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El Pleno sobre el Estado de la Comunidad Foral continúa este viernes con el debate de 29 resoluciones

Tres de las cuales, relativas a "salud, vivienda y convivencia”, han sido consensuadas por PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin.

  • Chivite, en el Debate sobre el Estado de la Comunidad
  • El bloque del Gobierno y el de la oposición coinciden en la necesidad de plantear nuevas medidas en las políticas públicas

El Debate sobre el Estado de la Comunidad Foral continúa este viernes (09:30) con el debate y votación de las 29 propuestas de resolución registradas, tres de las cuales, relativas a "salud, vivienda y convivencia”, han sido consensuadas por PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin.

El orden del debate de las propuestas de resolución (5 por sigla) será idéntico al de las intervenciones, es decir, de mayor a menor.

Cada grupo parlamentario defenderá sus propuestas de forma conjunta, durante un tiempo máximo de 10 minutos. Luego se abrirá un turno de intervenciones a favor o en contra y otro de réplica (ambos de 5 minutos), en el que los Grupos y Agrupaciones guardarán el mismo orden que en el debate. A continuación, se votará. El mismo proceso se repetirá siete veces, una por Grupo o Agrupación de Parlamentarios.Los grupos signatarios del Acuerdo que sirve de base al Gobierno que preside María Chivite han acordado tres propuestas. La primera apuesta por crear un Observatorio de la Vivienda para, en cuanto herramienta dirigida al seguimiento del mercado de venta y alquiler, responder al estado de necesidad de buena parte de la población, sin expectativas ante la falta de precios asequibles.


La segunda propuesta suscrita por PSN, Geroa Bai y C-Z plantea “modernizar el sistema sanitario público y superar los retos instaurados para todo el SNS con el mayor consenso posible”. A tal efecto, se conmina a aprobar la nueva Ley Foral de Salud, a presentar un nuevo Plan de Salud y a recuperar la Estrategia del Paciente Crónico y Pluripatológico e impulsar la Estrategia de Cuidados Paliativos. 


A su vez, se llama a continuar con el Plan Integral de Reducción de Listas de Espera, a potenciar el rol de Atención Primaria y a instaurar incentivos para los puestos de difícil cobertura de Atención Primaria y Hospitalaria. En lo referente a las condiciones laborales de los profesionales y a la captación de talento, se propone continuar con las convocatorias derivadas de la OPE 2023-24, desarrollar la carrera profesional de los niveles sanitarios C y D y aplicar la nueva normativa de movilidad.


La tercera propuesta concertada por PSN, Geroa Bai y C-Z tiene que ver con el fomento de la convivencia pacífica, el respeto a la diversidad y la defensa de los Derechos Humanos frente al incremento de los discursos de odio. A tal objeto, se propone que el Parlamento de Navarra “condene cualquier declaración política de representantes públicos” en tal sentido, así como la “elaboración y difusión de bulos” y mensajes que contravengan la cohabitación democrática.


Las propuestas de resolución registradas por el PSN (2) defienden el avance y consolidación del derecho a la inclusión social, mejorando los estímulos al trabajo y la empleabilidad, así como el acompañamiento y la capacitación personal, social y ocupacional. Todo en el marco del diálogo social y a través de un nuevo modelo de orientación e intermediación mucho más personalizado.


Por otra parte, se plantea la elaboración calendarizada de un nuevo texto del Estatuto de la Función Pública de Navarra que responda a las necesidades de una Administración “moderna, humanista, flexible, eficiente y eficaz”. Dicho proyecto deberá ser calendarizado, contará con la “participación de todos los agentes implicados” y se registrará en el Parlamento para su debate y votación.


Las propuestas de resolución registradas por Geroa Bai (2) abogan por incidir en la Hoja de ruta de Cambio Climático de Navarra (KLINA) y el Plan Energético Navarra 2030. En ese marco, se demanda el impulso de la rehabilitación eficiente en viviendas y edificios públicos; la adaptación de la legislación europea asociada al Desarrollo Sostenible, la ejecución de las directivas europeas vinculadas a la transición ecológica; el fomento de las comunidades energéticas, de la movilidad sostenible (eléctrica), de la intermodalidad (viajeros y mercancías) y de las energías alternativas emergentes (hidrógeno verde). 


