El Observatorio Riojano para la Prevención de Agresiones evalúa la eficacia del Plan de Prevención que ha recogido, entre otras medidas, el incremento de dispositivos de seguridad, de formación y la figura del Interlocutor Policial
La consejera de Salud, María Martín, ha presidido esta mañana, en el Hospital San Pedro, una nueva reunión de trabajo del Observatorio Riojano para la Prevención de Agresiones a los Profesionales Sanitarios, con el objeto de analizar la eficacia y cumplimiento de las actuaciones desarrolladas en 2017 dentro del Plan de prevención y atención a los profesionales víctimas de agresiones.
Según la evaluación realizada por el grupo de trabajo, ya se ha cumplido con la mayoría de las medidas contempladas en el Plan, especialmente las previstas para la atención a los profesionales agredidos. A este respecto la titular de Salud ha asegurado que se han implantado, entre otros recursos, «dispositivos de alarma en los servicios con mayor conflictividad, videocámaras, una mayor presencia de vigilantes de seguridad, el acristalamiento de algunos mostradores, y el apoyo de los Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado».
Asimismo, se han puesto en marcha medidas organizativas como la difusión, a todos los profesionales de la red sanitaria riojana, del Plan y de los protocolos de actuación en casos de agresión, así como de la recientemente editada Guía de Buenas Prácticas del Sistema Público de Salud de La Rioja. Además, «se han priorizado el apoyo psicológico y la formación, de forma que 239 trabajadores asistieron en 2017 a actividades formativas relacionadas con la prevención de incidentes violentos, un 60% más que en años anteriores», ha explicado Martín.
A este respecto, la titular de Salud ha asegurado que desde el Gobierno «no se van a escatimar esfuerzos para prevenir las agresiones y minimizar los riegos ante unos ataques que solo pueden definirse como injustificables. Es nuestro deber cuidar a todos aquellos que cuidan de nosotros cada día, y dotarles de un espacio de trabajo seguro donde puedan desarrollar sus labores con normalidad».
Por ello, Martín ha anunciado que se ha puesto en marcha «una encuesta para que los profesionales valoren las condiciones de seguridad que ofrece su puesto de trabajo frente a posibles agresiones de usuarios». Además, se remitirá otro formulario a los responsables de los centros de atención primaria «para que valoren esas mismas condiciones en los espacios comunes», ha explicado.
En cuanto a las medidas de seguimiento, la consejera ha destacado la ampliación del Observatorio Riojano para la Prevención de Agresiones en el ámbito sanitario a los colegios de Psicología y de Farmacia, a la Delegación del Gobierno y a la Dirección de Seguridad del SERIS, que se suman a los colegios de Médicos y Enfermería, que forman parte desde su constitución en 2011.
Asimismo, Martín ha recordado que desde septiembre del año pasado, los centros sanitarios de La Rioja cuentan con la figura del Interlocutor Policial Territorial Sanitario, creada por el Ministerio del Interior para reforzar la prevención y la investigación de acciones violentas contra los profesionales sanitarios. La Rioja se ha convertido en una de las primeras comunidades en incorporar esta figura.
Datos en La Rioja en 2017
El año pasado se notificaron 49 incidentes violentos en los centros sanitarios riojanos (por los 37 de 2016), siendo la media desde la aprobación del Plan de Prevención de Agresiones en 2008 de 40 incidentes al año.
El mes de mayor incidencia fue marzo, con 10 incidentes registrados, más del doble de la media mensual a lo largo del 2017, que fue de 4 incidentes al mes.
Respecto al lugar de las agresiones, el 32,5% se produjo en servicios de Atención Especializada (16 agresiones), un 5% menos que el año anterior, mientras que en Atención Primaria (33 agresiones) representaron el 67,5% de los incidentes. En Atención Especializada, la mayoría de los incidentes registrados tuvieron lugar en Hospitalización (9), seguido de Urgencias (6).
En lo referente al contenido de las agresiones, el 85% fueron verbales, un 8% con violencia física (4 casos en 2017, 7 casos en 2016), 8% con daños materiales y en un 45% se acompañaron de amenazas.
En el 43% de los incidentes de este año (21) fue necesaria la intervención de los miembros de seguridad, bien por parte de los vigilantes del propio centro o bien solicitando la presencia de Policía o Guardia Civil. En buena parte de los incidentes se prestó asesoramiento jurídico, a petición del servicio de prevención de riesgos laborales, y en algunos casos, apoyo psicológico.
