El Consejo de Gobierno de este miércoles ha dado luz verde a la inversión de 360.000 para prorrogar el servicio de ejecución de medidas en medio abierto y reinserción social de los menores con la Fundación Pioneros hasta julio de 2024.
El Servicio de Ejecución de Medidas en Medio Abierto y Reinserción Social de Menores da respuesta a la responsabilidad penal de los menores y desarrolla las medidas dictaminadas por el Juzgado de Menores; libertad vigilada, prestación en beneficio de la comunidad, tareas socio-educativas; y reparaciones judiciales. Asimismo, esta prórroga del servicio también garantiza el seguimiento e intervención en materia de violencia filioparental con menores y sus familias una vez finalizada la medida judicial durante doce meses; un programa de intervención con menores con delitos relacionados con acoso escolar, psicológico, laboral, sexual o ciberacoso; y un plan de igualdad de género.
A lo largo del pasado año se intervino con 78 casos de libertad vigilada de las que 34 ya han finalizado, 38 están en ejecución, uno pendiente de inicio, cuatro han sido traslados a un centro y uno a otra comunidad autónoma. La libertad vigilada consiste en realizar un seguimiento del menor en el área personal, social, formativo/laboral, familiar y judicial.
Asimismo, el número de expedientes abordados con una resolución de Prestación en Beneficio de la Comunidad (PBC) es de 14, de las que seis han finalizado; una está en ejecución; seis pendientes de inicio; y un traslado por cambio de domicilio a otra Comunidad. Las prestaciones en beneficio de la comunidad consisten en la realización de actividades en beneficio de la comunidad con el fin de que el menor se responsabilice de sus actos, así como de los daños y perjuicios que ocasiona.
De igual forma, a lo largo de 2022 se ha trabajado con 70 medidas judiciales de tareas socio-educativas (TSE), de las que 32 vienen derivadas de 2022. Del total de estas 70 medidas judiciales, 46 han finalizado, 21 están en ejecución y cuatro pendientes de inicio. En este caso el menor lleva a cabo actividades específicas de contenido educativo que contribuyen a incrementar sus competencias personales y laborales entre otras. Las reparaciones judiciales a lo largo de 2022 fueron 57.
