Agentes de la Policía Nacional, en coordinación con el Gobierno de Ceuta, han iniciado a primeras horas de la mañana el desalojo de los migrantes concentrados en la playa del Trampolín. La operación, orientada a reubicar a las miles de personas que accedieron a través de la frontera desde Marruecos los días 30 y 31 de julio, se ha desarrollado de manera pacífica hasta su conclusión en torno a las 10:30 horas.

Los evacuados han sido redirigidos hacia dos puntos de acogida temporal dispuestos por el Ejecutivo central: la explanada del aparcamiento de Loma Margarita y la zona del Embolsamiento. Mientras fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y Moncloa sitúan en alrededor de 1.800 las personas evacuadas, fuentes policiales elevan la cifra de desalojados en la zona costera hasta las 4.000 personas.

Atención humanitaria e infraestructuras de acogida temporal

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, presente en la ciudad autónoma tras mantener un encuentro con Médicos del Mundo, ha confirmado que los dos dispositivos habilitados —entre los que se incluye el nuevo recinto de Loma Margarita— cuentan con capacidad para albergar a 1.800 personas. Saiz ha señalado que los trabajos continúan para acondicionar el resto de ubicaciones pactadas con el Gobierno ceutí, reconociendo la labor desempeñada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Pese a darse por concluida la evacuación principal, pequeños grupos de personas permanecían en los alrededores de la playa expresando dudas sobre los itinerarios y los lugares específicos de traslado asignados.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón ha impuesto una condena de 17 años y medio de prisión a un hombre por dos delitos continuados de agresión sexual a menores. El individuo convivió con dos gemelas, a quienes sometió a tocamientos y otras prácticas sexuales entre septiembre y noviembre de 2024 en Castellón. Además, deberá indemnizar a cada niña con 5.000 euros por los daños morales sufridos.

El tribunal ha dictaminado que el condenado no podrá acercarse a menos de 500 metros ni comunicarse con las niñas por un periodo superior a cuatro años tras cumplir su pena de prisión. Asimismo, se le ha impuesto una inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividad que implique contacto regular y directo con menores, por un tiempo superior a cinco años al de la pena de prisión.

Detalles de los hechos y medidas impuestas

Los hechos se remontan a septiembre de 2024, cuando el condenado y su esposa, que mantenían una amistad con la madre de las menores, acogieron a la familia en su hogar después de que la madre discutiera con su propia madre, abuela de las víctimas. Durante el periodo de convivencia, el condenado aprovechaba los momentos en los que las gemelas se duchaban y su madre no estaba presente para someterlas a tocamientos y besarlas en la boca.

La situación se repitió en numerosas ocasiones. A pesar de que las hermanas se resistían a que el hombre entrara en el baño, él argumentaba que era su hogar y que debía organizar y vigilar el uso de la ducha. En ocasiones, llegó a retenerlas y taparles la boca para impedir que escaparan o alertaran a su madre.

La credibilidad del testimonio de las menores

El tribunal considera que las pruebas decisivas del caso son las declaraciones de las menores, cuyo testimonio ha sido considerado creíble. Los magistrados han afirmado que los relatos de las niñas corresponden a situaciones realmente vividas y no creen que sus declaraciones sean producto de invenciones o fantasías. Tampoco han encontrado motivos falsos o ilegítimos en la denuncia presentada por la madre de las menores

En algunas ocasiones, el condenado agredía a las niñas en una de las camas de la vivienda. Para asegurarse de que no contaran nada, les decía que, si hablaban con su madre, provocarían que le retiraran la custodia y las separarían de ella. Esta amenaza se utilizaba para mantener el silencio de las menores.

Posibilidad de recurso ante el Tribunal Superior de Justicia

La sentencia aún no es firme y puede ser recurrida ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. El caso ha generado una gran atención en la comunidad debido a la gravedad de los delitos y las medidas impuestas al condenado.

La condena de 17 años y medio de prisión y las medidas adicionales reflejan la gravedad de los delitos cometidos. Las autoridades esperan que este caso sirva para concienciar sobre la importancia de proteger a los menores de situaciones de abuso y violencia. La comunidad sigue de cerca el desarrollo de este caso y las posibles apelaciones que puedan presentarse en el futuro.

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Policía Judiciaria de Portugal, han detenido a tres miembros de una organización criminal dedicada al transporte internacional de grandes cantidades de cocaína entre España y Portugal. Dos de los detenidos fueron arrestados en España, en Torremolinos y Marbella (Málaga), y el tercero en Portugal. A todos ellos se les imputan los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de sustancias estupefacientes, tenencia ilícita de armas, atentado a agente de la autoridad y contra la seguridad vial, y han ingresado en prisión.

Durante el operativo se registró un inmueble en Torremolinos que la organización utilizaba como punto de almacenamiento de la droga. En total se intervinieron más de 3.300 kilos de cocaína, dos armas largas, un arma corta municionada, dos vehículos, 1.100 euros en efectivo, cámaras fotográficas, un monóculo de visión nocturna y equipos de transmisiones.

El seguimiento de una furgoneta destapó la trama

La investigación se inició el pasado 11 de agosto, cuando la Policía tuvo conocimiento de que una furgoneta transportaba una cantidad indeterminada de sustancia estupefaciente desde Portugal hasta la Costa del Sol. El vehículo circulaba escoltado por un coche que ejercía labores de lanzadera y seguridad, lo que llevó a establecer un dispositivo conjunto entre los cuerpos policiales de ambos países para seguir su recorrido.

Las pesquisas confirmaron que el destino era un inmueble en Torremolinos, donde los agentes observaron la descarga de varios bultos de grandes dimensiones que podían contener droga. Tras dejar la mercancía, la furgoneta emprendió de nuevo el camino hacia Portugal. Minutos después, otro vehículo abandonó la finca y, al darse a la fuga, fue perseguido durante varios kilómetros hasta ser interceptado en Marbella, donde se hallaron 2.000 kilos de cocaína.

De forma paralela, se llevó a cabo la entrada y registro en el inmueble de Torremolinos, donde fue detenido un miembro de la organización que se encargaba de la custodia de la droga. En ese registro se encontraron 1.700 kilos de cocaína y una pistola municionada. Por su parte, la Policía Judiciaria portuguesa interceptó la furgoneta cuando regresaba a España, deteniendo a su conductor e incautando 1.500 kilos de cocaína y dos armas largas.

