La situación en Venezuela ha sido una fuente de preocupación y tristeza para quienes valoramos la democracia y los derechos humanos. Bajo el régimen de Nicolás Maduro, el país ha experimentado una erosión constante de las libertades civiles, la independencia judicial y la seguridad electoral.
Debe ser obligatorio para nuestras sociedades defender la democracia en Venezuela y condenar enérgicamente las acciones que Maduro ha emprendido para perpetuarse en el poder.
Desde su ascenso al poder, Nicolás Maduro ha seguido una trayectoria autoritaria que ha debilitado gravemente las instituciones democráticas en Venezuela. La concentración del poder en manos del Ejecutivo ha supuesto la desaparición de la separación de poderes, un pilar fundamental de cualquier democracia. El control sobre el Tribunal Supremo de Justicia y otros órganos judiciales ha permitido a Maduro gobernar sin contrapesos efectivos, eliminando el Estado de Derecho.
La represión contra la oposición política y los disidentes es una característica distintiva del régimen de Maduro. Activistas, periodistas y líderes opositores han sido detenidos arbitrariamente, sometidos a torturas y, en muchos casos, obligados al exilio o asesinados. La libertad de expresión ha sido castigada, con medios de comunicación independientes cerrados y periodistas silenciados.
El proceso electoral en Venezuela ha sido manipulado repetidamente para garantizar la permanencia de Maduro en el poder. Las elecciones presidenciales de 2018 fueron ampliamente criticadas por la comunidad internacional debido a las irregularidades y la falta de transparencia. La exclusión de candidatos opositores, el uso de recursos públicos nacionales para campañas pro-gubernamentales y la intimidación de votantes son prácticas comunes y han desvirtuado la voluntad popular.
Las políticas económicas y la corrupción desenfrenada han llevado a Venezuela a una crisis humanitaria sin precedentes. La hiperinflación, la escasez de comida y medicinas, y la emigración masiva son síntomas de un país colapsado. Maduro ha utilizado la crisis como herramienta política, restringiendo la ayuda humanitaria y utilizando los recursos del Estado para controlar a la población.
Defender la democracia en Venezuela requiere una acción coordinada y decidida tanto a nivel nacional como internacional. La comunidad internacional debe aumentar la presión sobre el régimen de Maduro a través de sanciones específicas contra el dictador y su gabinete, no contra la población y el apoyo a las fuerzas democráticas en el país. Las organizaciones de derechos humanos deben continuar documentando y denunciando los abusos, y los ciudadanos venezolanos deben seguir resistiendo pacíficamente la opresión.
El futuro de Venezuela depende de la restauración de la democracia y el respeto a los derechos humanos. La resistencia valiente de los venezolanos frente a la represión y las adversidades es un testimonio de su deseo inquebrantable de libertad. Es nuestra responsabilidad apoyar esta lucha y condenar las acciones de Nicolás Maduro, quien ha convertido a su nación en una sombra de lo que una vez fue. Solo a través de la justicia y la libertad, Venezuela podrá reconstruirse y prosperar nuevamente.
Para todo ello es fundamental que la comunidad internacional apoye y reconozca a Edmundo González e intervenga si fuera necesario en el establecimiento de la democracia, el respeto a los resultados electorales de este domingo y en la protección del pueblo venezolano que con sus votos exigió un cambio de modelo.
Por, Julen Sesma Redondo , concejal de UPN en Huarte y miembro del Consejo Político de UPN
