciendo en el Senado para dar explicaciones por sus contactos con Leire Díez y acusando a “pseudomedios” de amplificar un “ruido mediático” interesado. En aquella sesión, González evitó detallar el contenido de algunas reuniones y negó cualquier interferencia en investigaciones judiciales, una versión que hoy choca con la lectura que hace Anticorrupción de los chats, agendas y testimonios de la UCO.

El PP ha convertido el ‘caso Leire’ en otro ariete contra el Gobierno: reclama la dimisión inmediata de González y de Marlaska, habla de “delincuencia de Estado” y acusa al PSOE de utilizar el aparato institucional para proteger al presidente y a su entorno.

Desde Interior, Fernando Grande-Marlaska mantuvo esta misma semana el respaldo a la cúpula de la Guardia Civil y reivindica la “ejemplaridad y honestidad” de su directora, negando cualquier intromisión en las investigaciones y atribuyendo el escándalo a una utilización política de la causa. Grande Marlaska reconoció además en el Senado que sí sabia que la directora se había reunido con Leire, desdiciendose así de lo que aseguró en su momento en sede parlamentaria. 

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha dictado una sentencia absolutoria para dos cantantes de rap que estaban acusados de sendos delitos de agresión sexual a una menor de edad. Los hechos denunciados se situaban en la noche del 4 de octubre de 2023, tras un concierto celebrado en un local de la localidad de Mislata.

La Sala ha determinado que, tras un examen exhaustivo de las declaraciones, las pruebas periciales y los testimonios recabados, concurren elementos objetivos que generan una duda razonable sobre el relato de los hechos denunciados o sobre la existencia de los elementos que constituyen el tipo delictivo.

Contradicciones en el relato de la víctima y testimonios clave en el juicio

El tribunal ha apreciado divergencias significativas entre las diferentes manifestaciones de la denunciante. Según recoge la resolución, la primera declaración prestada ante la Policía y la segunda comparecencia ante los médicos forenses difieren de forma radical en aspectos fundamentales como la localización de los hechos. Concretamente, las versiones oscilaban entre una misma estancia o dos habitaciones diferentes ubicadas en distintos pisos del hotel donde se alojaban los músicos, lugar al que acudió la joven junto a una amiga.

Asimismo, la sentencia destaca la relevancia de las declaraciones testificales practicadas durante la vista oral. Por un lado, la amiga de la denunciante, que se encontraba en una de las habitaciones, afirmó en el juicio que no presenció ningún hecho de violación ni vio nada grave. Por otro lado, el recepcionista del establecimiento hotelero testificó que la menor mantuvo una interacción normal con él al preguntarle dónde comprar comida, sin llegar a solicitar auxilio, protección o asistencia de ningún tipo.

La Sala puntualiza que, sin prejuzgar cuál pudiera ser la reacción esperable de una persona que afirma haber sufrido una agresión de esta gravedad, dicha conducta constituye un dato objetivo relevante para analizar la coherencia del relato y la secuencia temporal de los acontecimientos examinados.

El magistrado presidente, de conformidad con el veredicto de culpabilidad emitido por el Tribunal del Jurado, ha condenado a veinte años de cárcel a cada uno de los dos acusados por el asesinato de un joven en el centro de A Coruña. Los hechos enjuiciados ocurrieron durante la madrugada de la Nochebuena de 2023. La resolución judicial determina que uno de los procesados actuó como autor material del crimen, mientras que el segundo ha sido considerado cooperador necesario en un delito consumado de asesinato. Junto a la pena privativa de libertad, el juez ha impuesto a ambos cinco años de libertad vigilada.

La sentencia subraya de forma explícita que la agresión cometida con una navaja se efectuó con la clara intención de acabar con la vida de la víctima. El texto judicial fundamenta la calificación del homicidio en asesinato debido a la concurrencia de alevosía súbita o inopinada. Esta circunstancia agravante específica, de carácter sorpresivo, se produce cuando el agresor no descubre sus intenciones reales ante la víctima y, aprovechando su confianza, ejecuta una acción de forma imprevista, fulgurante y repentina.

Jurisprudencia penal sobre alevosía y la responsabilidad del cooperador necesario con armas blancas

El dictamen judicial argumenta de forma detallada las conclusiones alcanzadas por los miembros del Jurado a partir de los informes técnicos expuestos por los médicos forenses. Los análisis periciales demostraron que la víctima recibió la puñalada en el pecho de una manera totalmente súbita e inesperada. El cuerpo del fallecido no presentaba ningún tipo de lesiones defensivas, un factor clave que permite colegir la total ausencia de resistencia u oposición. Asimismo, la resolución determina que el empleo de la navaja generó una situación de manifiesta superioridad del agresor.

