Los procedimientos de licitación, adjudicación y ejecución de los contratos de obras del Pabellón Multiusos Navarra Arena y del colegio público de Arbizu, vinculados a las empresas Servinabar 2000 S.L. y Alegure S.L., han recibido el aval de auditorías externas encargadas por el Gobierno de Navarra. Ambas compañías están dirigidas por Antxón Alonso, investigado en el marco del caso Cerdán.
El Departamento de Cultura, Deporte y Turismo ha remitido este miércoles al Parlamento de Navarra el informe independiente sobre las obras de modificación no sustancial de los Lotes 4 y 5 del Navarra Arena, adjudicadas a la UTE formada por Acciona Construcción S.A. y Servinabar 2000 S.L. Según el documento, los expedientes de contratación respetaron los principios de publicidad, concurrencia, igualdad y transparencia, y se desarrollaron conforme a la Ley Foral 6/2006 de Contratos Públicos. La auditoría concluye que la formalización de los contratos, su ejecución y las modificaciones realizadas se ajustaron a los pliegos y a la normativa vigente, respaldando que todas las decisiones se basaron en criterios técnicos y jurídicos.
En paralelo, la construcción del CPEIP de Arbizu, adjudicada a la UTE Acciona Construcción S.A.–Alegure S.L., también pasó el examen de la auditoría externa. El informe señala que la Mesa de Contratación y la tramitación administrativa cumplieron con los requisitos legales, que la documentación presentada por Alegure S.L. fue válida y que la oferta adjudicada, con una baja del 8,89% respecto al presupuesto estimado, no fue considerada anormalmente baja. Además, la ampliación de dos meses en el plazo de ejecución y los costes asociados fueron tramitados conforme a la Ley Foral y representaron solo un 4,20% del valor de adjudicación.
La fiscalización de la Cámara de Comptos respalda estos hallazgos, emitiendo opinión favorable sobre la legalidad de los procesos de licitación, adjudicación y ejecución. También se revisó la rehabilitación del antiguo Archivo General de Navarra, contrato adjudicado a Acciona Construcción S.A. y Servinabar 2000 S.L., donde se verificó que un incremento presupuestario de 467.000 euros se sustentó en informes técnicos razonables y fue tramitado correctamente.
Con estos informes, el Ejecutivo foral responde a las solicitudes de la Comisión de Investigación del Parlamento de Navarra en torno a contratos que, por su vinculación con Servinabar y Alegure, habían generado polémica en el contexto del caso Cerdán. Los documentos reafirman que, en términos legales y administrativos, las adjudicaciones y ejecuciones de los contratos analizados se realizaron conforme a la normativa, sin apreciarse irregularidades.
