Cuatro grupos parlamentarios —PSN-PSOE, Geroa Bai, Contigo-Zurekin y EH Bildu— han registrado conjuntamente en el Parlamento de Navarra una proposición de ley para regular el alquiler de habitaciones, una figura que hasta ahora quedaba fuera del marco normativo foral y que, según los impulsores, ha sido utilizada por propietarios para eludir la legislación vigente en materia de vivienda.
La iniciativa da respuesta a un mandato explícito del último Debate del Estado de la Comunidad y se presenta como un cierre de uno de los principales vacíos legales en la política de vivienda navarra.
Una ley con doble regulación
La norma establece dos regímenes diferenciados según la naturaleza del alquiler. El primero afecta al alquiler de habitación de temporada, que quedaría reservado a supuestos justificados: estancias de estudiantes, movilidad laboral o desplazamientos por motivos sanitarios. Fuera de estos casos, el arrendamiento pasaría a tratarse como una actividad de hospedaje y se regularía como tal, como un negocio.
El segundo bloque regula el alquiler de habitaciones para residencia habitual, equiparándolo al régimen de los contratos de vivienda completa. Eso implica obligación de registro del contrato y las mismas condiciones de duración mínima, prórrogas, desistimiento y fianza. En las zonas de mercado tensionado, el sumatorio de las rentas de todas las habitaciones de un mismo inmueble no podrá superar el precio máximo fijado para esa zona, lo que impediría utilizar la división por habitaciones como mecanismo para esquivar los topes de precio.
La posición del PSN
El portavoz socialista en Vivienda, Kevin Lucero, ha subrayado que la ley busca "frenar abusos, dignificar a personas y seguir garantizando el uso social de la vivienda", y ha insistido en que la norma cierra la vía de escape a quienes tratan la vivienda "como un activo especulativo en lugar de como un derecho".
La proposición se enmarca en lo que los grupos impulsores describen como una legislatura con reformas estructurales sin precedentes en materia de vivienda en la Comunidad Foral. Deberá ahora seguir su tramitación parlamentaria.