Tres detenidos y prisión para todos ellos

El dispositivo se cerró el 13 de agosto con la detención de los tres integrantes de la red. Todos ellos han ingresado en prisión, acusados de pertenencia a organización criminal, tráfico de sustancias estupefacientes, tenencia ilícita de armas, atentado a agente de la autoridad y contra la seguridad vial.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia ha confirmado la condena de seis años y un día de prisión, junto con una multa de 87.195 euros, a un acusado por un delito contra la salud pública. La sentencia se basa en el hallazgo de 998 gramos de cocaína en un vehículo de alquiler que la empresa propietaria recuperó debido a impagos.

El acusado utilizaba un Citroën C4 de una empresa de alquiler para sus desplazamientos. El contrato venció en junio de 2025 sin que el acusado cumpliera con el pago necesario para renovarlo, a pesar de haber sido advertido sobre la retirada del automóvil en agosto. El 7 de agosto, la empresa localizó el vehículo en Massalavés, Valencia, gracias al sistema de geolocalización, y lo recuperó con una segunda llave, trasladándolo posteriormente a su sede en Lucena, Córdoba.

La defensa del acusado no logra revertir la condena

Cuatro días después, el acusado denunció en una comisaría de Murcia que había dejado el vehículo a un amigo en Mercamurcia, quien le informó sobre la presencia de un kilogramo de cocaína en su interior. Según la sentencia, el acusado actuó «con el propósito de encubrir su actividad». La Brigada de Policía Judicial encontró un paquete con 998 gramos de cocaína en el maletero del coche, con una pureza del 80,92 %, destinado a su distribución. Su valor en el mercado ilícito se estimó en 29.065 euros.

La defensa del acusado recurrió la condena alegando vulneración de la presunción de inocencia, errores en la valoración de pruebas y contradicciones en declaraciones testificales. Sin embargo, la Sala rechazó todos los argumentos y confirmó la sentencia de la Audiencia Provincial. El TSJMU consideró que la resolución recurrida realizó un análisis «minucioso y exhaustivo» de las pruebas.

El Tribunal destaca la falta de pruebas que respalden la versión del acusado

El Tribunal subrayó el uso continuado del vehículo por parte del acusado durante los diez meses anteriores, los datos del GPS y la falta de correspondencia entre esos registros y su versión sobre la entrega del automóvil a un tercero. Además, el acusado no proporcionó datos que permitieran identificar a esa persona, a pesar de afirmar que tenía su número de teléfono.

La Sala concluyó que los hechos acreditados constituyen «indicios sólidos de una inferencia» que atribuyen, «sin margen para la duda razonable», el conocimiento y control de la sustancia al acusado. La versión alternativa del acusado se consideró «inveraz e incompatible con aquellos indicios», y no se ofreció una explicación plausible sobre la presencia de la droga.

En relación a las pruebas solicitadas por la defensa, el Tribunal explicó que la geolocalización del teléfono del acusado no fue propuesta durante la instancia, por lo que no pudo ser indebidamente denegada. Respecto a las cámaras de seguridad del lugar donde estaba estacionado el vehículo, la petición era indeterminada y meramente prospectiva, sin constancia de la existencia de grabaciones.

La resolución confirma la pena de prisión, la multa, el decomiso y destrucción de la droga, y declara de oficio las costas de la apelación. Contra la sentencia cabe recurso de casación según la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El ilusionista Juan Tamariz ha fallecido este martes 18 de agosto de 2026 a los 83 años en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, según ha confirmado su hija, la también maga Ana Tamariz, a través de las redes sociales. Su muerte cierra la trayectoria de uno de los artistas más queridos y decisivos de la cultura popular española, maestro de generaciones de ilusionistas y teórico de referencia mundial en cartomagia y magia de cerca.

La familia ha informado de que Tamariz estuvo acompañado por sus hijos hasta el final y que “se despidió de este mundo sin sufrir y, como fue siempre su seña de identidad, sonriendo y en paz”, según ha relatado su representante, Moisés Rodríguez. El fallecimiento se ha difundido a lo largo de la tarde, con múltiples medios y instituciones culturales sumándose al homenaje y reconociendo su papel como divulgador que llevó la magia a millones de hogares a través de la televisión.

Nacido en Madrid el 18 de octubre de 1942, Juan Manuel Tamariz‑Martel Negrón comenzó a hacer trucos con cartas a los cuatro años y consolidó una carrera que combinó espectáculo, pedagogía y teoría del ilusionismo. Su estilo, marcado por un humor fino y una narrativa impecable, convirtió sus rutinas de cartas en piezas de teatro en miniatura, donde el engaño se servía con naturalidad y cercanía.

Tamariz fue un habitual de la pequeña pantalla durante décadas, lo que le otorgó una popularidad masiva y le permitió popularizar la cartomagia entre el gran público. Más allá de los escenarios y los programas de TV, su influencia se extendió a través de decenas de libros y conferencias que se han convertido en lecturas obligadas para cualquier estudioso de la magia.

Su legado es doble: por un lado, el de un artista idolatrado por el público y por sus compañeros de profesión; por otro, el de un teórico que transformó la psicología del engaño en una disciplina artística con reglas y métodos propios. Ilusionistas de todo el mundo se declaran discípulos suyos, y su nombre aparece de forma recurrente en manuales, congresos y escuelas de magia como referencia ineludible.

Ana Tamariz, su hija y heredera de su pasión, dirige en Madrid La Gran Escuela de Magia Ana Tamariz y ha agradecido públicamente “todo el amor que me dio y por el amor a la magia que me regaló”. Con su muerte, España pierde a uno de sus rostros televisivos más entrañables y a un embajador cultural que elevó la magia a categoría de arte mayor.

La Sala Penal del Tribunal Supremo ha señalado en una sentencia que el cambio de sexo no tiene efectos retroactivos que permitan anular una condena previa por violencia de género sobre la mujer que fue pareja sentimental de la persona recurrente, por hechos cometidos cuando esta era un hombre a todos los efectos jurídicos y legales.

La sentencia recurrida, dictada por un Juzgado de lo Penal de Castellón y ratificada por la Audiencia Provincial, consideró probado que el 20 de abril de 2022 el acusado acudió a las inmediaciones del domicilio de su expareja sentimental para ejercer su derecho de visitas con la hija de 8 años que ambos tenían en común. Según el relato de hechos, en un ambiente tenso, el hombre cogió fuertemente del brazo a su hija con intención de menoscabar su integridad física; su madre acudió en auxilio de la menor y el acusado le propinó un puñetazo en la cintura, además de golpes y arañazos en el cuello. Fue condenado a 9 meses de prisión por un delito de violencia de género sobre su expareja, y a la misma pena por un delito de violencia doméstica sobre su hija.