Para fijar la autoría y la gravedad de los hechos, se valoró el carácter vital de la zona corporal afectada, que alcanzó directamente el corazón, así como la naturaleza y el poder mortífero de la herida causada, a pesar de que el arma blanca empleada no llegó a ser localizada.

Respecto al segundo implicado, la resolución judicial establece que entregó la navaja al autor material del apuñalamiento con pleno conocimiento de que este pretendía utilizarla para acabar con la vida del joven, o bien representándose la elevada probabilidad de que se produjera dicho resultado mortífero. Por tanto, la facilitación del arma se tipifica como un elemento decisivo para causar la muerte de la víctima. La sentencia dictada en la ciudad gallega no es firme, por lo que las defensas disponen del derecho de interponer un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha decidido abrir causa contra el eurodiputado Luis Pérez Fernández, más conocido como Alvise, por un presunto delito de desorden público relacionado con mensajes publicados en su canal de Telegram durante las protestas agrícolas de febrero de 2024. La instrucción recae, según el turno establecido, en la magistrada Carmen Lamela. Se trata ya de la sexta causa que el Alto Tribunal abre al eurodiputado.

El origen de la investigación está en una serie de publicaciones que, a juicio de la Sala, van más allá de la simple crítica política o la adhesión a una protesta sectorial. Según recoge el auto, esos mensajes, leídos en conjunto y en su contexto temporal, contienen llamamientos repetidos a ocupar, bloquear y colapsar carreteras, accesos a ciudades, centros logísticos, puertos, refinerías y nodos de distribución. También proponían usar vehículos particulares para reforzar los cortes de tráfico, hacían referencia a aprovechar la falta de efectivos policiales y planteaban fórmulas de coordinación colectiva con capacidad, según el tribunal, de afectar gravemente al orden público.

El Supremo se cuida de matizar los límites de su razonamiento. Reconoce que la libertad de expresión, la libertad ideológica y el derecho de participación política amparan con especial intensidad el discurso crítico hacia el Gobierno, la denuncia de actuaciones policiales o la simple convocatoria de protestas. Sin embargo, subraya que esa protección no cubre automáticamente los llamamientos directos y de difusión pública a conductas que, por su magnitud, organización y el riesgo que generan, puedan constituir un desorden público agravado.

El auto precisa además un matiz importante: la imputación no se basa en los comentarios violentos que terceros pudieran haber vertido en el canal, sino en las publicaciones atribuidas directamente al espacio de Telegram controlado por el propio eurodiputado, y en su capacidad para incitar públicamente al bloqueo, al colapso y al enfrentamiento con los poderes públicos.

El recorrido judicial de esta causa no ha sido lineal. El Supremo la devolvió inicialmente al Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid, que había remitido una exposición razonada el 17 de marzo de 2025. El motivo de la devolución fue la falta de una mínima labor instructora que permitiera comprobar si Alvise estaba realmente al frente del denominado "Canal Alvise", lo administraba o lo controlaba.

Ante esa exigencia, el juzgado pidió un informe a la Comisaría General de Información sobre la titularidad, administración y control del canal. El resultado de esa diligencia es lo que ahora permite a la Sala afirmar, en este momento procesal, que existen indicios suficientes de que Pérez Fernández estaba al frente del canal, que este se identificaba públicamente con su persona, que el propio investigado había reconocido en varias ocasiones su vinculación con él, y que funcionaba como instrumento de difusión directa de contenidos audiovisuales y escritos dirigidos a una audiencia muy amplia.

Santos Cerdán ha acudido este miércoles al juzgado de Tafalla para cumplir, como cada día 1 y cada día 15 de mes, con su obligación de firma periódica derivada de la causa judicial que le mantiene investigado. A diferencia de otras comparecencias anteriores, en esta ocasión el exsecretario de Organización del PSOE sí se ha detenido brevemente ante los medios de comunicación para responder a las preguntas de los periodistas.

Cerdán ha insistido en que se considera una víctima y ha pedido a los presentes que antes de interpretar sus palabras o su situación judicial lean el libro que publicó ayer, titulado La Caída. "Creo que soy una víctima y en el libro lo cuento de forma clara", ha afirmado, reprochando a algunos periodistas que estuvieran haciendo lecturas que, a su juicio, no se ajustan a lo que él mismo relata en sus memorias.

Preguntado por si se siente maltratado por su antiguo partido, ha sido tajante al negarlo, evitando en todo momento cualquier crítica directa a sus excompañeros socialistas. Su reivindicación central ha girado en torno a la presunción de inocencia, un derecho que, según ha recordado, corresponde a todos los ciudadanos con independencia de la causa que se les impute. Ante las preguntas sobre cómo compagina esa defensa con la posición de víctima que reclama para sí mismo, Cerdán ha remitido de nuevo a la lectura del libro como única vía para entender una cierta versión de los hechos.

