La Policía Nacional ha detenido en Tudela a dos personas acusadas de organizar un presunto fraude con empadronamientos ficticios por el que cobraban a ciudadanos extranjeros entre 300 y 700 euros a cambio de facilitarles el registro en viviendas donde en realidad no residían. La investigación, desarrollada por agentes de la Brigada Local de Extranjería y Fronteras, ha permitido vincular a los arrestados con más de sesenta casos.
La operación se inició a partir de la colaboración con la Policía Local de Tudela, después de que el Ayuntamiento detectara irregularidades en varias solicitudes de empadronamiento vinculadas a dos domicilios situados en la avenida de Zaragoza. Las comprobaciones municipales evidenciaron un aumento anómalo de altas en esas viviendas y dificultades para verificar quién residía realmente en ellas.
Tras recibir la información, los agentes rastrearon hasta quince solicitudes de empadronamiento en uno de los domicilios investigados y cincuenta y seis en el segundo. En este último caso, uno de los implicados habría intentado formalizar hasta veintidós empadronamientos en un solo año.
Según la investigación, los detenidos ofrecían a las víctimas el alquiler de una habitación junto con la gestión del empadronamiento. Sin embargo, en algunos casos el trámite nunca llegaba a realizarse y, en otros, las personas empadronadas no residían realmente en los inmuebles.
Los testimonios recabados apuntan a que las víctimas abonaban entre 300 y 700 euros por este supuesto servicio. La Policía considera que estas prácticas se dirigen especialmente a personas extranjeras en situación vulnerable que buscan regularizar su situación administrativa o acceder a determinados servicios públicos.
Uno de los detenidos contaba además con antecedentes por hechos similares. En 2025 ya fue arrestado tras ser denunciado por vender presuntos precontratos de trabajo a ciudadanos extranjeros, a los que prometía un alta en la Seguridad Social que nunca llegaba a materializarse. En aquel caso llegó a estafar 3.000 euros a uno de los perjudicados.
A los arrestados se les imputan delitos de estafa, favorecimiento de la inmigración irregular y falsedad documental. La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para determinar el alcance total de la trama y la posible implicación de más personas.
