El órgano de gobierno de los jueces fue la primera institución en defender la Carta Magna tras el intento de golpe de Estado
MADRID, 22 (EUROPA PRESS)
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha mostrado en un vídeo el acta de la sesión extraordinaria que el Pleno celebró el 23 de febrero de 1981 tras tener conocimiento del intento de golpe de Estado liderado por el teniente coronel Antonio Tejero. «Lealtad al Rey y respeto a la Constitución», dice el acuerdo único que alcanzó el órgano de gobierno de los jueces, que ha sacado de su «búnker» dicho documento para recordar su actuación hace 40 años.
El vídeo, de 6 minutos de duración, comienza contextualizando lo que ocurrió el 23-F. Junto a un audio en el que se escuchan los gritos de «al suelo todo el mundo» que profirieron el grupo de guardias civiles que entraron en el Congreso de los Diputados y los disparos al techo, cuyos impactos aún se conservan en el hemiciclo, se puede ver el acta de la sesión plenaria que se convocó de manera urgente.
«Manifestar el Consejo su lealtad al Rey y el respeto a la Constitución haciéndolo saber mediante llamada telefónica al Palacio de La Zarzuela y extendiéndolo a los medios de comunicación social a través de la Agencia de Noticia Europa Press», reza el acuerdo único que alcanzó el órgano de gobierno de los jueces la tarde noche del 23 de febrero de 1981.
El documento original se conserva en el archivo del CPGJ, cuyo principal depósito se conoce popularmente como «búnker». La sesión extraordinaria se convocó a las 20.30 horas, según consta en el acta y da cuenta de los «gravísimos acontecimientos», refleja los debates que hubo en esa reunión, incluso hace referencia al «ejemplar comportamiento» de los funcionarios que prestaban servicios ese día, que se negaron a abandonar la sede del Consejo hasta que no finalizara la sesión.
Todo ello junto al único acuerdo adoptado. El CGPJ, que se había constituido apenas cuatro meses antes en el salón de pasos perdidos del Tribunal Supremo, recuerda que fue la primera institución en pronunciarse en defensa de la Carta Magna.
EL PLENO DEL CGPJ SE «AUTOCONVOCÓ»
Uno de sus vocales era Andrés Martínez Arrieta, magistrado que actualmente desempeña su labor en la Sala de lo Penal del alto tribunal. Según ha recordado, el 23 de febrero de 1981, con 25 años y recién ingresado en la Carrera judicial, tuvo conocimiento del intento de golpe de Estado cuando un bedel del Supremo avisó de que los medios de comunicación habían alertado de «tiros en el Congreso».
Martínez Arrieta cuenta que los vocales decidieron «autoconvocarse» y reunirse para celebrar la sesión plenaria con carácter de urgencia. Recuerda que el entonces presidente del Supremo y del CGPJ, Federico Carlos Sáinz de Robles, se encontraba en Palma de Mallorca realizando una visita oficial y que estuvieron en contacto con él por vía telefónica hasta que regresó a Madrid.
El hoy magistrado del Supremo –que además juzgó a los 12 líderes independentistas por el ‘procés’ en Cataluña– señala que el Pleno tenía «especial preocupación» por la situación en el Juzgado de guardia de Madrid y en la entonces Audiencia Territorial de Valencia, donde el capitán general de la III Región Militar, Jaime Milans del Bosch, había sacado los tanques a la calle y emitido un bando declarando el estado de excepción.
Finalmente, la sesión extraordinaria se levantó a la 1.30 horas del 24 de febrero, una vez que el Pleno del CGPJ tuvo conocimiento del mensaje del Rey Juan Carlos I.
Martínez Arrieta también destaca que el teniente general Manuel Gutiérrez Mellado, que era vicepresidente del Gobierno y ministro de defensa en el momento del 23-F, se acercó al CGPJ unos meses después, cuando ya estaba jubilado, para agradecer la postura del órgano de gobierno de los jueces y confesar que «desde dentro (en el Congreso) tuvieron conocimiento de que había una institución que no estaba en puesta en jaque por la intentona golpista».
ARCHIVO DEL CGPJ
En el vídeo también aparece el doctor de Historia Contemporánea y técnico del archivo del órgano de gobierno de los jueces, Pablo Gil Vico, que explica desde la creación de esta institución en 1980, ha recibido «más de 25.000 unidades de instalación que se conservan en los diferentes depósitos ubicados en las distintas sedes del Consejo».