El cambio de sexo, posterior a los hechos

En su recurso ante el Supremo, la persona condenada alegó, entre otras cuestiones, que era mujer y no hombre, en virtud de un auto de cambio de sexo dictado por el Registro Civil de Castellón el 1 de junio de 2023, por lo que no podía ser condenada por el delito de violencia de género sobre su expareja, recogido en el artículo 153.1 del Código Penal.

Los magistrados responden que no puede aplicarse el cambio de sexo para neutralizar una condena por un delito de violencia de género cuando los hechos, como en este caso, ocurrieron cuando el autor era varón según sus datos registrales en el momento de los hechos, ya que el cambio de sexo no tiene efectos retroactivos.

El tribunal resalta que los hechos enjuiciados ocurrieron el 20 de abril de 2022, mientras que el auto de cambio de sexo del Registro Civil de Castellón es del 1 de junio de 2023, y que en dicho auto se recoge que el expediente comenzó con una comparecencia del interesado el 24 de abril de 2023.

La sentencia indica que, tal como invoca el Ministerio Fiscal, la condena del recurrente por el artículo 153.1 del Código Penal lo fue como varón autor de violencia sobre la mujer, su expareja sentimental, por lo que el cambio registral de sexo no puede desplegar efectos retroactivos sobre hechos anteriores que fueron realizados, juzgados y sentenciados siendo el recurrente un hombre a todos los efectos jurídicos y legales.

Por otro lado, la sentencia señala que un cambio registral de sexo realizado con carácter previo al delito tampoco podría servir para neutralizar una condena por violencia de género si se probara que se llevó a cabo con la intención de defraudar la ley. En este sentido, el tribunal precisa que el mero cambio registral no implica automáticamente fraude, y que la prueba de que se ha realizado con intención fraudulenta debe ser plena y sin lugar a duda alguna, una determinación que corresponde a los tribunales y debe basarse en las circunstancias concretas de cada caso.

El Supremo rechaza también que la sentencia condenatoria vulnerara la presunción de inocencia del acusado. Asimismo, desestima el recurso planteado por una mujer que le acompañaba en el momento de los hechos, quien quedó probado que tiró del pelo de la expareja del acusado e intentó coger a la hija, y que fue condenada al pago de una multa por un delito leve de lesiones.

El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, elevó este lunes el tono de sus críticas al Gobierno de la Nación por su gestión de la crisis fronteriza del 30 y 31 de julio, casi 20 días después de la entrada masiva de unas 80.000 personas. Vivas denunció una "falta de respuesta adecuada" y aseguró que Ceuta continúa en una situación de "extremo riesgo" en materia de seguridad, servicios, convivencia y seguridad nacional.

El presidente acusó al Ejecutivo de haber "maquillado la realidad" al afirmar inicialmente que la normalidad se había recuperado en 48 horas y que solo permanecían 2.500 personas en la ciudad. Frente a este relato, sostuvo que Ceuta sigue lejos de la normalidad y reclamó como prioridad el retorno a Marruecos de quienes entraron ilegalmente durante la avalancha.

La principal acusación de Vivas fue dirigida contra la falta de actuación del Estado. "No nos vale que nos digan que no se puede. Lo que creemos que ocurre es que no hay voluntad", afirmó, defendiendo que el Gobierno dispone de medios suficientes para ejecutar las devoluciones dentro de la ley y lograr la normalización de la ciudad en un plazo de 30 días.

Tres posibles causas de la inacción

En su intervención, Vivas llegó a plantear tres posibles razones para explicar la pasividad del Ejecutivo: "ineptitud", "irresponsabilidad" o falta de firmeza para no molestar al vecino. El presidente expresó su deseo de que los hechos descarten esta última posibilidad, ante el temor a un hipotético plan destinado a "golpear sucesivamente a Ceuta hasta la caída definitiva".

El presidente también rechazó las críticas de la ministra de Sanidad por la gestión de los espacios de acogida y las acusaciones de xenofobia. Aseguró que Ceuta no ha rechazado ningún emplazamiento y reclamó que cualquier instalación se plantee contando con los vecinos. "A nosotros no nos gana nadie en actitud humanitaria", afirmó, reivindicando la solidaridad de los ceutíes.

Vivas defendió, no obstante, que la atención humanitaria debe ir acompañada del retorno de quienes entraron irregularmente. "Está bien que pensemos en los inmigrantes, pero también debemos pensar en los ceutíes", señaló, reclamando que se garantice también el derecho de los ciudadanos de Ceuta a disponer de unos servicios esenciales adecuados.

Recurso a las Cortes, al Poder Judicial y a Europa

Ante lo que considera una respuesta insuficiente del Ejecutivo, el presidente anunció que la Ciudad recurrirá a las Cortes Generales, el Poder Judicial, las comunidades autónomas y Europa para trasladar la gravedad de la situación si en un plazo de 30 días no se ha resuelto la crisis.

Vivas cerró su intervención con un mensaje de firmeza: "Los ceutíes no nos vamos a rendir" y "vamos a ganar", porque, según afirmó, cuando se pone en riesgo la integridad territorial y la soberanía de Ceuta, se pone en riesgo la de toda España.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones va a desplegar cuatro nuevos dispositivos de atención humanitaria, de carácter temporal y extraordinario, en la Ciudad Autónoma de Ceuta. Así se acordó esta mañana en la reunión entre la ministra Elma Saiz y el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, en la que se hizo seguimiento de la situación humanitaria y se pactó la ubicación de los nuevos recursos.

Los emplazamientos elegidos son el parking del Embolsamiento, en la Loma Colmenar, cedido por el Gobierno de la Ciudad Autónoma, y las instalaciones de La Hípica, el antiguo campo de fútbol del Cuartel de Caballería y el espacio del Guano, estas tres últimas de titularidad del Gobierno de España. El montaje de las nuevas instalaciones comienza hoy mismo y va a suponer la habilitación inmediata de 1.500 nuevas plazas.

"Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones hemos estado trabajando desde el primer momento para atender la situación. Quiero reconocer y agradecer el gran trabajo de las entidades sociales y asociaciones de vecinos que se encuentran atendiendo la situación humanitaria en Ceuta. Seguimos trabajando para la mejora y ampliación de los espacios de acogida, donde es absolutamente primordial la colaboración de todas las administraciones", ha explicado Saiz.