Un bestseller desde el primer día

La Caída, publicado ayer, se ha convertido en apenas veinticuatro horas en uno de los libros más vendidos, según ha podido conocerse tras su salida al mercado. En sus páginas, Cerdán repasa episodios políticos de calado, entre ellos el proceso de negociación que en 2019 permitió la formación del primer Gobierno de Navarra liderado por María Chivite, marcado por las gestiones que tuvo que mantener con la dirección federal del partido en Madrid para lograr que se aceptara la singularidad política de la comunidad foral.

Según su relato, el desenlace se produjo el 6 de julio de aquel año, coincidiendo con el inicio de las fiestas de San Fermín, cuando recibió una llamada de Pedro Sánchez autorizando formalmente el inicio de las negociaciones, exigiéndole mantenerlo informado de cada paso antes de cerrar cualquier acuerdo.

El libro también dedica un amplio espacio a su paso por prisión. Cerdán relata su ingreso en el centro penitenciario de Soto del Real, decretado tras su declaración ante el Tribunal Supremo el 30 de junio de 2025 por un presunto riesgo de destrucción de pruebas, y describe el traslado en furgón policial, con temperaturas cercanas a los 50 grados, como una experiencia asfixiante. Según cuenta, tuvo que entregar sus pertenencias personales, incluidos el traje, los zapatos y el anillo de casado, al ingresar en el módulo.

En sus memorias asegura que lo más difícil de sobrellevar no fue tanto el reducido espacio de la celda como las largas horas de soledad diaria, que describe como un tiempo que se repite sin avanzar. Relata también que, durante su primera semana en prisión, decidió prescindir de la televisión para evitar la exposición mediática, y que las llamadas telefónicas a su familia, limitadas a pocos minutos, resultaban especialmente duras al principio. Asimismo, desmiente las informaciones publicadas sobre un supuesto compañero de celda que habría concedido entrevistas televisivas, asegurando que pasó en solitario los casi seis meses que estuvo interno en el módulo 13.

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Alicia García, ha anunciado una notable ampliación del plan de trabajo de las comisiones de investigación parlamentarias para el mes de julio. La formación de la oposición citará a declarar por segunda vez al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el marco de la Comisión SEPI (Sociedad Española de Participaciones Industriales). Según la dirigente, el exjefe del Ejecutivo central se encuentra bajo investigación judicial por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, fraude fiscal y contrabando, este último relacionado con el hallazgo de joyas sin declarar valoradas en 1,3 millones de euros en una caja fuerte.

Transparencia institucional y rescates financieros: la comparecencia de Sara Aagesen por las ayudas de la SEPI

La actividad de las comisiones parlamentarias se intensificará a partir del próximo lunes 6 de julio con la comparecencia de la vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen. La portavoz popular ha señalado que la entonces secretaria de Estado debe dirimir su responsabilidad directa en la tramitación y validación de los fondos de contingencia otorgados en la crisis sanitaria a corporaciones como Air Europa, Plus Ultra y Forestalia.

García argumenta que existen indicios de presiones políticas y administrativas para modificar los criterios técnicos en las ayudas a firmas privadas, como ocurrió con el expediente de Tubos Reunidos, inicialmente rechazado por criterios medioambientales. El Partido Popular busca esclarecer si existieron directrices específicas desde la Presidencia del Gobierno para agilizar estas inyecciones de capital público a través del organismo de gestión empresarial del Estado.

Control parlamentario y seguridad del Estado: el papel del DAO y el Ministerio de Hacienda en la Comisión Koldo

El calendario de comparecencias diseñado por el Grupo Popular también situará bajo el foco de las Cortes a los estamentos policiales y tributarios. El martes 7 de julio comparecerá el Director Adjunto Operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas, dentro de la vertiente de investigación del caso Koldo. El mando policial deberá responder ante el Senado sobre la gestión de las notas internas de la Unidad Central Operativa (UCO) y las presuntas maniobras de ocultación de información sobre las redes de intermediación.

Asimismo, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, y la directora de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández, están llamadas a declarar a mediados de mes. Fernández tendrá que aclarar la postura del fisco tras el ofrecimiento judicial para personarse como parte perjudicada en las causas financieras que afectan al entorno socialista, en una semana marcada por la imputación de 25 personas vinculadas a las adjudicaciones extraordinarias de la SEPI, incluida su presidenta Belén Gualda.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Almería a un fugitivo internacional reclamado por las autoridades francesas. Al arrestado se le acusa de su presunta implicación en un homicidio cometido con arma de fuego el pasado 14 de junio en la localidad francesa de Montbéliard. La operación policial, ejecutada apenas tres días después del crimen, fue el resultado de una estrecha colaboración transfronteriza y un rápido intercambio de información estratégica entre ambos países.