A su vez, se demanda la puesta en marcha de la Agencia de Transición Energética de Navarra y la articulación de un Hub de Economía Circular, además del impulso de iniciativas de agricultura regenerativa, cultivo ecológico o alimentación sana y sostenible, incluida la protección de productores locales, el desarrollo de canales cortos de comercialización o la digitalización, entre otros para combatir la despoblación.


En lo tocante a la LORAFNA, se reivindica su pleno desarrollo en la actual legislatura, previa confección de un “calendario de negociación” con el Estado para culminar el traspaso de las competencias pendientes en la actual legislatura. Todo para profundizar en el “autogobierno” y en los mecanismos de “bilateralidad”.


Las propuestas de resolución de Contigo-Zurekin (2) abogan por desarrollar a la mayor brevedad posible la Ley Foral de Cambio Climático y Transición Energética, con el fin de “dotar a Navarra de una hoja de ruta” en la materia.


En la esfera industrial y a propósito de la ley específica que prepara el Departamento competente, C-Z propugna el “diseño de un marco de actuación tendente al impulso de la competitividad, la especialización inteligente, el desarrollo sostenible y el fomento de la economía social”, también mediante el “apoyo a pymes y autónomos”. 


Las propuestas de resolución firmadas por UPN (5) defienden la adopción de medidas para “promover la convivencia, el respeto y la igualdad en todos los ámbitos y lugares de Navarra”, entre otros “condenando los asesinatos y la violencia causada por ETA”, así como “todos los actos y expresiones de violencia”. También se hace constar el compromiso con la “libertad de expresión y de prensa, la preocupación por el fenómeno creciente de los bulos y la desinformación (desestabilizan y crispan a la sociedad) y el respeto a la separación de poderes”.


En el campo de la salud se emplaza a reformar el modelo de Atención Primaria, a cumplir con los plazos máximos de espera establecidos en la Ley Foral 14/2008, a poner en marcha un plan de choque urgente contra la siniestralidad laboral, a transformar el actual sistema de productividad en el SNS-O, a desarrollar un Plan Integral de Salud Rural (dentro del nuevo Plan de Salud), a revertir la derivación de servicios sanitarios de los hospitales de Tudela y Estella fuera de estas localidades, así como a recuperar el servicio de urgencias del Centro de Salud de Olite. Del mismo modo, se requiere la implementación de un Plan Integral de Salud Mental Juvenil.


A nivel de vivienda, se insta al Gobierno de Navarra a crear una Mesa por la vivienda, con la participación de los municipios más afectados por la presión de la demanda, así como agentes del sector, consumidores y usuarios, con el propósito de “incrementar sin demora la disponibilidad de VPO”.


A su vez, se urge a habilitar una partida de gasto suficiente dirigida a adquirir suelo para vivienda protegida; agilizar los instrumentos de planeamiento y modificar la normativa de vivienda y habitabilidad en edificios antiguos, al objeto de “facilitar las rehabilitaciones y/o cambios de uso”.


Por otra parte y en lo referido a Educación, se reivindica el derecho universal de las familias a escolarizar de forma gratuita a sus hijos/as en el Primer Ciclo de Educación Infantil; se exige la evaluación (en el presente curso) de las medidas de Atención a la Diversidad implantadas en el Programa PAI, de manera que se pueda iniciar el proceso de conversión del Programa en un Modelo lingüístico más del sistema y se empiece a implantar de forma progresiva a partir del curso 2025/26. Para ese curso se solicita también el ajuste de la oferta a la demanda de las familias, a fin de “eliminar la prohibición de aumentar líneas en la red concertada, que se viene aplicando a través del vigente Acuerdo de Gobierno entre PSN, GB y C-Z”.


