El Gobierno de Navarra ultima una nueva ley de víctimas del terrorismo “mucho más integral y actual”, con un enfoque “en positivo” y orientada a introducir “mejoras prácticas” para las personas afectadas. Así lo anunció este jueves la vicepresidenta segunda y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, Ana Ollo, durante una interpelación parlamentaria del PSN centrada en la necesidad de reforzar la ejemplaridad institucional frente a la polarización política.
Ollo subrayó que, si bien el reconocimiento oficial de las víctimas del terrorismo corresponde al Estado, el Ejecutivo foral busca completar y actualizar el marco normativo navarro para mejorar la atención, reparación y acompañamiento a las víctimas. Además, avanzó que “pronto” se celebrará un tercer acto público de reconocimiento a personas identificadas por la Comisión de Reconocimiento y Reparación como víctimas de violencia policial o de grupos de extrema derecha.
La consejera defendió que Navarra se ha convertido en un “referente estatal y europeo” en políticas públicas de memoria y convivencia, destacando los trabajos desarrollados en torno a la Guerra Civil, el franquismo, el terrorismo de ETA y otras violencias. En este contexto, señaló que el II Plan de Convivencia busca afrontar “los nuevos retos de una sociedad cada vez más diversa” y remarcó que el avance en el reconocimiento y reparación de las víctimas exige “voluntad política, instrumentos legales y financiación”, ámbitos en los que, aseguró, “se está progresando”.
Entre las iniciativas impulsadas por su departamento citó el programa ‘Escuelas con memoria’, las exhumaciones de fosas y diversos actos institucionales de reconocimiento. También anunció que “en cuestión de meses” se inaugurará el Centro de Memoria y Convivencia, ubicado en el antiguo palacio de Rozalejo, que aspira a convertirse en un espacio de referencia para la divulgación y el diálogo social.
Desde el PSN, Javier Lecumberri reconoció que las instituciones “no están siendo del todo ejemplarizantes” en materia de convivencia y memoria, y alertó del impacto de la polarización política y de las heridas aún abiertas por la Guerra Civil, la dictadura y el terrorismo. No obstante, defendió el Plan de Convivencia y el marco legislativo existente como herramientas necesarias para avanzar hacia una sociedad basada en “valores de tolerancia, respeto y convivencia”.
El debate evidenció, una vez más, las divergencias entre los grupos parlamentarios. Desde UPN, Isabel Olave criticó la falta de consenso en torno al Plan de Convivencia y reclamó que este incluya de forma explícita la condena del terrorismo de ETA como requisito para la convivencia política. En la misma línea, Javier García (PPN) acusó al PSN de “blanquear a Bildu” y sostuvo que las políticas de memoria deben partir de una condena “clara y sin ambages” de toda violencia.
Por su parte, EH Bildu, a través de Irati Jiménez, apostó por una “memoria inclusiva” que reconozca todas las vulneraciones de derechos desde un enfoque sereno y constructivo, mientras que Geroa Bai, representado por Mikel Asiain, llamó a profundizar en las políticas de memoria ante amenazas como la desinformación y el discurso de odio.
Desde Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán defendió el II Plan de Convivencia como una “gran oportunidad” para diseñar el futuro social de Navarra y volvió a reclamar la demolición del Monumento a los Caídos de Pamplona por su carga simbólica vinculada al franquismo. En contraste, Emilio Jiménez (Grupo Mixto) cuestionó el gasto público en políticas de memoria y pidió una “concordia real” frente a lo que calificó como una “memoria selectiva”.
Mientras el debate político continúa, el Ejecutivo foral avanza en la redacción de una nueva ley que aspira a reforzar el marco de apoyo a las víctimas del terrorismo y a consolidar el modelo navarro de memoria y convivencia.
