La Unión Europea nos tiene acostumbradas a sus necropolíticas migratorias, pero la entrada en vigor del nuevo Pacto de Migración y Asilo supone un nuevo salto en la consolidación de la Europa Fortaleza. Bajo el discurso de un supuesto equilibrio entre control fronterizo, procedimientos ágiles y solidaridad, se esconde una arquitectura diseñada para reforzar la exclusión y debilitar las garantías de los derechos humanos.
Desde Mugak Zabalduz llevamos años denunciando las políticas migratorias europeas. Con este pacto se institucionaliza la externalización de fronteras y se normaliza un modelo basado en el control, la vigilancia y la expulsión.
Europa con este pacto presenta el registro y cribado obligatorio en frontera como una cuestión de eficiencia administrativa. Toda persona que llegue será sometida a controles de seguridad, toma de datos biométricos y cruces de bases de datos. A esto se suman los procedimientos fronterizos acelerados, que permiten resolver solicitudes en plazos mínimos y facilitar retornos rápidos sin autorización de entrada al territorio. Lo que antes era excepcional pasa a convertirse en norma.
Tampoco la llamada solidaridad europea escapa a la hipocresía. Los Estados podrán acoger personas, aportar recursos o simplemente pagar para no hacerlo. La solidaridad se convierte así en una obligación opcional y en una responsabilidad que puede comprarse y venderse.
Todo ello se desarrollará en centros cerrados y zonas de tránsito donde la ficción jurídica de la "no entrada" permite presentar como mera gestión administrativa lo que, en la práctica, puede equivaler a una privación de libertad. La rapidez impuesta por el sistema dificulta además una evaluación individualizada y rigurosa de las solicitudes de protección internacional. Sin tiempo, intérpretes, asistencia especializada, ni recursos suficientes, las garantías quedan reducidas a una declaración formal.
El pacto también profundiza en la externalización del control migratorio. Bajo conceptos como "diplomacia migratoria" o "cooperación en retornos", la UE refuerza acuerdos con países cuya trayectoria en materia de derechos humanos resulta más que cuestionable. El objetivo es claro: reducir llegadas, aunque sea a costa de delegar la violencia fronteriza y mirar hacia otro lado ante abusos, devoluciones en cadena o malos tratos.
Este pacto legaliza y tecnifica la violencia fronteriza. Los procedimientos acelerados y los controles masivos no buscan proteger derechos, sino agilizar expulsiones y mantener lejos del escrutinio público las consecuencias de estas políticas. El dinero europeo financia cada vez más la contención migratoria en terceros países para que hagan el trabajo sucio.
Además, el pacto refuerza una frontera racializada. La sospecha de ilegalidad y la presunción de criminalidad recaen de forma desproporcionada sobre personas migrantes, racializadas y empobrecidas. Se construye un relato que las presenta como amenaza mientras se invisibilizan las causas estructurales de los desplazamientos forzosos: guerras, desigualdad, expolio económico y crisis climática, fenómenos en los que Europa tiene una responsabilidad histórica y presente y que llevan sosteniendo los diversos modelos sociales y económicos más de 500 años.
Mugak Zabalduz ha denunciado reiteradamente este doble rasero institucional. La Unión Europea demostró con la población refugiada de Ucrania que, cuando existe voluntad política, es posible habilitar vías seguras, reconocimiento inmediato y derechos efectivos. Sin embargo, para quienes llegan desde África, Oriente Medio o Asia predominan las trabas, la sospecha y la restricción de derechos. Un trato desigual que evidencia la existencia de un racismo institucional profundamente arraigado.
Nos preguntamos también qué ocurrirá en Euskal Herria. Llevamos años denunciando la distancia entre la retórica de una supuesta "tierra de acogida" y la realidad que encuentran la mayoría de las personas migrantes.
La realidad cotidianas nuestros pueblos para las personas migrantes sigue el mismo esquema de hace 10 años bloqueo del padrón, las identificaciones policiales por perfil étnico, la falta de plazas de alojamiento digno o trabas burocráticas que empujan a los migrantes a la exclusión social y la explotación laboral.
Las instituciones y los partidos políticos han optado demasiadas veces por aplicar políticas de mínimos y delegar la respuesta en redes ciudadanas y colectivos sociales.Se aplican criterios de mínimos para evitar el desgaste político, asumiendo de forma indirecta las directrices restrictivas y de control que emanan de Madrid y de Bruselas, en lugar de construir un modelo de acogida integral, desobediente y basado puramente en los derechos humanos.
El nuevo pacto apuesta por gestionar más deprisa y más lejos. Normaliza una frontera que decide primero y escucha después. Es la expresión de un sistema que antepone el control migratorio a la vida humana, que antepone el control del capital y el nacionalismo excluyente a la vida humana.
En Euskal Herria ya no bastan las declaraciones de buenas intenciones. Hay que decidir: o se es cómplice de este sistema, gestionando las migraciones con lógica policial y parches burocráticos, o se desobedece a un marco europeo que convierte el racismo institucional en política migratoria.
Por Manoli Etxeberria Ramajo y Dabid Sánchez Pérez,
MUGAK ZABALDUZ
