El Gobierno local de Logroño ha solicitado formalmente comparecer en el próximo Pleno municipal, que se celebrará el 5 de marzo, con el objetivo de profundizar en los detalles del Plan Municipal de Vivienda. Esta iniciativa busca dar respuesta a la demanda habitacional de la ciudad mediante la enajenación de parcelas destinadas a la construcción de vivienda de protección oficial (VPO), un procedimiento que el Ejecutivo asegura que cuenta con todas las garantías de legalidad y transparencia.
Las concejalas de Gobernanza, Celia Sanz, y de Políticas Sociales, Patricia Sáinz, han destacado que la gestión actual está permitiendo desbloquear políticas de vivienda tras años de inactividad. Según los datos facilitados, desde el inicio de estas promociones, las inscripciones de solicitantes en el IRVI (Instituto de la Vivienda de La Rioja) han experimentado un notable incremento del 60%, lo que refleja el interés de la ciudadanía por este plan de protección pública y privada.
Garantías legales y mecanismos de control
Ante las críticas de la oposición, el Ejecutivo local ha reiterado que los pliegos para la enajenación de diez parcelas municipales están avalados por informes favorables de los departamentos de Patrimonio, Asesoría Jurídica, Intervención y Regeneración Urbana. El proceso establece dos fases de control rigurosas para asegurar que los adjudicatarios cumplan los requisitos legales:
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Inscripción obligatoria en el IRVI: Los candidatos deben acreditar su empadronamiento, no poseer otra vivienda y no superar seis veces el IPREM.
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Visado autonómico: La Comunidad Autónoma de La Rioja debe supervisar los contratos y remitir los listados definitivos al Ayuntamiento.
Colaboración institucional y accesibilidad
El plan diseñado por el consistorio logroñés apuesta por una fórmula de colaboración público-privada, permitiendo diversas modalidades que incluyen vivienda para compra, alquiler y regímenes de promoción pública. Patricia Sáinz ha subrayado que la Dirección General de Vivienda del Gobierno de La Rioja es la encargada de velar por el cumplimiento de la normativa vigente, incluyendo la reserva del 5% de viviendas para personas con movilidad reducida, tal como marca la Ley de accesibilidad universal.
Desde el Gobierno municipal han calificado de "irresponsables" las declaraciones de la oposición, defendiendo que los procedimientos empleados en Logroño son estándares de éxito ya aplicados en otros municipios de España para facilitar el acceso a una vivienda digna y protegida en diferentes zonas de la capital.
