El Departamento de Educación del Gobierno de Navarra tendrá que volver a modificar su normativa sobre la configuración, ordenación y gestión de las listas de aspirantes para el desempeño de puestos de inspectores accidentales. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (T.S.J.N.), en una sentencia con fecha de 24 de julio de 2026, ha estimado el recurso presentado por el sindicato U.S.I.E. (Unión Sindical de Inspectores de Educación), anulando los artículos 3 y 5 bis de la Orden Foral 42/2025 e imponiendo el pago de las costas a la Administración demandada.
El fallo judicial considera que el artículo 3, que restringía el acceso a estas listas a quienes no tuviesen dependencia orgánica y funcional de la Administración foral, resulta contrario a los principios de igualdad, mérito y capacidad. Asimismo, la resolución anula el artículo 5 bis, dictaminando que tras una convocatoria de acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación, todas las listas de inspectores accidentales deberán quedar derogadas sin excepción, evitando la congelación de listas específicas procedentes de convocatorias de méritos.
Oposición, porcentaje de vacantes y adjudicación telemática de plazas
Desde el sindicato U.S.I.E. Navarra/Nafarroa recuerdan que la vía accidental debe ser una medida excepcional y no habitual. Actualmente, en la Comunidad Foral existe cerca de un 45% de inspectores accidentales, superando el límite del 30% fijado por el Real Decreto 68/2026 para la obligación de convocar un procedimiento selectivo mediante concurso-oposición.
Esta resolución se suma a un varapalo judicial previo (Sentencia 19/2023), cuya inadmisión de recurso por el Tribunal Supremo quedó confirmada en julio de 2024. Ante este escenario, la organización sindical vuelve a exigir la implantación de un sistema de adjudicación telemática de plazas (A.T.P.) para el personal de inspección educativa, una petición respaldada por la Comisión de Personal Docente no Universitario con el objetivo de garantizar la transparencia administrativa y la calidad del servicio público.