El primer paso dado por el Ministerio fue, en el marco de su acción conjunta y permanente con Cruz Roja para la asistencia humanitaria, refrendar una declaración de emergencia dotada con 6,5 millones de euros para que fuera esta entidad, de manera prioritaria, la encargada de ofrecer soporte a cualquier persona en situación de vulnerabilidad en la ciudad.

En concreto, Cruz Roja ha repartido aproximadamente 4.000 kits de alimentación diarios desde el 3 de agosto, además de kits de higiene femenina, y ha prestado asistencia sociosanitaria a más de 4.000 personas en la ciudad.

"Nuestro trabajo aquí tiene el objetivo de garantizar una atención humanitaria adecuada, proteger los derechos fundamentales y preservar la dignidad de las personas, al tiempo que acompañamos a Ceuta en el camino para recuperar cuanto antes la normalidad", ha concluido la ministra.

La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha reclamado al Ministerio de Defensa información precisa y transparencia sanitaria ante la posible aparición de casos de enfermedades contagiosas, probablemente sarna, entre los militares que realizan en Ceuta tareas de apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Según ha informado la propia asociación, ha recibido información relativa a esta posible incidencia sanitaria y considera imprescindible aclarar la situación, dado que la mayoría de este tipo de enfermedades están incluidas en el Sistema de Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDO) cuando se presentan en forma de brote, es decir, cuando afectan a dos o más personas relacionadas entre sí.

De acuerdo con la información trasladada a ATME, algunos militares habrían manifestado preocupación ante la eventual presencia de esta enfermedad infecciosa, lo que ha generado dudas sobre si se trata de casos aislados o vinculados entre sí, y sobre si se han activado los correspondientes protocolos de vigilancia epidemiológica. La asociación subraya que, en un despliegue que se mantiene desde la entrada masiva de inmigrantes irregulares en la ciudad autónoma, la transparencia sanitaria resulta esencial para evitar rumores y garantizar la tranquilidad del personal.

Para esclarecer la situación, ATME ha solicitado al Ministerio de Defensa información sobre tres aspectos concretos: si se han producido casos de sarna u otras enfermedades infecciosas entre el personal desplegado; cuántos casos se habrían registrado y si presentan relación epidemiológica entre sí; y en cuántas unidades se habrían detectado, así como si se ha activado algún protocolo de control de contactos o vigilancia sanitaria.

La asociación recuerda que cualquier incidencia de salud debe comunicarse con claridad, acompañada de las medidas preventivas oportunas y del cumplimiento estricto de los protocolos establecidos, e insiste en que la protección del personal militar exige una comunicación sanitaria rigurosa que permita actuar con rapidez y evitar preocupaciones innecesarias en un despliegue prolongado y de elevada exigencia operativa.

Cabe destacar que, por el momento, no existe confirmación oficial por parte del Ministerio de Defensa sobre la existencia de estos casos.

Cuatro personas han fallecido y otra ha resultado herida de gravedad este lunes en una colisión frontal entre un turismo y un camión, registrada a las 9:40 horas en el kilómetro 66,800 de la N-122, a su paso por la localidad zaragozana de Bulbuente.

La Unidad de Investigación de Accidentes de Tráfico de la Guardia Civil se ha hecho cargo del esclarecimiento de las causas que provocaron el siniestro.

La Guardia Civil ha desarticulado, en el sur de Tenerife, una organización criminal dedicada a la importación, el almacenamiento y la distribución ilegal de óxido nitroso, conocido como "gas de la risa" y empleado como droga recreativa. La operación, denominada "Centro", se saldó con la detención de seis personas y la investigación de otras seis más, y supone la segunda mayor aprehensión de esta sustancia registrada en Europa.

La investigación se inició cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento del consumo de "gas de la risa" en diferentes zonas de ocio del sur de la isla. Las pesquisas permitieron descubrir la existencia de una estructura criminal jerarquizada, integrada por un núcleo directivo de carácter familiar, con una rama dedicada a la logística y recepción de la mercancía procedente del extranjero, y otra encargada de la distribución final en la isla.

Como resultado de las actuaciones, desarrolladas mediante cuatro registros simultáneos y sucesivos en los municipios tinerfeños de Arona, Adeje y Granadilla de Abona, se detuvo a seis personas y se investigó a otras seis, como presuntas autoras de delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, tráfico de sustancias nocivas para la salud y blanqueo de capitales.

Durante los registros, los agentes intervinieron 10.394 recipientes de óxido nitroso, con un peso conjunto cercano a las 13.000 kilogramos. Asimismo, se hallaron 63.500 euros y 1.000 libras esterlinas en efectivo, aproximadamente 213 gramos de cocaína, 599 gramos de hachís, 1,4 kilogramos de marihuana y 46 gramos de la sustancia conocida como "tusi", una mezcla de diferentes sustancias psicoactivas, además de otras sustancias estupefacientes, entre ellas pastillas, hongos, cápsulas y preparados comestibles con cannabinoides.

En los registros se intervinieron también cinco armas de fuego simuladas y ocho armas blancas, entre ellas varias hachas, así como dispositivos electrónicos y abundante documentación relacionada con los hechos investigados.

Las diligencias practicadas apuntan a la existencia de una estructura criminal con funciones claramente definidas, dedicada a la importación del gas en la isla de Tenerife, su recepción y almacenamiento en distintos inmuebles, y su posterior distribución y venta a través de una red de suministro en la isla.

Las actuaciones han sido desarrolladas por el Área de Investigación del Puesto Principal de Playa de las Américas, bajo la dirección del Tribunal de Instancia de Arona y a instancias de la Fiscalía Delegada Antidroga de Arona. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha ratificado este martes la condena de dos años de prisión para un hombre acusado de asaltar un local de medicina tradicional china. El individuo, con un historial de numerosos antecedentes penales por delitos de hurto y robo con fuerza, se enfrenta nuevamente a la justicia tras los hechos probados en la sentencia.

El tribunal ha subrayado que el establecimiento contaba con una puerta de doble cristal con apertura automática, que estaba bloqueada en el momento de la llegada del acusado. Según el análisis del vídeo presentado como prueba, el hombre separó manualmente ambos cristales para acceder al interior, lo que refuta su argumento de defensa.

El acusado forzó el mecanismo de cierre para entrar al local

La sentencia destaca que el acusado forzó físicamente el mecanismo de cierre para lograr entrar al local, lo que constituye un acto de robo con fuerza. El tribunal ha enfatizado que esta mecánica delictiva implica la utilización del esfuerzo humano para vulnerar dolosamente la protección del patrimonio.

