La directora corporativa de Excavaciones Fermín Osés, Noemí Osés Lana, ha admitido este miércoles en la comisión de investigación sobre adjudicaciones del Parlamento de Navarra que la entrada de Servinabar en la UTE de los túneles de Belate respondió a una exigencia de Acciona, empresa líder de la unión, y no a una necesidad técnica de la obra. Osés ha reconocido que la construcción podía haberse ejecutado únicamente con Acciona y Osés, sin la participación de la mercantil de Antxón Alonso, a la que la UCO vincula al número tres del PSOE, Santos Cerdán.
Según su testimonio, la empresa navarra venía colaborando con Acciona desde 2018 en distintas UTE para obra pública en Navarra y fue la multinacional la que, al preparar la oferta para Belate, planteó incorporar a Servinabar, una “empresita” a la que solían encargar las labores de calidad, seguridad y medio ambiente. “Quien decide que en esta UTE participe Servinabar es Acciona”, señaló Osés, que explicó que ella se limitó a negociar el porcentaje de participación de su propia empresa, del 30%, mientras Acciona retenía el 55% y reservaba un 15% para Servinabar. Preguntada si ese 15% era proporcional a la aportación real de Servinabar, evitó valorarlo y reiteró que su preocupación fue asegurar “lo suyo”.
Osés admitió además que no conocía previamente a Servinabar ni a sus responsables y que aceptó su presencia en la UTE “porque Acciona lo exige”, al ser la firma que aportaba la solvencia principal y la mayoría. La directora de Osés reconoció que no se elaboró ningún informe interno que justificara la elección de socios ni el reparto de porcentajes, y que el documento previo de la UTE presentado a la Administración describía conjuntamente a Osés y Servinabar como compañías locales con experiencia y medios en la zona, pese a que esa descripción se ajustaba en realidad solo a la empresa navarra.
La compareciente confirmó igualmente que Servinabar no participó en la preparación de la oferta técnica y económica, labor que asumieron conjuntamente los equipos de estudios de Acciona y Osés. La empresa de Alonso comenzó a intervenir tras la adjudicación, asumiendo la prevención de riesgos laborales y parte de las tareas de calidad y medio ambiente, funciones para las que la propia Osés y Acciona disponían de técnicos propios y que, según reconoció, están desempeñando ahora directamente ambas compañías tras la salida de Servinabar de la UTE.
Osés detalló que la expulsión de Servinabar se produjo al alcanzar el 20% de ejecución de la obra, el mínimo legal para que una empresa pueda abandonar una UTE, después de que la firma no aportara el aval comprometido, incumpliera el código ético de Acciona y no atendiera las peticiones de fondos de la unión. En virtud de los estatutos de la UTE, la salida se resolvió con el pago de 900 euros sobre un fondo operativo de 6.000, una cifra que contrasta con el relato político que habla de una adjudicación de 76 millones a la empresa vinculada a Cerdán.
Durante el interrogatorio, los portavoces de la oposición subrayaron la coincidencia entre la participación de Servinabar en la UTE de Belate y los informes de la UCO y del juez que describen una presunta trama para influir en adjudicaciones públicas y cobrar comisiones del 2%. Osés sostuvo que desconocía la supuesta participación de Santos Cerdán en el 45% de Servinabar y dijo que se enteró “con sorpresa” cuando se hicieron públicas las diligencias de la Guardia Civil, aunque insistió en que no puede pronunciarse sobre hechos ajenos a su empresa.
La responsable de Osés defendió que el procedimiento de adjudicación de Belate se desarrolló, por lo que ella conoce, con normalidad y sin contactos con miembros de la mesa de contratación ni responsables políticos para hablar de la obra, más allá de reuniones técnicas y de seguimiento ya en fase de ejecución. Admitió, eso sí, que el largo retraso de la mesa y la polémica por el certificado de solvencia de Acciona les sorprendieron, y aseguró que las dudas fueron subsanadas por la multinacional sin que la UTE tuviera más intervención.
En cuanto al polémico modificado de 8,5 millones de euros —cuya tramitación ha provocado reparos del interventor y la caída del director general de Obras Públicas—, Osés recalcó que la iniciativa de revisar el proyecto partió de la UTE mediante un “estudio preliminar de revisión” encargado a un experto en túneles, pero que la propuesta económica fue fijada por la dirección facultativa con precios de la base de datos del Ministerio, aplicando la misma rebaja del 20% de la oferta. Defendió que el objetivo era reforzar la seguridad de la infraestructura y evitar repetir los problemas del primer túnel de Belate, y subrayó que “todo lo que decía el informe preliminar se ha cumplido al 100%” en cuanto a las características del terreno.
Osés lamentó el impacto económico del bloqueo del modificado, que obligó a la UTE a aportar más de tres millones de euros entre abril y diciembre de 2025 y dejó a la obra meses sin certificaciones, y negó que la Administración haya sido “especialmente generosa” con el contratista en este proceso. También aclaró que, a día de hoy, el coste del polvorín específico previsto en el modificado está en “cero” porque el Gobierno de Navarra ha decidido no abonarlo, asumiendo el criterio del interventor sobre esa unidad de obra.
La directora de Excavaciones Osés insistió durante toda la sesión en que ni ella ni su empresa están investigadas ni imputadas en causa alguna y que su relación con la Administración navarra en materia de contratación ha sido “normal y legal”, similar a la que mantienen con otras comunidades como La Rioja. Aun así, admitió que, tras lo ocurrido con Servinabar y la trama que se le atribuye, en adelante mirarán “desde luego” con más atención quiénes son sus socios en futuras uniones temporales
