La sede de Delegación del Gobierno de España en Navarra ha acogido este lunes una reunión conjunta con representantes del Ejecutivo central, agentes sindicales y entidades colaboradoras para hacer balance del proceso de regularización extraordinaria impulsado por el Gobierno de España. La presidenta María Chivite, la ministra portavoz y de Política Territorial Elma Saiz, la delegada del Gobierno en Navarra Alicia Echeverría, y los secretarios generales de UGT-Navarra y CCOO-Navarra, Lorenzo Ríos y Josema Romeo, coincidieron en defender la medida desde tres ejes: derechos humanos, necesidad económica y mercado laboral.
Chivite: "Navarros de primera y navarros de segunda, nunca"
La presidenta foral defendió la regularización con rotundidad y sin concesiones al debate identitario. Argumentó que las personas afectadas "ya conviven con nosotros, comparten clase con nuestros hijos, cuidan a nuestros mayores" y subrayó que el proceso les otorga derechos pero también obligaciones. Recordó que la última regularización, en 2005, supuso la afiliación de más de 7.000 personas en Navarra y contribuyó al desarrollo económico de la comunidad. Frente a las tesis de la derecha sobre "prioridad nacional", Chivite fue tajante: "Nunca me ha gustado hablar de navarros de primera y navarros de segunda. Se trata de que todos tengamos los mismos derechos y las mismas obligaciones."
Saiz: un hito de legislatura respaldado por la sociedad civil
La ministra de Migraciones y portavoz del Gobierno de España, la navarra Elma Saiz calificó el proceso de "hito en esta legislatura" y puso en valor el amplio consenso social que lo sostiene, citando tanto a la Iglesia católica como a sindicatos y organizaciones empresariales. Aportó el dato más concreto de la jornada: a nivel nacional ya se han presentado más de 130.000 solicitudes, en línea con las previsiones del plan operativo del ministerio, que estima que unas 500.000 personas podrían beneficiarse del proceso antes del 30 de junio.
Saiz también respondió a una encuesta publicada hoy que muestra dudas ciudadanas sobre el impacto en los servicios públicos: "Hay quien está interesado en culpar a las personas migrantes de la irresponsabilidad de quienes no dimensionan los servicios públicos", afirmó, poniendo a Navarra como ejemplo positivo, donde el alquiler ha bajado un 8,6% en el último semestre tras aplicarse la ley de vivienda.
Echeverría: el proceso avanza con normalidad en la Comunidad Foral
La delegada del Gobierno en Navarra trasladó una valoración tranquilizadora sobre la gestión territorial. Destacó que las personas que se están presentando a tramitar llegan "bien informadas y con la documentación preparada", fruto del trabajo previo de las entidades colaboradoras y de los canales oficiales de información. Agradeció expresamente la implicación de los trabajadores de la Tesorería General de la Seguridad Social y de las oficinas de Correos —dos en Pamplona y una en Tudela— y elogió el esfuerzo de los servicios sociales municipales y de mancomunidades, que están reorganizando sus equipos para absorber la demanda adicional.
Sindicatos: derechos laborales y alerta ante los abusos
Lorenzo Ríos, secretario general de UGT-Navarra, defendió que la razón principal para regularizar no es económica sino de justicia: "Si no se respetan sus derechos, eso se aprovecha en la economía sumergida para explotarles." Apuntó que Navarra tiene una población envejecida y que estas personas pueden aportar relevo generacional, y confirmó que UGT participa activamente como entidad colaboradora.
Josema Romeo, de CCOO-Navarra, informó de que su sindicato tiene la agenda de mayo "absolutamente colapsada" de citas para acompañar solicitudes, y lanzó dos advertencias: la necesidad de actuar con contundencia contra quienes se aprovechan de la vulnerabilidad de los solicitantes —"cogen unos papeles y desaparecen"—, y la importancia de seguir dotando de recursos los servicios de integración una vez concluido el proceso de tramitación.
El Gobierno de Navarra anunció que en las próximas horas publicará las bases que permitirán conceder ayudas económicas a las entidades colaboradoras acreditadas, cuyo número asciende ya a trece en la comunidad foral.
