La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha defendido este martes durante su comparecencia en la Comisión de Justicia del Senado el actual sistema de elección de este cargo por el Gobierno, por ser el que impera en países de nuestro entorno y contar con contrapesos que evitan que se pervierta su autonomía.
No obstante, se ha mostrado abierta a la inclusión en el sistema de «cautelas adicionales», como puede ser la existencia de varios candidatos o la «participación de la población civil».
Delgado ha hablado de esta posible reforma del sistema de nombramiento del titular de la fiscalía general dentro de sus propuestas de reforma del Estatuto Fiscal, una reforma necesaria antes de que entre vigor la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) que otorgará a los fiscales la dirección de la investigación penal.
En este punto, Delgado ha reconocido «la suspicacia que genera» el nombramiento del fiscal general por el Gobierno, si bien ha citado que este sistema está reforzado con contrapesos que aseguran la autonomía, por lo que quien afirma lo contrario desconoce cómo funciona la institución».
«Un sistema de varios candidatos, una mayor transparencia en el sistema de nombramientos yo la eventual participación de la población civil pueden ser cautelas adicionales sobre las que todos podemos reflexionar», ha añadido durante su comparecencia, fijada para ofrecer la última Memoria de la Fiscalía, con datos relativos a 2019.
CONSENSO AMPLIO PARA LA LECRIM
Con respecto al la reforma de la LeCrim, Delgado ha afirmado que «sería deseable un consenso amplio más allá de posiciones ideológicas» con el fin de que ésta se pueda consolidarse.
Así, ha recordado que su departamento ha emplazado a toda la carrera fiscal a realizar aportaciones al Proyecto y que hace tan sólo unos días ofreció al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, la cooperación de un grupo de trabajo de fiscales para la mejora del texto.
Ha añadido que, «para acabar con la imagen suspicaz de la Fiscalía como un agregado al Ministerio de Justicia», la atribución de la dirección de las investigaciones al Ministerio Público debe ir acompañada de mayores «estándares de autonomía respecto del Ministerio de Justicia», entre los que ella propone varios.
Entre ellos, los relativos a la autonomía de asuntos administrativos, relativos a bajas, sustituciones o asuntos disciplinarios. «Por ejemplo, que una comisión de servicio para ir a investigar a otros países no deba ser solicitada al Ministerio de Justicia», ha apuntado.
