El Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria ha desestimado las peticiones de nulidad de actuaciones presentadas por las defensas de cuatro futbolistas profesionales españoles. Los deportistas se enfrentan a una causa abierta por presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos y distribución de pornografía infantil, derivada de la grabación y posterior difusión no consentida de un encuentro sexual ocurrido en un club de playa en Mogán en junio de 2023.
La magistrada titular ha dejado claro en su resolución que no se ha acreditado ninguna vulneración de derechos fundamentales, un argumento habitual en defensas de alto perfil que buscan frenar el avance judicial antes de llegar a la fase crucial del juicio.
Legitimidad policial en la incautación de teléfonos y declaraciones clave
Las defensas impugnaron la actuación policial argumentando irregularidades en la incautación de teléfonos móviles y en la declaración de uno de los encausados. Sin embargo, el auto judicial aclara que dicho jugador acudió inicialmente como testigo y terminó como investigado tras reconocer de forma espontánea su implicación en la grabación.
La resolución justifica plenamente la retirada de los dispositivos al considerarlos tanto fuente de prueba como instrumento del delito. Además, el tribunal pone de manifiesto que los investigados realizaron copias de seguridad y borrado de contenidos antes de ser detenidos, una maniobra que evidencia el riesgo real de destrucción de pruebas y que deja en entredicho el discurso de total transparencia que suele acompañar a estos casos mediáticos.
El Supremo avala los mensajes y el perdón de las víctimas no frena la causa
Respecto a la grabación de WhatsApp cuestionada por los abogados defensores, la magistrada ha respaldado su validez basándose en la doctrina del Tribunal Supremo sobre conversaciones grabadas por los propios interlocutores, descartando cualquier lesión al derecho a no declarar contra uno mismo.
Por otro lado, aunque se ha puesto sobre la mesa el perdón de las víctimas, la justicia ha precisado que este no opera de forma automática ni exime de responsabilidad a los acusados de manera inmediata. Su alcance real solo se evaluará en el plenario tras escuchar a las perjudicadas, recordando que la protección penal ante delitos graves como la pornografía infantil trasciende los pactos privados y exige una respuesta judicial firme e imparcial.
