La magistrada María Tardón ha citado a declarar como testigos al presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y al exjefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno, Gonzalo Sanz, en relación con la entrada masiva irregular de inmigrantes en Ceuta desde Marruecos los días 30 y 31 de julio. Esta acción busca esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades asociadas.
Investigación exhaustiva y múltiples diligencias
La juez ha solicitado a diversos organismos policiales y militares que proporcionen las alertas y análisis de riesgos emitidos en relación con estos eventos, detallando los destinatarios y el medio de comunicación utilizado. Estas medidas buscan obtener una visión completa de las acciones y reacciones de las fuerzas de seguridad durante esos días. Además, se ha programado la declaración de Vivas para el 30 de septiembre y la del exjefe de Gabinete para el 1 de octubre, coincidiendo con la declaración del jefe de la Policía Local de Ceuta.
La magistrada también ha ordenado a la Comisaría General de Información y a la Unidad Central de Inteligencia Criminal que realicen un análisis biométrico y reconocimiento facial de las personas identificadas en las fichas de agentes dinamizadores. Esta medida es parte de un esfuerzo más amplio para identificar a los participantes y organizadores de la entrada masiva.
Revisión de imágenes y datos digitales
La juez ha solicitado a las direcciones de Policía y Guardia Civil que elaboren un informe detallado sobre la identidad y funciones de los efectivos uniformados presentes en las imágenes y grabaciones de la zona de Fnideq-Castillejos durante los días 29, 30 y 31 de julio de 2026. Además, se ha requerido al EMAD que aporte imágenes satelitales de la zona en cuestión entre el 20 de julio y el 7 de agosto de 2026.
Se ha abierto una pieza separada de investigación tecnológica, de carácter secreto, para la cual se ha solicitado la asistencia judicial de plataformas digitales como Meta, WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, Google y Apple. La magistrada espera que estas compañías conserven y remitan datos de registro de cuentas utilizadas para la difusión de la convocatoria.
Análisis financiero y patrimonial
La resolución judicial también incluye un requerimiento a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF-Central) y a la Unidad Central Operativa-UCO de la Guardia Civil para que realicen un informe financiero y patrimonial sobre la posible financiación de la movilización investigada. Este informe deberá analizar movimientos económicos relevantes y cualquier operación relacionada con la logística de la movilización masiva.
La juez ha indicado que, una vez se aporten al órgano judicial todas las grabaciones, imágenes aéreas, vídeos operativos y material audiovisual obtenido entre los días 20 de julio y 7 de agosto de 2026, se procederá a la elaboración de un informe pericial audiovisual único. Este informe permitirá reconstruir cronológicamente los acontecimientos, identificar a los participantes y determinar los movimientos e itinerarios seguidos durante la ejecución de los hechos.
La investigación continúa avanzando con la intención de esclarecer todos los aspectos relacionados con la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta, y se espera que las diligencias en curso aporten información clave para el desarrollo del caso.
