La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha reiterado este martes en la Comisión de Justicia del Senado la propuesta del Ministerio Público para que los delitos de odio contemplen penas de cárcel inferiores y sanciones alternativas a la prisión, como el pago de multas, la pérdida de derechos políticos o trabajos en beneficio de la comunidad.
Durante su comparecencia para presentar las memorias de la Fiscalía General del Estado (FGE) correspondientes a los años 2018 y 2019, Delgado ha recordado la propuesta de reforma para los delitos de odio del artículo 510 del Código Penal que ya venía recogida en memorias anteriores.
«Dicha propuesta de reforma se fundamentaba en la necesidad de introducir un mayor respeto a la proporcionalidad de las penas en aquellos supuestos de difusión pública de mensajes y contenidos que, si bien objetivamente fomentan, promueven o incitan directa o indirectamente al odio (…), no obstante, por su contexto, por su contenido, por la ausencia de reiteración o incluso por las circunstancias personales del autor, se pueden considerar de menor entidad», ha indicado.
La jefa del Ministerio Público ha defendido así «la posibilidad de que se contemplen de forma alternativa unas penas de prisión de inferior duración a las previstas o penas diferentes de prisión como multas, pérdida de derechos políticos o trabajos en beneficio de la comunidad relacionados con el delito cometido».
Delgado ha argumentado que estas penas alternativas permitirían la reinserción social del autor de tales delitos «mediante el conocimiento y la aceptación de sus víctimas», pudiendo «comprobar directamente cuál es el daño que pueden generar a las víctimas».
INVITA A UNA PROFUNDA REFLEXIÓN
No obstante, la fiscal general del Estado ha subrayado que una eventual reforma penal en este sentido debe ser objeto de una «profunda reflexión» de sus señorías.