Ajuste de cuentas por tráfico de drogas: la investigación internacional del crimen en Montbéliard

El suceso violento ocurrió en la vía pública del municipio galo. Según las indagaciones preliminares de la policía francesa, el móvil del asesinato apunta a un ajuste de cuentas directamente relacionado con el tráfico de drogas. Durante la fase inicial de la investigación se recabaron indicios clave sobre la autoría del crimen. Entre las evidencias destaca el hallazgo, en un registro domiciliario, de unos guantes azules de látex que presuntamente fueron utilizados por el sospechoso en el momento del tiroteo.

Tras la agresión mortal, el investigado diseñó un plan de huida estructurado para evadir la acción de la justicia, intentando cruzar el territorio nacional para abandonar el continente europeo y establecer su refugio definitivo en Marruecos. Debido a la extrema gravedad del delito, que conlleva una pena de hasta 30 años de prisión, y ante la sospecha fundada de que el delincuente pudiera viajar armado, las fuerzas de seguridad activaron con urgencia los protocolos de búsqueda compartidos.

Cooperación policial y seguridad fronteriza: el dispositivo de vigilancia en el puerto y la estación de Almería

La cooperación de las autoridades francesas y españolas permitió reconstruir la ruta del prófugo en tiempo real. Los investigadores determinaron que el implicado se desplazaba en transporte terrestre hacia la provincia andaluza de Almería, con el propósito de alcanzar un puerto marítimo y salir del espacio Schengen.

La Comisaría Provincial organizó un dispositivo especial de control y vigilancia en la estación de autobuses de Almería. Los agentes interceptaron al fugitivo justo en el instante en el que descendía del autocar de larga distancia en el que viajaba, frustrando sus planes de traslado hacia la línea de costa. Con esta detención, la Policía Nacional reafirma la efectividad de los mecanismos de cooperación policial internacional para evitar la impunidad de los delitos graves en Europa.

Agentes de la Policía Nacional, en una operación desarrollada conjuntamente con las autoridades policiales de Colombia, han desarticulado una organización criminal presuntamente dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual de mujeres en diferentes puntos del territorio nacional. Las víctimas, de origen colombiano, eran trasladadas a España para ser recluidas en pisos prostíbulo de varias ciudades del país.

La investigación policial ha permitido la desarticulación completa de la banda, la cual estaba integrada por cinco personas de origen colombiano que actuaban de forma coordinada. El operativo ha logrado la liberación de una víctima de trata en un inmueble de Málaga, precisamente antes de su inminente traslado a Arabia Saudí, donde el entramado pretendía continuar ejerciendo la explotación sexual.

Captación de mujeres en el extranjero mediante falsas ofertas de empleo en hostelería

El origen de las pesquisas policiales se sitúa en noviembre de 2025, tras la denuncia presentada por una mujer afectada que relató el modus operandi de la red en origen. La organización captaba a mujeres en situación vulnerable en Colombia utilizando el engaño mediante falsas ofertas de trabajo relacionadas con el sector de la hostelería en España.

Para facilitar el traslado internacional, una captadora facilitaba la infraestructura necesaria para el viaje, suministrando los billetes de avión, las reservas hoteleras y el dinero en metálico necesario para simular una entrada legal en territorio español bajo el estatus de turista.

Prostitución coactiva en pisos prostíbulo y multas por deudas de viaje

Una vez que las víctimas llegaban a España, eran trasladadas de forma inmediata a diferentes viviendas utilizadas como pisos prostíbulo ubicadas en las ciudades de Bilbao y Málaga, quedando bajo el control directo de los miembros del grupo criminal. En estos inmuebles se les imponía una deuda económica vinculada a los gastos de su viaje y manutención.

Para saldar dicha deuda, las mujeres eran obligadas a ejercer la prostitución coactiva y a entregar el 100% de los ingresos obtenidos a los líderes del entramado. El control sobre las víctimas se mantenía de manera constante mediante el uso de amenazas e intimidación. Las autoridades detectaron la posible existencia de una segunda mujer afectada por estos mismos hechos, por lo que se mantienen activas las gestiones para su localización y protección.

Operación policial contra las mafias y detenciones en Getafe, Lugo y Colombia

La fase operativa se inició tras la alerta dada por un familiar de la víctima liberada, quien denunció la situación de explotación y la privación de libertad en Málaga. Esta primera intervención concluyó con el arresto de dos de los investigados. Posteriormente, el pasado 17 de marzo de 2026, la Policía Nacional desplegó un dispositivo simultáneo en las localidades de Lugo y Getafe (Madrid), donde se detuvo a otros dos integrantes tras registrar el domicilio de los principales sospechosos en el municipio madrileño.

