El exministro de Transportes y exsecretario de organización del PSOE José Luis Ábalos ha roto su silencio desde la cárcel de Soto del Real para valorar por primera vez la condena a 24 años y 3 meses de prisión que le impuso el Tribunal Supremo en el caso mascarillas por delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación. Sus declaraciones, recogidas en un audio de 12 minutos remitido por su entorno y al que ha tenido acceso en exclusiva la Cadena SER, dibujan un retrato de quien se considera víctima de un proceso con "implicaciones políticas claras" y un resultado "predeterminado".
Sin hacer autocrítica ni reconocer los hechos, Ábalos califica la sentencia de "ejemplarizante" y alejada de la Justicia, y afirma que en este juicio "se ha castigado a lo político". Asegura que desde la instrucción se partió de una "hipótesis de culpabilidad" con el propósito de forzarle a una confesión que nunca llegó, y que esa negativa a pactar es la razón de la pena "desproporcionada y abultada" que ya "intuía", pero que, según afirma, no esperaban ni quienes le tenían más "inquina". "Podían haberse ahorrado el mes y medio de sesiones", sentencia.
El grueso de sus críticas apunta al papel de Víctor de Aldama, el empresario que actuó como confidente y cuyo testimonio sustentó en buena medida la acusación. Ábalos denuncia el "pacto" que Aldama alcanzó con la Fiscalía Anticorrupción, que le permitió salir indemne pese a ser, a su juicio, el verdadero responsable de la organización. "Ha confesado en interés propio, para alcanzar la impunidad en esta y el resto de causas, señalando solo a los políticos y protegiendo entre otros al personal de la Guardia Civil que daba soporte a su organización", afirma el exministro, que subraya además que Aldama continúa dedicado "a los mismos" negocios de hidrocarburos que le llevaron por primera vez a prisión por un supuesto fraude del IVA superior a los 200 millones de euros. "Corrupción también es la arbitrariedad de la desproporción y el premio al delator que no al arrepentido", concluye.
Ábalos critica igualmente que el Supremo no tuviera en cuenta los testimonios de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que durante el juicio situó a Aldama en la cúspide de la organización bajo el principio de que "quien paga manda" y señaló que su confesión no había aportado nada relevante a la investigación porque los hechos ya habían sido descubiertos.
El exministro anuncia que recurrirá en amparo al Tribunal Constitucional por vulneración de sus derechos fundamentales, alegando entre otras cuestiones que no tuvo acceso a sus dispositivos, que el Supremo debió remitir su causa a la Audiencia Nacional cuando perdió el fuero, y que el acusado Koldo García no debió perder el derecho a la doble instancia.