La última propuesta de UPN alude a la modificación de la Ley Foral de Renta Garantizada, necesaria para “no cronificar a las personas en la percepción del subsidio” e incentivar la inclusión y el acceso al mercado laboral. También se solicita la elaboración de una estrategia, en el marco de un pacto social, para “eliminar la brecha salarial y de las pensiones entre mujeres y hombres”.


Las propuestas de resolución elevadas por EH Bildu (5) insisten en el desarrollo del Plan Estratégico para la igualdad entre hombres y mujeres (en sus cuatro líneas estratégicas), así como en la promoción de un “modelo de gobernanza abierto y feminista”, a fin de “acercar el ámbito político-institucional a la ciudadanía y a los agentes políticos y sociales”.


En materia de políticas sociales, se apuesta por la construcción de un sistema público-comunitario de cuidados, reforzando los centros de día y los programas municipales y favoreciendo el cumplimiento de los convenios colectivos. 


En la lucha contra la pobreza y la exclusión social, se llama a consolidar la cobertura y la capacidad protectora de la Renta Garantizada y el IMV, así como a garantizar el derecho a la inclusión social, también en la esfera educativa, donde se subraya la importancia de la calidad de la enseñanza y de las condiciones laborales del sector.


En sanidad, se apremia agilizar la elaboración de la nueva Ley Foral de Salud, de cara a su aprobación antes del final de esta legislatura (2027), con el mayor consenso posible.


En el terreno de la cohesión territorial, se solicita que en el proyecto de Ley Foral de Lucha contra la Despoblación y Desarrollo Rural se tomen en consideración las conclusiones del proceso participativo que desarrollará la FNMC. 


También se requiere un Plan de Acceso a la Vivienda para los municipios de menos de 5.000 habitantes que hayan quedado fuera de la Declaración de Zonas Residenciales Tensionadas. 


Igualmente, se solicita una evaluación completa del Plan Estratégico del Pirineo, entre otros para exportar su modelo a otras zonas en peligro de despoblación, favorecer el relevo generacional en las zonas rurales e impulsar el sector primario y la gestión forestal sostenible. Del mismo modo, se pide licitar en 2025 al menos dos líneas de transporte interurbano y adjudicar todas las líneas pendientes.


Por otra parte, y a propósito de la transición energética, se pide la remisión, antes del 31 de diciembre de 2025, del proyecto de Ley Foral para la puesta en marcha de la Agencia Energética de Navarra. También se pone el acento en el impulso de la fiscalidad ecológica, en dotar de protagonismo a la ciudadanía en la transición energética y en facilitar la electrificación de la industria y la movilidad.


Para el desarrollo rural, se reclama la adopción de medias encaminadas hacia una verdadera economía circular y hacia la soberanía alimentaria.


En el ámbito del autogobierno, EH Bildu considera necesario defender a Navarra como “sujeto político” con capacidad de decisión en términos “políticos, económicos y sociales”, para lo cual entiende preciso “defender las competencias históricas, recuperar la soberanía plena y establecer un nuevo sistema bilateral de garantías”. El objetivo, que todas las competencias pendientes estén en proceso de ser transferidas “antes de finalizar esta legislatura”.


En materia lingüística, se reclama la “oficialidad del euskera en todo el territorio”. En el campo salarial se propugna un acuerdo “en el plazo de diez meses para fijar un SMI acorde a la realidad social y económica de Navarra, de cara a revertir la precariedad laboral”. También se defiende la “reducción de la jornada laboral sin bajada salarial”, para lo cual se plantea la constitución de una “mesa de trabajo en el plazo de tres meses y otra, de carácter específico, en el sector público”. Por último, también en la esfera del empleo, se solicita un “plan de choque para, en el plazo de 9 meses, abordar los impactos negativos que pudiera tener sobre el empleo la transición al vehículo eléctrico”.


En cuanto a las propuestas de resolución del PPN (5), se insta a defender el estatus jurídico de la Comunidad Foral “por encima de los intereses partidistas, garantizando la lealtad a España y sus instituciones”.