El tribunal ha recordado que, según su interpretación, «el forzamiento es fractura, es violencia, es rompimiento, es destrucción». Esta descripción refuerza la gravedad del acto cometido por el acusado, quien deberá cumplir con la condena impuesta a menos que recurra la sentencia ante una instancia superior.

La sentencia aún puede ser recurrida en casación

Aunque el tribunal ha ratificado la condena, la sentencia no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo. Esta opción ofrece al condenado la posibilidad de apelar la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, buscando una revisión del caso en una instancia superior.

El caso ha generado interés debido a los antecedentes penales del acusado y a las circunstancias del robo. La decisión del tribunal de ratificar la condena refuerza la importancia de las medidas de seguridad en los establecimientos y la necesidad de proteger el patrimonio frente a actos delictivos.

El proceso judicial continúa, y el condenado deberá decidir si presenta un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Mientras tanto, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón se mantiene como una medida ejemplarizante en la lucha contra el robo con fuerza.

El caso pone de manifiesto la importancia de la seguridad en los establecimientos y la aplicación de la justicia en situaciones de robo con fuerza. La decisión del tribunal resalta la gravedad de estos actos y la necesidad de una respuesta contundente por parte del sistema judicial.

La pequeña localidad berciana de Manzanedo de Valdueza, en el término municipal de Ponferrada (León), amaneció este domingo de luto tras la tragedia que se cobró la vida de dos mujeres la tarde del sábado. Una intensa tormenta descargó sobre la comarca de El Bierzo y provocó el desbordamiento de los ríos Oza y Meruelo, lo que originó una riada y un corrimiento de tierras que arrasó todo a su paso. El agua, el barro y los troncos se encauzaron violentamente por la calle de la Iglesia hasta alcanzar una bodega en la que se encontraban seis personas.

Los hechos se produjeron en torno a las 19:38 horas del sábado, cuando la Sala de Operaciones del 1-1-2 de Castilla y León recibió varias llamadas alertando de la situación. Los servicios de emergencia se desplazaron de inmediato al lugar. Bomberos de Ponferrada, Policía Nacional, Policía Local, el Centro Coordinador de Emergencias y el Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias (Gripde) fueron movilizados, junto con un helicóptero de rescate enviado por la Agencia de Protección Civil. Emergencias Sanitarias de Sacyl desplegó varias ambulancias de soporte vital básico y avanzado y personal médico del punto de atención continuada.

Según confirmó la Subdelegación del Gobierno en León, dos mujeres de aproximadamente 60 y 80 años perdieron la vida en el interior de la bodega anegada. Dos menores de edad fueron atendidos por contusiones leves, aunque no se descarta que otras personas también recibieran atención médica. Inicialmente, el balance del 1-1-2 hablaba de varias personas desaparecidas y heridas; finalmente, pasadas las diez de la noche, se confirmó que no quedaba nadie desaparecido tras localizar a un varón octogenario que había sido dado por perdido y que fue encontrado ileso.

La tragedia se produjo en plena jornada festiva de la localidad, que se vio sorprendida por una tormenta de una virulencia inusitada. Varios vecinos relataron que en esa reguera nunca habían visto algo parecido. «Es horrible, es horrible», repetían los habitantes de la localidad, que además recordaron los dramáticos momentos vividos el año anterior, cuando tuvieron que abandonar sus hogares por los incendios que asolaron la Tebaida Berciana.

Y precisamente esos incendios podrían tener relación con la tragedia. Olegario Ramón, presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, que se desplazó a la zona, vinculó parte de lo ocurrido a la situación de los terrenos afectados por los incendios del año pasado, que carecen de la vegetación necesaria para que la tierra tenga sujeción. Ramón confirmó además que existían dificultades de acceso por carretera a las localidades afectadas debido a los corrimientos de tierra y barro.

En la cercana localidad de Bouzas, otra tromba de agua arrastró varios vehículos y provocó cuantiosos daños materiales, aunque afortunadamente no se registraron víctimas personales. Una vivienda junto al reguero desbordado quedó afectada por la entrada de lodo, hasta el punto de que sus habitantes no podían abrir la puerta.

El subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz, tenía previsto visitar las zonas afectadas a media mañana y comparecer ante los medios de comunicación. Alaiz confió en que las administraciones involucradas darán una respuesta conjunta a la situación generada por la riada y el corrimimiento de tierras. Por su parte, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, expresó su «profundo dolor» por la muerte de las dos mujeres. «Día de profundo dolor en Manzanedo de Valdueza. Mi más sentido pésame y todo mi cariño a las familias y seres queridos de las dos mujeres fallecidas. No hay palabras para una tragedia así. Todo nuestro afecto y cercanía», publicó Mañueco en redes sociales.

La tragedia de Manzanedo de Valdueza se produce en un contexto de episodios meteorológicos extremos que están afectando a buena parte de la península. Siete comunidades autónomas permanecían este domingo en alerta por lluvias, y la DANA que cruza el país ha dejado también graves daños en provincias como Castellón.

Las fuertes tormentas veraniegas vuelven a poner de manifiesto la vulnerabilidad de las pequeñas localidades rurales ante fenómenos de gran violencia y la urgencia de reforzar las medidas de prevención, especialmente en zonas afectadas por incendios recientes.

El Movimiento por la Dignidad de la Montaña ha convocado, a través de Pirineo Digno, una manifestación para el próximo domingo 23 de agosto a las 12:00 horas en la plaza Biscós de Jaca, bajo el lema "Aragón arde, Azcón y Nolasco responsables. Por la dignidad de la montaña, de nuestros pueblos y de los bomberos forestales".

La protesta se enmarca en el contexto del incendio forestal declarado en Las Peñas de Riglos, que según los convocantes ha obligado al desalojo de cerca de 1.000 personas procedentes de 18 poblaciones y ha calcinado miles de hectáreas de bosques y campos en la comarca. La organización ha convocado la marcha en apoyo a la huelga indefinida iniciada por los Bomberos Forestales de Aragón y para reclamar la dimisión de los principales responsables políticos del operativo, el presidente aragonés Jorge Azcón y el vicepresidente Alejandro Nolasco.

En el comunicado, el colectivo traslada su "profundo dolor, rabia y enfado" por la situación vivida en el Pirineo y Prepirineo, y afirma estar compuesto por habitantes de la zona, algunos de los cuales han sido desalojados de sus propias viviendas. Los convocantes destacan asimismo la labor de los Bomberos Forestales de Aragón, los Bomberos de las Diputaciones de Huesca y Zaragoza y el resto del personal movilizado por otras administraciones, así como la implicación de agricultores y vecinos que se han sumado a las tareas de extinción con medios propios como tractores y motosierras, además de quienes han colaborado ofreciendo alojamiento y comida a los desalojados.

