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La Rioja registra una de las tasas más altas de discapacidad por salud mental en España

El Centro de Valoración de La Rioja detecta un cambio en el perfil del solicitante, con un fuerte aumento de patologías psíquicas y mixtas

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El Estudio exploratorio de la prevalencia y características de la discapacidad en España, presentado recientemente por el Ministerio de Derechos Sociales, sitúa a La Rioja como una de las comunidades autónomas donde la salud mental tiene un peso más determinante en las solicitudes de grado de discapacidad. Según los datos recogidos en el centro de valoración regional, el 34,85 % de las personas que inician este proceso alegan causas vinculadas a la salud mental o psíquica, una cifra significativamente superior a la media de otros territorios.

Esta tendencia confirma una transformación profunda en la demanda de servicios en la región. Roberto Santamaría Solanas, director del Centro de Valoración de la Discapacidad y Dependencia de La Rioja, ha participado en esta investigación que dibuja un escenario donde la discapacidad ya no se limita a factores congénitos o físicos tradicionales. El informe destaca que, aunque la discapacidad física sigue siendo la más frecuente en términos absolutos en la comunidad (58,83 %), el crecimiento de los perfiles relacionados con el neurodesarrollo y la salud mental está obligando a rediseñar las respuestas públicas.

Nuevos retos en la valoración y el envejecimiento

El estudio revela que el sistema se enfrenta a una realidad más diversa y compleja. En los últimos años han emergido con fuerza perfiles mixtos, donde se combinan patologías físicas con necesidades de apoyo psicosocial. A esto se suma el envejecimiento de los solicitantes, cuya edad media en España se sitúa en los 55 años, aunque con una presencia notable de barreras ambientales relacionadas con los apoyos y relaciones personales, que en La Rioja afectan al 19,43 % de los valorados.

Aplicación del nuevo marco normativo

La implementación del Real Decreto 888/2022 busca precisamente adaptar la administración a esta nueva realidad, pasando de un modelo basado en el diagnóstico médico a uno biopsicosocial que prioriza la autonomía y la participación social. No obstante, el informe concluye que aún persiste una distancia entre este avance normativo y la práctica diaria, marcada en muchas ocasiones por la falta de recursos técnicos y humanos para abordar la creciente complejidad de los casos.

Este estudio ha sido desarrollado por el Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO) de la Universidad de Salamanca y coordinada por el Centro Español de Documentación e Investigación sobre Discapacidad (CEDID) del Real Patronato sobre Discapacidad, con la participación de 15 comunidades autónomas e incorporando tanto datos agregados de los centros de valoración de discapacidad como entrevistas semiestructuradas a profesionales responsables de estos servicios. 

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