De forma paralela, la colaboración internacional permitió un registro en la ciudad de Pereira (Colombia), donde la policía local arrestó al presunto responsable de la captación de las mujeres en origen. Además de las acusaciones por trata, los agentes acreditaron que los implicados compaginaban la actividad con la venta de drogas y sustancias estupefacientes a los clientes de las viviendas. Los cinco detenidos pasaron a disposición judicial, decretándose la prisión provisional para cuatro de ellos.

El profesor y cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, ha sido sancionado por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) con una suspensión de funciones durante un año, una medida disciplinaria motivada por un supuesto caso de acoso sexista en el desarrollo de sus tareas docentes. A través de un comunicado emitido por su abogada y difundido en sus redes sociales, Monedero ha negado rotundamente la existencia de las expresiones y conductas denunciadas, calificando el procedimiento administrativo en la sede universitaria como un proceso plagado de vulneraciones de derechos y garantías fundamentales.

La defensa del docente ya ha judicializado el expediente disciplinario y la correspondiente sanción. El profesor confía en que los juzgados diriman si la actuación de la UCM es ajustada a derecho y a la verdad, manifestando su convencimiento de que la justicia volverá a darle la razón como en litigios anteriores. Monedero ha afirmado de forma contundente que callarse no es su lugar en el mundo, asumiendo el precio que conlleva mantener su postura pública.

Denuncias contra docentes en Madrid y el origen del expediente disciplinario

Según detalla el informe de la defensa jurídica, la denuncia inicial fue interpuesta por una militante y dirigente local del Partido Popular de la Comunidad de Madrid. El comunicado vincula directamente a la denunciante con el máximo dirigente de la asociación estudiantil Libertad sin ira, colectivo que durante los meses previos había reclamado la expulsión del profesor debido a sus conferencias en Venezuela. La tramitación de la denuncia formal se ejecutó un año después de que la alumna finalizara sus estudios en la Facultad de Ciencias Políticas y tres años después de la fecha en la que supuestamente ocurrieron los hechos.

El Rectorado de la Universidad Complutense de Madrid consideró probados los hechos denunciados, los cuales sitúa en el periodo en el que el medio de comunicación digital OK Diario estuvo infiltrado en el aula del profesor. La resolución del expediente recoge acusaciones de insultos graves proferidos en clase delante de más de 30 alumnos, así como señalamientos por motivos de maternidad y conductas corporales inadecuadas hacia las estudiantes. Por su parte, el profesor argumenta que sus interacciones físicas —como tocar el hombro o la suela del zapato— forman parte de su dinámica habitual de pasearse por el aula para motivar la participación de alumnos y alumnas por igual.

Procesos judiciales de cargos públicos y la estrategia de la defensa jurídica

La abogada del profesor expone en el comunicado que se presentaron más de diez testimonios de alumnos de diferentes cursos que negaron la veracidad de los hechos y la compatibilidad de los mismos con el comportamiento general de la clase. Asimismo, la defensa solicitó formalmente citar a la totalidad del alumnado del aula para corroborar la veracidad de los testimonios aportados por dos amigas de la denunciante, una prueba testifical que fue rechazada por el órgano de instrucción universitario.

El entorno de Monedero enmarca este caso dentro de un contexto de presiones concurrentes, señalando la apertura simultánea de otro expediente disciplinario promovido por un Vicerrector de la UCM a raíz de sus viajes internacionales y consultorías, el cual concluyó finalmente con una simple amonestación por fallos en la formalización de las comunicaciones. De igual modo, la defensa menciona una demanda civil por derecho al honor interpuesta coetáneamente por el presidente del sindicato Manos Limpias, la cual se encuentra actualmente pendiente de resolución en sede judicial.

La Sección Quinta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha dictado dos providencias, una en el recurso interpuesto por la Comunidad Valenciana y otra en el promovido por Aragón, en las que abre la puerta a plantear ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea una cuestión prejudicial sobre el Real Decreto 316/2026, la norma que ha permitido la regularización de cientos de miles de personas extranjeras en situación irregular en España.

La decisión llega en una fecha especialmente sensible: este martes concluye precisamente el plazo para acogerse a ese proceso de regularización, que según los últimos datos ha superado ya el millón de solicitudes presentadas. El Alto Tribunal, no obstante, no se pronuncia todavía sobre el fondo del asunto ni suspende cautelarmente la norma; se limita, antes de resolver sobre las medidas cautelares solicitadas por ambas comunidades autónomas, a abrir un trámite de audiencia de cinco días para que las partes valoren si procede elevar la consulta a Luxemburgo.