El Movimiento por la Dignidad de la Montaña recuerda que el pasado 25 de octubre de 2025 ya reunió a unas 6.000 personas en una manifestación en Jaca, en la que denunció el gasto en que consideran proyectos innecesarios —como la unión de estaciones de esquí por Canal Roya, el telecabina de Benasque o el recrecimiento de Yesa— frente a lo que califican de desatención hacia necesidades básicas como la prevención de incendios forestales. En aquella ocasión, el colectivo ya alertó de que la despoblación y el abandono de la ganadería extensiva están favoreciendo el aumento de la masa forestal, agravado por el efecto del cambio climático en la frecuencia de los incendios, y reclamó reforzar los efectivos de extinción y fomentar la ganadería extensiva en el territorio.

En su comunicado, los convocantes sostienen que "nuestros peores presagios se han cumplido" y reclaman un cambio "radical" en la gestión del medio rural aragonés y de los incendios forestales, así como la mejora de las condiciones laborales de los bomberos forestales y el impulso del sector primario en la zona. El movimiento denuncia además lo que considera un "descontrol" en la gestión del incendio y un "apagón informativo" por parte de los grandes medios de comunicación, y asegura que los habitantes de las comarcas afectadas se han sentido "totalmente desamparados" tanto a nivel político como mediático.

La organización ha hecho un llamamiento a toda la sociedad montañesa y aragonesa a sumarse a la manifestación del próximo 23 de agosto. Para más información, los convocantes han facilitado un contacto a través de Izarbe Usieto Terrén.

Un pastor de 54 años, vecino de la comarca de La Ribagorza, falleció este viernes tras ser alcanzado por un rayo mientras realizaba labores de pastoreo en la zona de Sierra de Sis, en el término municipal de Arén (Huesca), según ha informado la Guardia Civil.

La Central COS 062 de la Guardia Civil de Huesca recibió sobre las 14:00 horas el aviso de un particular que alertaba de que una persona había sido alcanzada por un rayo. Inmediatamente, la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca activó al GREIM de Benasque, la Unidad Aérea de Benasque y a un médico del 061.

Tras llegar a la zona y localizar al pastor, los servicios de emergencia comprobaron que presentaba signos no compatibles con la vida. El cuerpo fue evacuado y trasladado en la aeronave hasta la helisuperficie de Benasque, donde lo esperaban los servicios funerarios para su traslado al Instituto de Medicina Legal de Zaragoza.

El Equipo Territorial de Policía Judicial (ETPJ) de la Guardia Civil de Barbastro investiga las circunstancias del suceso.

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha activado este sábado el Plan de Emergencia ante el Riesgo Sísmico en Andalucía, en fase de emergencia y situación operativa 1, tras el terremoto de magnitud 5 registrado a la 1:04 horas de esta madrugada con epicentro en Alhendín, en la provincia de Granada. Hasta el momento no hay constancia de daños personales.

"Esta activación nos permite reforzar el seguimiento de la situación y coordinar los recursos necesarios", ha explicado el vicepresidente primero.

El teléfono de emergencias 1-1-2 ha gestionado más de 200 llamadas, la mayoría procedentes de la provincia de Granada, aunque también se han recibido avisos desde el resto de provincias andaluzas, salvo Huelva y Cádiz. Entre las localidades desde las que se ha alertado se encuentran Alhendín, Churriana de la Vega, Ogíjares, Padul, Almuñécar, Gójar, Dílar, Guadix, La Zubia, Pinos Puente, Granada capital, Armilla, Motril y Cenes, entre otras. También se han recibido llamadas desde Almería, Sevilla, Málaga capital y municipios de su provincia como Torrox, Vélez-Málaga, Fuengirola, Algarrobo o Rincón de la Victoria; desde Córdoba capital y localidades como Almodóvar del Río o Bujalance; y desde los municipios jienenses de Linares, Andújar o La Carolina.

Algunos ciudadanos han informado de grietas y de la caída de elementos como cornisas, cascotes y muros, así como de desperfectos en algunos edificios. "Los bomberos y la Policía están inspeccionando y balizando los puntos en los que se han registrado daños para impedir el tránsito por sus inmediaciones y evitar nuevos riesgos. Pedimos a la ciudadanía que respete estas señalizaciones y no se acerque a las zonas afectadas", ha detallado Sanz.

El consejero ha añadido que se ha activado al GAVE, el Grupo de Arquitectos Voluntarios de Andalucía, para evaluar y cuantificar los posibles daños en los edificios, y que se mantiene contacto permanente con el Instituto Andaluz de Geofísica y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas para seguir la evolución de la actividad sísmica.

Consejos a la población

La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) recuerda que los terremotos no se pueden predecir, aunque la ciudadanía puede aprender a protegerse siguiendo una serie de consejos de autoprotección. Ante un seísmo, hay que mantener la calma y evitar cualquier situación de pánico, bulo o información exagerada. Durante el movimiento, lo más adecuado es permanecer en el lugar donde uno se encuentra, ya que entrar y salir de los edificios es cuando se producen la mayoría de los accidentes, por lo que conviene alejarse de las fachadas.

"Si te encuentras bien y tu vivienda no presenta daños, evita entrar y salir del edificio innecesariamente y no uses el ascensor. Si observas grietas o desperfectos, aléjate de la zona y sigue las indicaciones de los servicios de emergencia", ha subrayado el vicepresidente primero. En la calle, ha recordado, hay que mantenerse apartado de fachadas, cornisas, balcones, muros, postes y otros elementos que puedan desprenderse. "No te detengas a mirar ni a hacer fotografías en las zonas dañadas, porque podrían producirse nuevas caídas y resultar herido. Deja libres los accesos para facilitar el trabajo de los equipos de intervención", ha insistido.

Dentro de un edificio conviene buscar estructuras fuertes donde cobijarse, como una mesa o una cama, el dintel de una puerta, junto a un pilar o una pared maestra, o en un rincón. Disponer en casa de un silbato a mano puede ser de ayuda en caso de desplomes. Tras la sacudida, se recomienda salir de forma ordenada y paulatina por las escaleras, sin utilizar bajo ningún concepto el ascensor.

En el exterior, se aconseja alejarse de fachadas, cables eléctricos, cornisas, cristales y demás elementos que puedan sufrir roturas o desprendimientos. Si el terremoto sorprende en el interior de un vehículo, es necesario detenerlo de inmediato donde lo permita el tráfico y permanecer dentro hasta que finalice el temblor.

