La Cámara de Comptos ha avalado, con matices, la salud financiera de la Administración Foral en su informe sobre las cuentas generales de 2024. El diagnóstico es, en términos generales, positivo: los principales indicadores económicos evolucionan al alza, la deuda se reduce y las cuentas reciben una opinión favorable tanto en el plano financiero como en el de legalidad. Sin embargo, el horizonte no está exento de advertencias. La reactivación de las reglas fiscales, suspendidas durante la pandemia, marcará un punto de inflexión al limitar el crecimiento del gasto público.
En cifras, el ejercicio 2024 cerró con unos ingresos de 6.000 millones de euros frente a un gasto de 5.940 millones, ambos con un incremento del 3% respecto al año anterior. El equilibrio presupuestario se sostiene sobre una estructura de gasto liderada por las transferencias corrientes (2.300 millones), los costes de personal (1.850 millones) y los bienes y servicios (960 millones).
Por áreas, la sanidad concentra el mayor esfuerzo inversor con 1.486 millones —una cuarta parte del total—, seguida de educación (992 millones), el Convenio Económico con el Estado (832 millones) y los servicios sociales (585 millones). En el capítulo de ingresos, la recaudación tributaria mantiene su peso determinante: los impuestos directos rozan los 3.000 millones y los indirectos alcanzan los 2.400 millones.
Destaca el dinamismo del IRPF, que aporta 2.300 millones tras crecer un 10%, en contraste con el impuesto de sociedades, que cae cerca de un 8% hasta los 490 millones. Entre los indirectos, el IVA se mantiene como pilar central con 1.700 millones, acompañado por 586 millones procedentes de impuestos especiales.
El informe también pone el foco en la ejecución de los fondos europeos Next Generation: de los 613 millones recibidos en 2024, se ejecutaron 327, lo que refleja un margen aún amplio para su despliegue efectivo.
Más allá de las magnitudes presupuestarias, los indicadores financieros ofrecen una lectura claramente favorable. El resultado presupuestario mejora hasta los 124 millones (desde 96 en 2023), el ahorro bruto asciende a 729 millones y el remanente de tesorería prácticamente se duplica hasta los 412 millones. En paralelo, la deuda financiera desciende de 2.695 a 2.205 millones, consolidando una senda de reducción.
No obstante, el órgano fiscalizador introduce cautelas. En el ámbito financiero, señala la aplicación incompleta del Plan General de Contabilidad Pública. En materia de legalidad, advierte sobre pagos vinculados a contratos o conciertos ya vencidos o sin cobertura contractual adecuada, una situación que afecta principalmente al ámbito sanitario.
El informe subraya también la evolución del empleo público. La plantilla de la Administración Foral alcanza las 32.452 personas tras un incremento del gasto del 7%. Especial relevancia tienen los procesos de estabilización, que han permitido reducir la temporalidad estructural del 27% en 2021 al 16% en 2024.
En cuanto a inversiones, la duplicación del túnel de Belate vuelve a situarse bajo escrutinio. Durante 2024 se abonaron certificaciones por 5,5 millones, mientras que una propuesta de modificación de 8,5 millones presentada por la UTE adjudicataria quedó paralizada tras un reparo de la Intervención General aceptado por el Ejecutivo foral.
Con todo, la principal conclusión del informe mira al futuro inmediato: tras una década en la que el gasto público ha crecido un 52% —un 22% en términos reales—, la vuelta de las reglas fiscales impondrá una nueva disciplina presupuestaria. Navarra, con sus cuentas en mejor estado, afronta ahora el reto de sostener esa mejora en un contexto de mayor contención.