En sus resoluciones, fechadas el 24 de junio y firmadas por el presidente de la Sala, Carlos Lesmes Serrano, junto a los magistrados Wenceslao Francisco Olea Godoy y Fernando Román García —ponente de ambas providencias—, el tribunal plantea hasta seis bloques de dudas sobre la compatibilidad del decreto con el derecho comunitario.

El núcleo de la controversia se centra en las disposiciones adicionales 20ª y 21ª del Reglamento de Extranjería, que permiten regularizar a quienes presentaron una solicitud de protección internacional antes del 1 de enero de 2026, o que simplemente se encontraran en España antes de esa fecha, archivando incluso órdenes de expulsión ya confirmadas judicialmente. El Supremo se pregunta si ese régimen puede chocar con el Reglamento europeo 2024/1348 sobre protección internacional, que entró en vigor el pasado 12 de junio, y con la Directiva de Retorno de 2008, que España nunca llegó a transponer formalmente.

La Sala también plantea si una medida de este calado —con un impacto estimado entre 900.000 y 1,65 millones de personas, según recoge la propia providencia— puede aprobarse mediante una norma reglamentaria, sin necesidad de notificación previa a la Comisión Europea ni coordinación con el resto de Estados miembros, en un contexto en el que el Pacto de Migración y Asilo impone expresamente el principio de solidaridad y reparto equitativo de responsabilidades entre los socios comunitarios.

Por último, los magistrados cuestionan si el hecho de conceder a estas personas una autorización de residencia que, automáticamente, habilita la libre circulación por el espacio Schengen durante noventa días, resulta compatible con el Código de Fronteras Schengen y con el principio de cooperación leal entre Estados miembros, dado que tampoco consta coordinación previa con los demás países del espacio europeo de libre circulación.

El trámite abierto no implica, de momento, ninguna paralización de la regularización ni afecta a las solicitudes ya presentadas o en tramitación. Será una vez transcurrido el plazo de alegaciones cuando la Sala decida si efectivamente formula la cuestión prejudicial ante el TJUE y, en paralelo, resuelva sobre la petición de medidas cautelares planteada por Valencia y Aragón contra el decreto.

María Gertrudis Alcázar Jiménez,conocida como 'Gertru', y administrativa que ha trabajado durante 26 años en la oficina del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, compareció este lunes ante la Comisión de Investigación del Senado sobre la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), pero se negó a responder a ninguna de las preguntas formuladas por los grupos parlamentarios, amparándose en su condición de investigada en la Audiencia Nacional y en el derecho a no declarar contra sí misma reconocido en el artículo 24 de la Constitución.

Alcázar Jiménez, que figura como investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales, explicó al inicio de la sesión que actuaba siguiendo asesoramiento jurídico. "Mi silencio no debe interpretarse como un desaire a esta Comisión, sino como algo coherente con mi condición procesal y con el ejercicio de mis derechos fundamentales en el procedimiento penal que se tramita", señaló en la única intervención que realizó durante toda la sesión.

Un extenso relatorio de correos y mensajes

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular y proponente de la comparecencia, la senadora María del Rocío Dívar Conde, abrió el interrogatorio con un extenso repaso al contenido del auto judicial del juez Alhama, que a su juicio retrata a Alcázar Jiménez no como una simple secretaria de agenda, sino como "el nodo central por el que circulaban las comunicaciones y la documentación de la oficina del señor Zapatero".

Dívar Conde puso el foco en una serie de correos electrónicos recogidos en el auto en los que, según expuso, Alcázar Jiménez habría preguntado al destinatario de facturas qué concepto debía figurar en ellas y qué importe había que consignar, en lugar de ser el prestador del servicio quien determinara esos datos. "Quien ha prestado un servicio real no pregunta cuánto dinero debe cobrar, porque ya lo sabe", argumentó la senadora popular, quien citó expresamente un correo del 29 de marzo de 2022 en el que, según el auto, Alcázar escribía: "Si tengo que poner más importe, con lo que me dio el lunes, lo envío firmada".

La portavoz popular también aludió a mensajes en los que Zapatero habría pedido a su administrativa que recopilara información sobre viajes a Venezuela y sobre facturas de la consultora Análisis Relevante tras la detención de Julio Martínez Martínez, conocido como Julito, y preguntó si esa recopilación formaba parte de una estrategia de defensa coordinada. Asimismo, se refirió a las joyas intervenidas en la caja fuerte del despacho de Zapatero, valoradas pericialmente en más de 1,3 millones de euros, y cuestionó la explicación que Alcázar habría dado a los agentes en el momento del registro, atribuyendo su origen a herencias y regalos de viajes.