También, se postula la definición de una “estrategia integral que asegure el acceso a una vivienda digna para todos”. A tal objeto, se propone fomentar la “colaboración público-privada, establecer ayudas fiscales a la compra y al alquiler, favorecer el acceso de los jóvenes a la vivienda y mejorar los procesos administrativos para movilizar suelo y agilizar la tramitación de los desarrollos urbanísticos pendientes”. También se pide apoyar al sector de la construcción en un momento “clave”, evitar el “intervencionismo” y buscar “alternativas a la definición de Zonas de Mercado Tensionado”.


En Sanidad, las iniciativas del PPN se centran en mejorar la accesibilidad en Atención Primaria, impulsar la colaboración público-privada, facilitar la accesibilidad a la Salud Mental, incrementar el porcentaje del presupuesto destinado a innovación técnica, reducir la burocracia y utilizar la Inteligencia Artificial en la prestación de los servicios de salud.


En el capítulo fiscal, se proyecta reducir la presión fiscal en el IRPF y en el Impuesto de Sociedades para grandes empresas (al 25%), además de en los autónomos, también por inversión y modernización.


En cuanto a las grandes infraestructuras, el PPN apuesta por asegurar que el TAV llegue a Pamplona “antes de 2030, asegurando la conexión con la Y vasca por Ezkio”. En carreteras, se urge a “completar el desdoblamiento de la autovía A-15 en los tramos Castejón-Almazán y Pamplona-Jaca-Huesca-Lérida (A-21-A22-A23), priorizando su inclusión en los planes de inversión del Estado”.


Respecto al Canal de Navarra se incide en “finalizar el proceso administrativo y en asegurar los fondos necesarios para su ejecución a través de un acuerdo con el Gobierno de España similar al firmado para la primera fase y su ampliación”.


Por otra parte, se exige a la CHE y a CANASA que procedan sin demora para poder licitar urgentemente sus obras y “contribuir a la seguridad hídrica” de la Comunidad Foral.


Finalmente, se plantea un esfuerzo conjunto de Navarra, Aragón, CAV, La Rioja, Castilla y Léon, Cataluña y Valencia, para lograr que el Gobierno de España aumente las inversiones en infraestructuras de comunicación y transporte de personas y mercancías clave, de modo que se beneficien todos los territorios involucrados.


Las propuestas de resolución registradas por Vox (5) hacen alusión a una mejora de las condiciones laborales de los médicos y del personal sanitario del SNS, al que creen que hay que dotar de infraestructuras y tecnología punta, entre otros para “reducir la sobrecarga administrativa, posibilitar la atención de la demanda en salud mental y el fomento de hábitos saludables entre la población, mediante campañas de prevención y educación”. También se plantean “incentivos económicos específicos (alojamiento, transporte, etc.) para atraer médicos a las zonas rurales”.


En lo que a la fiscalidad respecta, se plantea una reducción del IRPF para rentas inferiores a 70.000 euros (tipo único del 15%) y superiores a esa cantidad (25%). Y la exención para rentas de trabajo menores de 22.000 euros y una reducción general de cuatro puntos por hijo en todos los tipos. También se desea reducir el Impuesto de Sociedades (25%), eliminar el impuesto de Sucesiones y Donaciones, y el de Patrimonio. Y reducir y bonificar a los autónomos cuando sus ingresos netos no alcancen el SMI.


A su vez, se contemplan minoraciones de impuestos a empresas, más aún cuando inviertan en sectores clave, además de en innovación, digitalización y nuevas tecnologías. Y líneas de crédito accesibles a las pymes. Y reducción de la carga administrativa mediante la creación de una ventanilla única.


En grandes infraestructuras, se conmina a acelerar el desarrollo del TAV, declarar la segunda fase del Canal de Navarra como proyecto de interés general y establecer un plan de expansión de la fibra óptica y redes de 5G en toda la Comunidad, priorizando las zonas rurales, cuyas carreteras se propone mejorar para ganar en seguridad vial.


Por último, Vox defiende la creación de un Plan de Seguridad Pública, “con todo el respaldo a las fuerzas y cuerpos de seguridad”, y el cumplimiento “escrupuloso” de la Ley de Extranjería.
 

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