Una vez pasada la sacudida, conviene comprobar que no hay heridos; los heridos graves no deben moverse, salvo que exista peligro inminente como fuego o derrumbamientos. También es necesario revisar el estado de las conducciones de gas, agua y electricidad, de forma visual y por el olor, sin poner nada en funcionamiento. En caso de un terremoto de impacto, es preferible no usar el teléfono salvo para situaciones de urgencia, conectar la radio y seguir las indicaciones de las autoridades a través de los medios de comunicación y las cuentas oficiales en redes sociales, como @E112Andalucia, la página de Facebook de 112 Andalucía o @IGNSpain.

La Guardia Civil, en el marco de la operación Goscan, ha puesto a disposición judicial a 20 personas, de las cuales 14 han sido detenidas y otras seis investigadas por delitos contra los animales, intrusismo laboral y falsedad documental. La investigación ha permitido desarticular un entramado dedicado a la comercialización de perros a los que se practicaban amputaciones estéticas ilegales de orejas y rabo, utilizando documentación falsificada para aparentar que las intervenciones se habían realizado de forma legal.

La organización operaba en distintos puntos del territorio nacional y mantenía además actividad internacional, que incluía la exportación y venta de ejemplares en México.

Un mastín herido destapó la trama

La investigación se inició después de que un mastín italiano ingresara en un hospital veterinario de Cáceres por una patología médica. Durante la atención al animal, los veterinarios detectaron amputaciones recientes en las orejas y el rabo. Los agentes identificaron al propietario del perro, quien aportó una certificación según la cual las intervenciones se habían realizado en Rusia, país donde este tipo de prácticas estéticas están permitidas. Sin embargo, las gestiones de los investigadores con las autoridades rusas confirmaron que el documento era falso y había sido elaborado para eludir la normativa española.

Las pesquisas condujeron a los agentes hasta el criadero de procedencia del animal, situado en Alicante. En una primera fase de la operación fueron detenidas tres personas: el propietario del mastín y los dos responsables del criadero. Posteriormente, los investigadores destaparon un entramado más amplio, liderado por la propietaria del criadero, su pareja sentimental y una tercera persona, amiga de ambos, que también fue arrestada.

Vídeos para curar las heridas

La organización se dedicaba a la comercialización de ejemplares caninos y pactaba con los compradores la realización de cortes de orejas y rabo según sus preferencias estéticas. Los responsables del criadero entregaban además a los compradores documentación falsificada para aparentar la legalidad de las amputaciones y les enviaban vídeos explicativos sobre cómo curar las heridas provocadas por las intervenciones.

Los investigadores han constatado que tanto vendedores como compradores conocían la ilegalidad de las intervenciones y la falsedad de la documentación empleada para justificarlas. Por estos hechos, seis personas están siendo investigadas penalmente. Los agentes comprobaron asimismo que varios compradores adquirieron inicialmente los perros con las orejas y el rabo intactos y decidieron después, por iniciativa propia, someterlos a este tipo de cirugías. En relación con estos hechos han sido detenidas otras nueve personas.

Un veterinario colegiado, entre los detenidos

La investigación permitió descubrir también la participación de un veterinario colegiado, detenido por su presunta colaboración con la organización. Según las pesquisas, este profesional proporcionaba a la responsable del criadero pasaportes y documentos oficiales en blanco, ya firmados y sellados con su número de colegiado, que ella misma se encargaba después de cumplimentar. Los investigadores comprobaron además que la titular del criadero implantaba personalmente los microchips a los cachorros de las camadas, pese a carecer de la titulación o habilitación veterinaria necesaria para ello.

La operación ha permitido sacar a la luz una estructura que combinaba la comercialización de animales, la realización o facilitación de amputaciones estéticas ilegales y el uso de documentación falsificada para dar apariencia de legalidad a estas intervenciones. Las diligencias policiales instruidas han sido remitidas a la autoridad judicial competente de Novelda (Alicante).

Sumar ha manifestado su "más absoluta disconformidad" con la decisión del Partido Socialista de conceder la prórroga de funcionamiento a la central nuclear de Almaraz (Cáceres), en un comunicado en el que acusa a su socio de Gobierno de anteponer los intereses del "oligopolio" energético a la transición ecológica y a los compromisos adquiridos con la ciudadanía.

Para la formación, la decisión "supone una profunda ruptura del compromiso expresado desde hace años" y responde a "presiones corporativas" y no a necesidades técnicas, medioambientales o de competitividad económica. Sumar sostiene que prolongar la vida útil de las centrales nucleares posterga la descarbonización basada en renovables e impone a la sociedad "costes y riesgos inaceptables", además de encarecer el precio de la energía.

Críticas al informe del CSN y a las eléctricas

El comunicado señala que el propio informe del Consejo de Seguridad Nuclear en el que se sustenta buena parte de la decisión reconoce "constantes incumplimientos en materia de seguridad" por parte de Iberdrola, Endesa y Naturgy. Según Sumar, los costes de prolongar la vida útil de la central acabarán recayendo en las arcas públicas, "hipotecando" los presupuestos y los recursos destinados a la ciudadanía.

La formación considera que cada euro invertido en mantener "infraestructuras que deben cerrarse" es un euro que se deja de destinar a impulsar la soberanía e independencia energética a través de las renovables, a las que califica de "llave" del futuro económico y energético del país. Asimismo, censura que las "constantes concesiones al oligopolio energético" perpetúen privilegios para un sector que, a su juicio, debería asumir obligaciones, y reclama un papel más activo del Estado en la orientación de la inversión energética.

"No podemos seguir el camino de la derecha"

Sumar advierte de que mantener infraestructuras "obsoletas" en lugar de impulsar un modelo energético solar con mayor soberanía y democracia económica supone alinearse con las posiciones de la derecha y la extrema derecha en materia climática, un camino que califica de "irresponsable y antieconómico" frente a alternativas que considera "más baratas, más seguras y democráticas".

La formación reclama para Extremadura políticas industriales "del siglo XXI" que generen empleo de calidad, con planificación democrática, reequilibrio territorial e inversión pública, y propone acompañar la transición energética de una transición económica y productiva para la región.