La senadora popular anunció que Alcázar volverá a ser citada

Al término de su turno, Dívar Conde anunció que el Grupo Parlamentario Popular instará a que Alcázar Jiménez sea convocada de nuevo ante la Comisión. "El silencio no hace desaparecer los hechos, porque los documentos hablan, hablan los correos, hablan los mensajes, hablan las reuniones, hablan las facturas", afirmó, antes de advertir de que el grupo no aceptará "que el silencio se convierta en una forma de eludir el control parlamentario".

La senadora del PP también preguntó por reuniones de Zapatero con miembros del Gobierno de Pedro Sánchez, entre ellas una que, según afirmó, habría tenido lugar en el Palacio de la Moncloa un domingo —el 30 de noviembre de 2025— con la vicepresidenta primera María Jesús Montero y el ministro Félix Bolaños, entre otros, apenas días antes de la detención de Julio Martínez.

Gómez Enríquez y Caballero Martínez apuntan al papel de Alcázar como "soporte operativo"

La senadora del Grupo Mixto Paloma Gómez Enríquez incidió en la descripción que el auto judicial hace de Alcázar Jiménez como "pieza operativa esencial" y "soporte administrativo financiero clave de la trama", y le preguntó, sin obtener respuesta, por su relación con Cristóbal Cano, por los contactos con empresas del Ibex y por su presunto papel en la constitución de sociedades instrumentales vinculadas al entorno de Zapatero, incluida la empresa de las hijas del expresidente.

La senadora de UPN (Grupo Mixto) María Caballero Martínez instó a la compareciente a reflexionar sobre su situación procesal y señaló que "su futuro judicial va a estar ligado a su jefe", al tiempo que le recomendó que, llegado el momento de declarar ante el juez, optara por colaborar con la justicia.

El PSOE denuncia un "juicio paralelo"

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, María Amparo Marco Gual, rechazó de plano el planteamiento de los grupos proponentes y denunció que la Comisión se ha convertido en "un instrumento al servicio de la estrategia del Partido Popular" y en "un juicio paralelo donde no se cumplen las mínimas garantías procesales". La senadora socialista reivindicó la legalidad del rescate de Plus Ultra durante la pandemia, validado según sostuvo por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal de Cuentas y la Intervención General del Estado, y defendió que Alcázar Jiménez estaba ejerciendo un derecho constitucional al guardar silencio.

La intervención de Marco Gual derivó en varios llamamientos al orden por parte de la presidenta de la Comisión, la navarra Ana Beltrán que le requirió en varias ocasiones que reconduciese sus palabras hacia el objeto de la comparecencia.

La sesión concluyó sin que la compareciente realizara uso del turno final de tres minutos que le fue ofrecido.

La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha confirmado de manera definitiva una sanción económica de 13.500.000 euros impuesta a Indra. La penalización, dictada originalmente por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) en julio de 2018, responde a una infracción muy grave consistente en la creación de un cártel para alterar diversas adjudicaciones de servicios de tecnologías de la información en el ámbito de la Administración Pública española.

La resolución judicial ratifica que la tecnológica incurrió en una infracción única y continuada de la Ley de Defensa de la Competencia y del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Las conductas ilícitas e investigaciones de mercado se desarrollaron de forma continuada entre los años 2005 y 2015, afectando a contratos estratégicos convocados por organismos estatales clave como la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), la Gerencia de Informática de la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

Derecho de la competencia y contratación del Estado: el modus operandi del fraude tecnológico

La investigación de la CNMC, validada previamente por la Audiencia Nacional y ahora respaldada por el Tribunal Supremo, determinó que el modus operandi de las empresas que integraban el cártel se basaba en el conocimiento anticipado de las licitaciones públicas. Esta información privilegiada se obtenía a través de contactos directos en el seno de las propias Administraciones contratantes.

A partir de ahí, las compañías formalizaban acuerdos privados de colaboración que se ocultaban de forma deliberada a los órganos de contratación del Estado. Las empresas implicadas utilizaban de manera instrumental las uniones temporales de empresas (UTE) y la subcontratación, acompañando estas herramientas de compromisos de exclusividad y pactos de no concurrencia en ofertas alternativas. Para garantizar la cohesión del grupo, disponían de un sistema de regularizaciones diseñado para compensar económicamente cualquier desviación respecto a los porcentajes de facturación que se habían pactado de forma clandestina.

Doctrina del Tribunal Supremo y seguridad jurídica: la responsabilidad empresarial frente al sector público

En su recurso de casación, Indra argumentó que la CNMC no había investigado ni depurado el papel de las Administraciones Públicas convocantes, a pesar de que la resolución inicial reconocía cierta incidencia de estas en los hechos. La multinacional alegaba que esta falta de diligencia inspectora le impidió acogerse a las exenciones de prohibición por motivos económicos que recoge la normativa sectorial.

