La falta de unos Presupuestos Generales del Estado está teniendo un impacto directo en las finanzas de las comunidades autónomas. En el caso de La Rioja, esta situación ha generado ya un menoscabo económico de 295,7 millones de euros, una cifra que equivale al 14 % de todo el presupuesto de la región, derivada de compromisos estatales y servicios públicos que no han sido atendidos.
El consejero de Hacienda, Gobernanza Pública y Sociedad Digital, Alfonso Domínguez, ha comparecido este jueves, 21 de mayo, en el pleno del Parlamento de La Rioja para desglosar los efectos de esta prórroga presupuestaria durante el año 2026. Según ha explicado, la prolongación de este escenario financiero condiciona gravemente la financiación autonómica.
Financiación autonómica y el coste del crédito extraordinario para las comunidades
El principal bloque de este desfase financiero corresponde a las entregas a cuenta no actualizadas, que ascienden a 254 millones de euros que la comunidad autónoma dejará de recibir mientras no se aprueben unas nuevas cuentas estatales. Para paliar esta falta de liquidez y asegurar la prestación de los servicios esenciales, la administración regional ha tenido que recurrir a una operación de tesorería extraordinaria.
Esta vía de financiación de urgencia implicará el pago de 2,9 millones de euros en intereses durante este año, a los que se suman otros 818.000 euros por los intereses devengados de una operación financiera similar realizada en el ejercicio anterior.
Impacto en la educación pública y medidas de respuesta a la crisis económica
Alfonso Domínguez ha detallado que el ejecutivo autonómico ha tenido que asumir en solitario partidas que correspondían a la administración central. Entre ellas, se encuentran 28 millones de euros destinados a cubrir el 50 % de la financiación de la gratuidad de la educación de 0 a 3 años, ante la falta de cumplimiento del compromiso de cofinanciación por parte del Estado.
Asimismo, se han computado 10 millones de euros en la región derivados de las medidas estatales contra la crisis socioeconómica, cuya ejecución ha recaído sobre las autonomías. El consejero ha criticado el destino de estos recursos adicionales asegurando: “Cuántos agricultores, cuántos autónomos, cuántas familias, cuántas empresas y cuántos proyectos culturales podríamos atender con los 2,9 millones que este año se irán solo en intereses”.
Por último, la comparecencia ha puesto de manifiesto que esta presión financiera sobre el presupuesto riojano se agrava en un contexto donde el Estado continúa sin aportar el 50 % establecido para la financiación de la dependencia, incrementando las tensiones sobre los recursos propios de la comunidad.
