El Consejo de Gobierno ha ratificado este martes el decreto que regula la implantación del nuevo modelo de función pública en la Administración Autonómica de La Rioja. Esta norma tiene como objetivo reglamentar la integración del personal funcionario en los cuerpos y escalas creados por la Ley 9/2023, actualizando disposiciones legales que no se renovaban desde hace más de tres décadas.
El procedimiento, que ha sido negociado y apoyado de forma unánime por las organizaciones sindicales, busca reorganizar la estructura administrativa en atención a las funciones actuales. Según los plazos establecidos, los procesos de integración deberán completarse a lo largo de este año, asegurando que los efectos económicos se apliquen, como máximo, el 1 de julio de 2026.
Reclasificación profesional y requisitos de titulación
El nuevo marco normativo establece la creación del grupo B, donde se integrarán los cuerpos del actual subgrupo C1. Para acceder a esta categoría se requerirá la posesión de una titulación superior, aunque el decreto ofrece seguridad laboral al personal actual mediante un plazo de seis años para la consecución del título en caso de no disponer de él.
En cifras concretas, la medida afecta a 810 trabajadores:
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478 funcionarios pasarán del grupo C1 al B.
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210 empleados promocionarán del subgrupo C2 al C1.
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122 trabajadores laborales podrán acceder al C2 mediante promoción interna con cambio de régimen jurídico.
Este ajuste supone una inversión en capital humano con un incremento retributivo total de 1.849.509,71 euros anuales para la plantilla de la administración riojana.
Nuevos cuerpos funcionariales y atención educativa
El decreto también formaliza la creación del cuerpo funcionarial de bombero forestal, integrando a profesionales que hasta ahora formaban parte del personal laboral. Esta medida se suma a otras mejoras introducidas durante la legislatura para dotar de mayor estabilidad a sectores estratégicos de la administración.
Asimismo, se ha garantizado la permanencia de los ayudantes técnicos educativos (ATE), profesionales que asisten a escolares con necesidades especiales. El texto final descarta la extinción de este cuerpo y posibilita que sus integrantes pasen al grupo B como titulados superiores. La norma incluye ocho artículos y ocho disposiciones adicionales que garantizan la seguridad jurídica de todo el proceso de modernización administrativa.