Sin embargo, el Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de forma íntegra fijando jurisprudencia. La Sala aclara que la exención legal de la norma depende únicamente de requisitos de carácter acumulativo vinculados a los efectos económicos del acuerdo, siendo totalmente ajenos a la intervención o pasividad de un poder público. Por tanto, el tribunal concluye que la falta de investigación sobre la actuación de los organismos estatales contratantes no resta validez a las sanciones impuestas a las corporaciones privadas, ni influye en su graduación legal, manteniendo intacta la agravante de responsabilidad o instigador del fraude.

Santos Cerdán da el paso de contar su propia historia. El exdirigente del PSN y el PSOE, que pasó por la cárcel provisional y está inmersos en varios casos por presunta corrupción publica este martes La caída. Poder, relato y destrucción en la era del juicio político, una obra en la que narra en primera persona su experiencia y analiza las consecuencias personales, políticas e institucionales de lo que define como un juicio mediático. El libro estará disponible desde el 30 de junio en Amazon.

En el texto, Cerdán ofrece su versión de los hechos y reflexiona sobre cómo la construcción del relato público puede condicionar la percepción social antes de que exista resolución judicial alguna. La presunción de inocencia es el hilo conductor de una obra que, según adelanta su autor, pretende abrir un debate más amplio sobre la relación entre política, medios de comunicación y opinión pública en la era de la información inmediata.

La caída aborda el impacto de la exposición mediática, la presión de la opinión pública, la responsabilidad de las instituciones y los efectos que los llamados juicios paralelos pueden tener tanto sobre las personas como sobre la calidad democrática. Con esta publicación, Cerdán invita al lector a reflexionar sobre el equilibrio entre el derecho a la información, la rendición de cuentas de los cargos públicos y el respeto a las garantías jurídicas del Estado de derecho.

La Guardia Civil ha detenido en Alicante a un ciberdepredador sexual en serie al que se le imputan 36 delitos contra la libertad sexual cometidos contra víctimas menores de 16 años. El arrestado empleaba el grooming, una técnica de engaño online para ganarse la confianza de los menores y conseguir que le enviasen imágenes íntimas.

Operación Achillea: investigación contra la explotación sexual infantil en redes sociales

La investigación, bautizada como operación Achillea, comenzó a raíz de una denuncia interpuesta por una víctima residente en la isla de Gran Canaria en 2024. Las pesquisas iniciales permitieron al Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil en Santa María de Guía registrar el domicilio del sospechoso en tierras alicantinas.

En la vivienda se intervinieron más de 200 dispositivos de almacenamiento de datos entre teléfonos móviles, ordenadores, discos duros externos y memorias USB. El análisis de este material tecnológico ha destapado una colección privada de archivos de vídeo e imágenes pedófilas que alcanzaba una capacidad total de 18.000 Gigabytes.

A través del examen de estos soportes informáticos, los agentes han logrado identificar hasta la fecha a más de 20 víctimas especialmente vulnerables, con edades que parten desde los 8 años, distribuidas por todo el territorio nacional y diversos puntos del extranjero.

Delitos informáticos y el peligro del perfil falso de Juan en las aplicaciones de mensajería

El modus operandi del acusado combinaba el engaño continuo y la manipulación emocional durante más de una década. El detenido operaba en redes sociales y aplicaciones de mensajería bajo la falsa identidad de un menor de edad llamado Juan. Con este perfil ficticio entablaba relación con las víctimas, llegando a convertirse en "novio" de algunas de ellas para que se fotografiaran o grabaran realizando actos de carácter sexual. Tras recabar las pruebas documentales, la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santa María de Guía ha decretado el ingreso en prisión comunicada y sin fianza para el autor de los hechos.

Consejos de seguridad digital y supervisión parental para la prevención del ciberacoso

Ante la proliferación de conductas delictivas en el entorno digital, la Guardia Civil reitera la necesidad de implantar medidas preventivas en los dispositivos familiares. Se recomienda configurar siempre perfiles cerrados en redes sociales y rechazar de forma sistemática solicitudes de amistad procedentes de personas desconocidas, aun cuando existan contactos comunes en la plataforma.

Asimismo, resulta fundamental evitar la difusión pública de datos sensibles como la ubicación en tiempo real, el nombre del centro escolar o los números de teléfono personales. La supervisión parental activa de las actividades online, complementada con una comunicación abierta en el hogar, constituye la principal barrera de protección para que los menores puedan alertar ante cualquier interacción que les resulte incómoda o sospechosa.