El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el Plan Anual de Contratación Pública para 2023. Las diferentes Consejerías prevén tramitar a lo largo del próximo año 551 contratos por un valor estimado de más de 437,4 millones de euros. La Consejería que más contratos tiene previsto acometer es Salud con 149. Le siguen Sostenibilidad, Transición Ecológica y Portavocía del Gobierno, con 96; y Servicios Sociales y Gobernanza Pública, con 89.
El Plan indica que una contratación pública correctamente diseñada y ejecutada puede contribuir de forma efectiva a los objetivos de la Agenda 2030, a la captación de fondos europeos y al cumplimiento del decálogo de recomendaciones para una contratación pública eficiente, elaborado por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. Dentro de este decálogo, ocupa un papel esencial la planificación estratégica de las necesidades contractuales de las Administraciones Públicas.
El documento para 2023 incluye como novedad los contratos que todos los órganos del sector público de la Comunidad Autónoma de La Rioja (CAR) tienen previsto licitar a lo largo del ejercicio, a diferencia de ejercicios anteriores en los que solamente se incluían los contratos de los órganos de contratación de la Administración General de la CAR y del SERIS. Entre ellos se incluyen, además, los Acuerdos Marco que centralizan la contratación de servicios y suministros de uso común en el Sector Público Autonómico. Se excluyen, sin embargo, los contratos derivados de ellos, en la medida que sólo se pueden celebrar con las empresas seleccionadas en los Acuerdos Marco.
Este Plan de Contratación Pública sirve también a las unidades proponentes de los contratos como instrumento para el seguimiento de cada uno de los comprendidos en su área de actuación, que se plasma en la elaboración de un informe anual que permita evaluar el cumplimiento del plan remitido en el ejercicio anterior. Su finalidad es permitir la evaluación de los resultados obtenidos en todos los aspectos señalados, al acabar el ejercicio, como una herramienta de racionalización en las políticas de gasto.