Las exigencias de Sumar

El comunicado concluye con un decálogo de peticiones al Gobierno: mantener el calendario de cierre nuclear acordado; conservar los impuestos aplicables al parque nuclear y exigir que las tasas cubran el coste real de la gestión de residuos y el desmantelamiento sin repercutirlo en la ciudadanía; canalizar las inversiones hacia el almacenamiento y la integración de renovables; auditar las cuentas de Enresa y exigir transparencia en los precios de transferencia de las empresas verticalmente integradas; exigir responsabilidad subsidiaria directa a las propietarias de las centrales; y aprobar un plan de transición económica y productiva para el entorno de Almaraz que garantice la diversificación industrial.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha concedido la renovación de la autorización de explotación de la Central Nuclear de Almaraz, Unidades I y II, ampliando su vigencia hasta el 8 de junio de 2030, según recoge la Orden TED/864/2026, de 12 de agosto, publicada en el Boletín Oficial del Estado.

La resolución revoca la anterior autorización, otorgada en julio de 2020, que fijaba el límite de explotación en el 1 de noviembre de 2027 para la Unidad I y en el 31 de octubre de 2028 para la Unidad II. La entidad Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (CNAT) había solicitado en octubre de 2025 la prórroga de ambas unidades hasta 2030, al contar la central con una Revisión Periódica de Seguridad vigente hasta esa fecha.

Informe favorable del CSN

El expediente, que llegó a suspenderse con carácter indefinido en febrero de 2026 a la espera del informe preceptivo del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), se desbloqueó el pasado 16 de julio con la recepción de un dictamen favorable a la renovación, condicionado al cumplimiento de los límites y condiciones fijados en el anexo de la orden. El CSN señaló que ha mantenido un seguimiento continuo de la explotación de la central durante la vigencia de la autorización anterior y ha evaluado la documentación aportada por el titular, incluido el plan de continuidad de la operación.

Impacto limitado según el Ministerio

En la justificación de la medida, el Ministerio sostiene que la extensión, de en torno a 31 meses para la Unidad I y 19 para la Unidad II, representa una proporción reducida de la vida media del parque nuclear español y no altera la fecha de cese definitivo del conjunto de las centrales, prevista para 2035. Según los análisis del propio departamento, el efecto sobre la generación renovable contemplada en el PNIEC sería "muy limitado", con una reducción estimada del 1,4% en 2030 respecto al escenario previsto, frente a una caída del 7% en la generación con gas natural en ciclos combinados.

El Ministerio enmarca además la decisión en el contexto de la crisis en Oriente Medio, que ha disparado la volatilidad de los precios de los combustibles fósiles, y señala que la ampliación contribuye "de manera coyuntural" a moderar la exposición del sistema eléctrico español a los precios internacionales del gas mientras se despliegan las medidas estructurales de impulso a las renovables y el almacenamiento.

Por su parte, Enresa ha indicado que el incremento del inventario de residuos radiactivos derivado de la extensión es "poco significativo" y no exigirá ampliar las instalaciones de almacenamiento existentes, sin que se prevea trasladar costes adicionales a los consumidores.

Condiciones técnicas y plazos

La orden establece que, con al menos un año de antelación al 8 de junio de 2030, el titular deberá justificar la seguridad nuclear y la protección radiológica de la instalación de cara al cese de la explotación. Asimismo, la central operará bajo los límites y condiciones recogidos en el anexo, que el Ministerio, a propuesta del CSN, podrá modificar en función de la experiencia obtenida durante la explotación y de los resultados de inspecciones y auditorías.

La resolución, firmada por el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard Payeras, por delegación de la vicepresidenta tercera del Gobierno, pone fin a la vía administrativa y puede recurrirse en reposición en el plazo de un mes o ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha abierto actuaciones previas de investigación tras el avistamiento, esta semana, de una orca con marcas en su aleta dorsal compatibles con disparos de una escopeta de perdigones en aguas del Estrecho de Gibraltar. Se trata de un ejemplar conocido como Toñi, la orca más longeva de la población que habita el Estrecho y el golfo de Cádiz.

El MITECO tuvo conocimiento de los hechos el pasado martes 11 de agosto por la tarde, a partir de la información facilitada por la entidad conservacionista WeWhale, que opera en la zona con autorización administrativa del Ministerio. Al día siguiente, el departamento abrió las actuaciones previas de investigación con el objetivo de incoar, en su caso, un expediente sancionador una vez se determinen los hechos y sus posibles autores.

Desde la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del MITECO, administración competente en la gestión y conservación de las especies marinas protegidas, se está investigando lo ocurrido.

Una especie catalogada como vulnerable

La población de orcas del Estrecho de Gibraltar y del golfo de Cádiz figura como vulnerable en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, aprobado mediante el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero. Para las especies incluidas en este catálogo, el artículo 57 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, prohíbe cualquier actuación dirigida a darles muerte, capturarlas, perseguirlas o molestarlas.

A esta protección se suma el Real Decreto 1727/2007, de 21 de diciembre, que establece medidas específicas para los cetáceos, entre ellas la prohibición de acercarse a menos de 500 metros con embarcaciones, mantener contacto físico con los animales, alimentarlos, interceptar su trayectoria o separar a un adulto de su cría, así como producir ruidos fuertes para atraerlos o alejarlos.

Esta población cuenta además con un plan de conservación aprobado por la Orden APM/427/2017, de 4 de mayo, que prohíbe expresamente el avistamiento de estas orcas entre el 1 de marzo y el 31 de agosto en el área crítica de la Ensenada de Barbate, Conil y el Banco Majuán. El incumplimiento de esta normativa puede acarrear sanciones de hasta dos millones de euros y responsabilidad penal.

Recomendaciones para los navegantes

Desde el verano de 2020 se vienen registrando interacciones entre ejemplares de esta población y embarcaciones en aguas atlánticas de la península ibérica. Por ello, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y el MITECO ofrecen a los navegantes una serie de pautas para evitar o minimizar los riesgos tanto para los tripulantes como para los propios cetáceos, avaladas en un taller internacional celebrado en Madrid en febrero de 2024 con participación de expertos de España, Portugal y Marruecos.

Entre las recomendaciones figuran evitar la navegación en las zonas de mayor riesgo del golfo de Cádiz y el Estrecho de Gibraltar entre abril y agosto —y en las zonas delimitadas de Galicia entre julio y octubre—, no detener la embarcación en caso de interacción y dirigirse hacia la costa, así como notificar cualquier avistamiento o interacción al Centro de Coordinación de Salvamento (CCS) más próximo a través del canal 16 de VHF.

Durante los meses de abril a agosto, los CCS de Cádiz y Tarifa difunden radioavisos náuticos con estas recomendaciones, mientras que ambos ministerios y Salvamento Marítimo las divulgan también en redes sociales bajo la etiqueta #SeguridadNautica.