El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto-ley que inicia un proceso de regularización extraordinaria para miles de personas extranjeras en situación irregular en España. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha detallado en la rueda de prensa posterior al Consejo que esta iniciativa responde a una "realidad que existe en nuestras calles" y busca mejorar la convivencia, el bienestar y la economía.
Saiz ha enfatizado que el proceso, largamente dialogado durante la legislatura, retoma el espíritu de una iniciativa legislativa popular respaldada por más de 700.000 firmas y aprobada inicialmente por amplísima mayoría en el Congreso, aunque luego quedó bloqueada. Podrán acogerse personas extranjeras que lleven al menos cinco meses en España antes del 31 de diciembre de 2025, así como solicitantes de protección internacional que hubieran presentado su solicitud antes de esa fecha, siempre que carezcan de antecedentes penales.
"Damos oportunidad a la gente de vivir con igualdad de derechos y oportunidades, que es lo que representa este proceso de regularización." ha destacado la navarra, Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Los beneficiarios obtendrán una autorización de residencia inicial por un año, renovable según el reglamento de Extranjería para una integración plena. La admisión a trámite de la solicitud permitirá trabajar desde el primer día en cualquier sector y territorio, beneficiando tanto a los trabajadores como a las empresas con mayor seguridad jurídica. Además, se facilitará la regularización simultánea de hijos menores, con permisos de cinco años, reconociendo que "la integración no es individual, es familiar".
Las solicitudes se abrirán a principios de abril y podrán presentarse hasta el 30 de junio de 2026, con un procedimiento sencillo diseñado para eliminar barreras burocráticas. La ministra ha recordado la tradición española de regularizaciones desde 1986 —en 1991, 1996, 2000 y 2001, bajo distintos gobiernos del PSOE y del PP—, afirmando que "cuando la realidad social va por delante de la burocracia, el Estado responsable actúa para ordenarla". Esta medida forma parte de un plan más amplio de integración y convivencia intercultural que se presentará próximamente.
